Sandra Santiago B.

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Ser buen anfitrión tiene su premio y de eso sí que sabe el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, que durante el Festival de la Leyenda Vallenata atendió como se debe a unos 60 funcionarios que vinieron desde Bogotá.

Desplegó toda una logística, se quedó a dormir fuera de casa… en los apartamentos gratis de la urbanización Nando Marín, en donde  habló tranquilo con el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, entre otros funcionarios que estuvieron en la ciudad durante la fiesta.

Un día después de terminado el certamen de acordeones, los frutos fueron tangibles: lo llamaron desde la capital del país para decirle que la resolución 1342 que le permitía el ingreso a la Ley 550 estaba lista.

“Una noticia saludable que pone en organización y sostenibilidad en sus finanzas al Municipio, para que podamos garantizar sus inversiones y tendremos el  acompañamiento del Ministerio de Hacienda que nos va ayudar en la consolidación del saneamiento como de la ejecución de las obras”, dijo el mandatario al anunciar el hecho.

Para él como para muchos, esta de verdad es una gran noticia, pues de esta ley depende que se le ponga orden a la casa, se paguen deudas de muchos años atrás, se ejecute el Plan de Desarrollo y la transformación de la que tanto habla el mandatario, llegue. Pero otros, esos a los que les deben millonarios recursos por obras que ejecutaron en el pasado, la noticia no es tan buena y mucho menos saludable. Uno de ellos, es Pedro Castro, apoderado de una familia a la que la Alcaldía le debe alrededor de 3.800 millones de pesos.

“La Ley 550 en estos momentos es nefasta para los acreedores del Municipio, porque obligaciones con  acuerdos de pago y listas para desembolsar el dinero tendrán que entrar en orden de prevalencia  y podrían pagar deudas hasta el 2020”, explicó.

Considera el abogado, que esta Ley hundirá a la administración, que no podrá ni pagar y mucho menos ejecutar el programa de gobierno, “según expertos no era necesario acogerse a esta”, dijo.

Según Castro, con lo que recaude la administración de Socarrás Reales tendrá que pagar en el orden de prevalencia primero las demandas laborales, luego a las entidades financieras y por último a los acreedores de tercera categoría, que se daría hacia el 2020.

Sin embargo, hasta ahora no está claro cuánto se va a demorar el Municipio de Valledupar en pagar sus acreencias, que suman alrededor de 205 mil millones de pesos, pues mientras unos dicen que son ocho años, otros aseguran que son 11; pero lo único claro es que esta es la cuarta vez que presenta la información al Ministerio de Hacienda que en esta oportunidad si la avaló.

“En este momento el Ministerio de Hacienda admitió  y dijo que la información que presentamos es clara, expresa y exigible,  lo que quiere decir que todas las obligaciones que se presentaron sabemos cuáles son y a quienes le vamos a pagar, el Ministerio al aceptarnos nos entrega una resolución  en donde nos asigna un promotor que va a ser nuestro acompañante, nuestro soporte en todo este proceso, vamos a  firmar el acta de inicio y en esta se determinará todos los pasos a seguir, cuándo inicia la asamblea, cuánto tiempos nos van a dar”, explicó la secretaria de Hacienda Municipal, Lily Mendoza.

Las ventajas

A voz de la Secretaria de Hacienda, la ley tiene unas ventajas, “lo primero es la reorganización financiera del Municipio que requiere unas inversiones necesarias, se necesita la ejecución del Plan de Desarrollo del Alcalde, pero así mismo hay que cumplir unas acreencias de años anteriores que son obligaciones que venimos arrastrando del pasado y que nosotros como administrador debemos ser comprometidos con todas aquellas personas que nos prestaron los servicios”.

Para Víctor Montaño, quien fue secretario de Hacienda en la administración de Rubén ‘Ava' Carvajal; la 550 en términos generales, es una herramienta que le debe servir a Valledupar para ponerle fin a los lastres financieros del pasado.

El éxito según Montaño está en el manejo que se le dé, “el tema se asocia a la excelente planeación, el rigor en cuidar los recursos públicos que de verdad sean sagrados y el proceso de renegociación o terminación las concesiones, que esto se complete, porque las concesiones se quedan con muchos recursos propios”.

Para el exsecretario, la Ley es una herramienta que sirve de acuerdo al manejo que le den, porque si no se vigilan bien  los recursos, sino se le da el cuidado que requieren, es poco probable que ayude.

Para Javier López, representante legal de la Concesión de Amoblamiento Urbano a la cual el Municipio le adeuda alrededor de 9.000 millones de pesos, la Ley 550 es un tema de orden y organización por parte de la Administración Local.

“Seguramente va a poder pagar de forma más cómoda la cantidad de deudas que tiene y que conllevan a someterse a embargos y situaciones que no dejan administrar el erario, es sano para la ciudad y nosotros nos vamos a ajustar  de acuerdo a los requerimientos  de ley para el pago”, explicó López.

La Concesión arrastra deudas desde el mismo 2005, cuando se firmó el contrato con el Municipio, sin embargo, el representante Legal asegura que para  él como ciudadano,  la ley es sana en la medida que la administración puede programar los pagos, porque en la actualidad esto no lo puede hacer por la cantidad de embargos y problemas que tiene la Secretaría de Hacienda y  aunque le importa lo que le deben, asegura que le preocupa más el presente y el futuro.

Edwin Pimienta, presidente del Sindicato de la Alcaldía aseguró que no tiene ningún reparo con la medida, debido a que permitirá fortalecer las finanzas del Municipio y salir de las deudas.

Según el líder sindical, en la administración hay un grupo de trabajadores a los que le deben prima de antigüedad, pero que según la ley es uno de los que primero entran para pago.

Lo cierto es que la medida que de seguro afectará a los acreedores que están en el limbo sin saber cuándo les pagarán, es la que más esperaba la administración, a fin de apaciguar el ritmo jurídico del cobro de deudas.

“El Municipio podrá reconstruir sus finanzas y liberar recursos para la inversión, es un proceso largo, eso no es de la noche a la mañana”, dijo por su parte el coordinador del programa Valledupar Cómo Vamos, José Gregorio Díaz Calderón.

La ley para muchos no es buena ni es mala, todo depende del interés del Alcalde por cumplir con esta, sin embargo, es claro que el Municipio pierde autonomía, además que podría endeudarse más, en la medida que si tiene un buen comportamiento en el pago de las obligaciones el mismo gobierno nacional le autorizará  buscar más créditos.

Pero el Alcalde que se dio la pelea e hizo oídos sordos a quienes en un principio dijeron que el Ministerio no le había aprobado el ingreso a la  550, mandó un mensaje claro a la comunidad, “que esté tranquila, que tiene un Alcalde honesto, serio, haciendo las cosas bien para que esta ciudad encuentre un desarrollo social y económico”. 

Pro 

Aunque muchos consideran la Ley 550 como Ley de quiebra, esta es una medida que se aplica cuando un Municipio es inviable financieramente.

En ese sentido, los pro de la Ley es que Valledupar podrá alcanzar su viabilidad financiera, salir de los pasivos, tener ‘holgura' para poder cumplir con sus obligaciones y lograr un cupo con el gobierno nacional que le permita al alcalde, Fredys Socarrás Reales, ejecutar su Plan de Desarrollo.

Contra

El Municipio perderá autonomía, en la medida que está sujeto a un comité de vigilancia del Ministerio de Hacienda que hará a la administración cumplir al pie de la letra con lo que se comprometió al momento de entrar a la Ley.

Genera shock a los que suelen prestarle al Municipio como proveedores y bancos, pero eso mientras se recupera la confianza, una vez publicada la admisión y, a partir de ahí, lo importante es que  los ingresos superen a los gastos y se genere un superávit, con lo cual podrán hacer inversiones sociales y obras, y atender deudas nuevas causadas después de la admisión de la ley, mientras que los compromisos viejos quedan congelados y se pagarán de acuerdo a las condiciones, intereses, plazos, etc., que haya pactado la administración.

Un dato 

La Ley 550 fue creada el 30 de diciembre de 1999 y por medio de ella se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales, para poder asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones.

205 mil millones de pesos suman las deudas que arrastra el Municipio.

José Alejandro Fuentes Rodado, exsecretario de Hacienda fue el gestor de que el Municipio entrara a Ley 550.