Con el riesgo de meterme en camisa de once varas, hoy opino sobre el manejo de la identidad de género y la orientación sexual, temas que siempre han generado controversia no solo en nuestro país sino en todas las latitudes del mundo.

Por el suicidio de un escolar homosexual que no soportó la discriminación de parte de la dirección del colegio donde estudiaba, la Corte Constitucional el año pasado en una sentencia le ordenó al Ministerio de Educación examinar los manuales de convivencias escolares con el fin de erradicar los artículos que violan los derechos fundamentales de los estudiantes, entre los cuales está el libre desarrollo de la personalidad,  por ende los menores de edad no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación.

Considero que la homosexualidad per se no es pecado, lo perjudicial es su mal manejo, como también es dañino para la sociedad los exabruptos cometidos por los heterosexuales, especialmente el abuso a la niñez, grupo poblacional sin suficiente raciocinio para enfrentar fuertes y sistemáticos hostigamientos por sus defectos y atributos.

Con relación a las cartillas editadas por las Naciones Unidas con contribución económica del Ministerio de Educación colombiano, cuyo propósito es instruir a los docentes escolares, para que no haya discriminación de ninguna índole en los colegios del país. Si analizamos la cartilla, su título “Ambientes escolares/libres de discriminación” que,  en realidad, no es coherente con su contenido,  porque difiere sustancialmente con la cultura ciudadana que se intenta enseñar.

Sin embargo, disiento diametralmente de aquellos que le han metido homofobia, religión y otros distractores a esto de la identidad de género y orientación sexual, con tal no de buscar bienestar general, sino de conservar sus propios beneficios, con los cuales violentan a la gente ignorante de todas las comunidades que, lamentablemente, en nuestro país es mucha por falta de educación.

Nuestra Constitución Política es pródiga en el otorgamiento de derechos humanos, tanto, que convirtió a Colombia en un Estado Social de Derecho; no obstante, muy pocos los disfrutan, esto lo confirmó el ilustre doctor Néstor Humberto Martínez el día de su posesión como nuevo Fiscal General de la Nación, cuando dijo que la impunidad en Colombia ronda por el 99 %, una cifra que motiva a los criminales a seguir actuando porque saben que la probabilidad de castigo es muy remota.

Lo más grave es que gran parte de estos delincuentes son de cuello blanco, cuya mayoría son conocidos por las autoridades y ninguna de ellas los encarcela, ya porque son sus cómplices o porque tienen influencias superiores. Así es el manejo de casi todo en nuestro sui generis país, donde nos las pasamos de controversia en controversia y no solucionamos nada bien.