Juan Carlos Calderón, exsecretario de educación del Cesar y actual procurador judicial de restitución de tierras en este departamento, salía de su casa y se disponía a subirse a su vehículo en la calle 10 con carrera 19B de Valledupar, cuando fue abordado por dos sujetos en motocicletas, que sin mediar palabras empezaron a dispararle con un revólver. Según el relato de testigos, el funcionario de inmediato desenfundó su pistola nueve milímetros y en la reacción mató a uno de los hombres que lo atacaron. El presunto delincuente quedó tendido en plena vía pública del barrio Los Cortijos.

Aunque Juan Carlos se entregó voluntariamente ante las autoridades competentes, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio, proceso que según se conoció precluirá próximamente, eximiendo al funcionario de toda responsabilidad debido a que actuó en defensa propia.

Como este son varios los casos registrados en la capital cesarense, en los que delincuentes, principalmente atracadores, han resultado muertos cuando sus víctimas están armadas.

Si bien es cierto a Juan Carlos Calderón su pistola le salvó la vida, hace cuatro años y medio en el mismo barrio del norte de Valledupar quedó en evidencia como un arma, sin las precauciones adecuadas, puede traerle problemas al propietario. Fue el caso del niño Álvaro Faraco Gómez, de 14 años, que recibió un tiro en la cabeza mientras jugaba en casa de un amigo en compañía de otros dos menores que manipulaban un arma que estaba guardada en la vivienda. El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2011 y pese al esfuerzo de los médicos el menor murió cinco días después.

Los casos de intolerancia son otro detonante de tragedias. La más reciente tuvo lugar el pasado cinco de junio en la glorieta de La Pilonera Mayor, cuando Geovanis Agustín Vega Melgarejo, caminaba en busca de transporte luego de un rato de esparcimiento en el balneario Hurtado del río Guatapurí. El hombre de 51 años, cuentan quienes lo acompañaban, estaba borracho y quiso bromear con el conductor de una cuatrimoto. “Corrió para tratar de demostrar que él era más rápido que el vehículo”, pero en un acto que es investigado por parte de las autoridades el conductor desenfundó una pistola y le propinó un tiro en la cabeza. Geovanis murió de forma inmediata frente a la mirada de impotencia de su hijo de 13 años.

Como medida para reducir hechos como estos que aumentan los índices de homicidios y de violencia, una de las estrategias que implementan las autoridades en varias regiones del país es la restricción al porte de armas con salvoconducto.

En Bogotá la medida se decretó por primera vez el primero de febrero de 2012, por resolución de la Brigada XIII del Ejército. Las autoridades locales consideraron que el porte de armas no es un mecanismo de defensa y que por el contrario es un riesgo, por lo que restringieron las armas de fuego durante las 24 horas del día en cualquier establecimiento público.

Aunque el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa indica que la adquisición de armas por parte de particulares ha disminuido, cada día, en promedio, cinco personas compran un revólver, una pistola o una escopeta.

Según las cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, hay alrededor de 560.667 armas de fuego amparadas que están en poder de 419.278 tenedores legales. De ellos, 264.736 registros corresponden a empresas de vigilancia y departamentos de seguridad.

Solo los mayores de 25 años de edad pueden acceder a los permisos de porte o tenencia en aproximadamente ocho días hábiles, cumpliendo con todos los requisitos, como no registrar antecedentes penales ni disciplinarios, someterse a un examen psicométrico –análisis de los rasgos de personalidad– y hacer un curso especializado.

La Industria Militar de Colombia, Indumil, ofrece dos tipos de armas: pistolas nueve milímetros y revólveres. Las primeras con precios desde cinco millones de pesos, mientras que un revólver es comercializado en un valor promedio de dos millones 800 mil pesos. A estos valores hay que sumarles 30.400 pesos del código único de atención electrónica (ACE), 389.400 pesos por el permiso de porte y 222.200 pesos del permiso de tenencia.

El jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, coronel Enrique Torres Arciniegas, asegura que es difícil precisar el número de armas legales o permisos de porte que hay en ciudades como Valledupar, teniendo en cuenta que en la oficina de la entidad en esta ciudad no se venden armas, solo se hace el proceso de revalidación de los permisos para porte que son de tres años y los de tenencia que deben ser renovados cada 10 años. La seccional más cercana a la capital cesarense para la compra de armas está en Barranquilla.

La tenencia habilita al legítimo usuario a mantener el arma en su poder, transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos (caza, tiro deportivo, etc.). La tenencia debe ser en un bien inmueble; finca, empresa o el hogar, en el momento que sea sacada sin la respectiva autorización se convierte en un porte ilegal de armas, delito que tiene una prisión que va de nueve a doce años de prisión (cuando la conducta es agravada, la pena se duplica).

El porte consiste en disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato. La autorización para portación es de carácter restrictiva.

Las armas ilegales

A través de diferentes estrategias la Policía en el Cesar ha capturado a 243 personas por porte ilegal de armas y ha sacado de circulación 451 armas de fuego ilegales, en lo que va del año 2015, a través de requisas y allanamientos. No obstante, el uso de estos elementos sigue siendo uno de los principales generadores de inseguridad.

El subcomandante de la Policía en el Cesar, coronel Edgar Rodríguez, reconoció que es difícil controlar el tráfico de armas ilegales y más en esta zona del Caribe colombiano por la cercanía con la frontera donde hay poderosas mafias que manejan el contrabando de armas venezolanas.

“Siempre que incautamos un arma de fuego le hacemos un estudio técnico para mirar el historial y saber quién es el propietario, si es hurtada y así establecer si en algún momento el titular la cedió para cometer un ilícito. Hemos detectado que muchas de las armas incautadas son de procedencia venezolana”, precisó el oficial.

Agregó que en Valledupar hay sitios dedicados al alquiler de armas de fuego ilegales, donde los delincuentes consiguen revólveres y pistolas automáticas para cometer atracos y asesinatos.

“Ofrecemos recompensas por información que nos permitan ubicar estos sitios donde se almacenan armas de fuego. Hemos capturado sujetos en flagrancia que han declarado de donde han obtenido las armas y han confesado de personas que se dedican a este negocio de alquiler que cobran comisiones por cada ‘vuelta’”, precisó el oficial.
Las armas no letales

En Valledupar hay tiendas dedicadas a la venta de armas deportivas y armas no letales, a donde recurren algunos ciudadanos que no tienen recursos para adquirir un arma de fuego legal o que solo requieren elementos de protección para persuadir a los delincuentes.

Armas no letales como pistolas y revólveres de balín o de fogueo son vendidas desde 450 mil pesos en establecimientos como el de Néstor Rafael Guzmán, un comerciante que asegura que ha aumentado la adquisición de estos elementos como forma de protección.

“La diferencia de tener un arma de verdad a tener un artículo como son las pistolas de detonaciones o fogueo es que no puedes ocasionar daño a las personas, se ve y suena igual que una pistola de verdad y se logra alejar a una persona que te va a hacer daño. Por ejemplo, algunas personas las compran para tenerlas en las casas y espantar a los ladrones”, explicó Guzmán.

Su adquisición es más sencilla que las armas letales, solo requiere una revisión de que el comprador no tenga antecedentes penales, con lo que no legalizan su porte, solo la tenencia. Es decir, no pueden ser portadas en lugares públicos.

El comerciante agregó que las autoridades han detectado que los delincuentes se las ingenian para adquirir estas armas, “pero al momento de un atraco puede que sea con arma de fogueo o puede ser real, por lo que lo es recomendable no tratar de adivinar ni de suponer que no pueden hacer daño”.

“Esas armas son para simple intimidación ya que no causan ningún daño, simplemente son para ahuyentar. Yo adquirí una porque a veces en mi casa guardo dinero que debo pagar a los trabajadores y la guardo para intimidación en caso que llegue algún delincuente”, contó Andrés Alberto Zuleta.

En la legislación colombiana no existe la pena de muerte, ningún ciudadano está facultado para hacer justicia por su cuenta y quien lo haga se expone a ser judicializado por lesiones personales, tentativa de homicidio o en el peor de los casos por homicidio. Esta disyuntiva abre el debate sobre si en verdad las armas de fuego son un buen mecanismo de defensa o por el contrario se convierten en un riesgo para quien las porta.

PUNTOS DE VISTA

Comentarios de visitantes de EL PILÓN.COM sobre el uso de armas de fuego como mecanismo de defensa contra los delincuentes.

Airton Santon Jaramillo

Es terrible la situación, pero toca hacerle frente a este fenómeno de inseguridad que venimos enfrentando en los diferentes barrios de Valledupar, la presencia de la Policía Nacional no existe en ningún sector de Valledupar…. nos tocó la autodefensa personal porque de lo contrario los delincuentes nos acaban.

Miguelito Negrete

Como ser humano me duele que estas cosas sucedan en nuestra ciudad, pero se culpa la falta de educación, las administraciones que han pasado por el pueblo vallenato, no invierten en cursos para que los jóvenes puedan salir adelante. Mi opinión es que implementen más capacitaciones en el SENA u otra entidad para que en vez de decir que hay que darles plomo se conviertan en personas útiles a la sociedad.

CIFRA
243 capturados por porte ilegal de armas, reporta la Policía en lo que va del presente año.

El jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, coronel Enrique Torres Arciniegas, asegura que es difícil precisar el número de armas legales o permisos de porte que hay en ciudades como Valledupar, teniendo en cuenta que en la oficina de la entidad en esta ciudad no se venden armas, solo se hace el proceso de revalidación de los permisos.

Por Martín Elías Mendoza / EL PILÓN