El proyecto denominado Ruta del Sol en su totalidad tiene una extensión aproximada de 1.070 kilómetros y el sector 3 alcanza 465 kilómetros de longitud. El 4 de mayo de 2010, la concesionaria firmó el contrato que contempla dos corredores viales del tramo 3, uno de ellos el que inicia en San Roque, Cesar hasta la Y de Ciénaga, Magdalena, y el otro que tiene su punto de partida en Carmen de Bolívar pasa por Bosconia hasta llegar a Valledupar; sin embargo solo hasta el 31 de mayo de 2011 inició la rehabilitación y construcción de estas vías que aún no logran llegar a su fin.

La vía Valledupar-Bosconia lleva tres años de atrasos, de acuerdo al cronograma inicial del contrato de concesión, que adelanta la Concesionaria Yuma, lo que preocupa a los usuarios de la vía que se ven afectados de manera directa o indirecta.

El exgerente del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, el ingeniero civil Álvaro José Soto García, expresó que en los 91 kilómetros existentes entre Valledupar a Bosconia hay dos tipos de atrasos: la rehabilitación de la calzada existente en cuatro puntos existentes como el paso por Caracolí, Mariangola, Aguas Blancas, Valencia y la llegada por Valledupar, donde el concesionario se ha justificado en la carencia de licencia ambiental.

“Esta justificación se me hace extraña porque han pasado seis años de firmado el contrato y nada que definen la licencia ambiental. Si bien es cierto que requieren este trámite, me parece grave la falta de gerencia pública del gobierno nacional de legalizar estos puntos que se volvieron cuellos de botellas para los usuarios de la vía y en un nivel de alto riesgo de accidentalidad”, acotó Soto García.

Por otra parte, el experto en ingeniería argumento que también se presentan retrasos en la segunda calzada porque apenas fue iniciada cerca de la estación de carabineros de la Policía hacia Caracolí, en una longitud muy escasa, porque el concesionario no ha podido adelantar la gestión predial.

“Aquí lo que habría que gestionar es cómo está el flujo de caja del contrato de concesión y el Estado a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que debe requerir al concesionario y al interventor para que tengan un mejor rendimiento y poder poner al servicio la segunda calzada definitiva entre Valledupar y Bosconia, que es la que va acabar definitivamente con esos altos índices de mortalidad y accidentalidad en este tramo de la vía”, indicó.

Según Soto García, no es justo que pasado seis años de firmado este contrato, los avances sean tan bajos en el sector San Roque- Ciénaga- Carmen de Bolívar- Bosconia-Valledupar.

El experto también cuestionó la reclamación del Concesionario, a través de un Tribunal de Arbitramento contra la ANI, porque en la ola invernal de noviembre del 2010, a propósito de la caída del puente Bocas, llegando al río Cesar por puente Canoa, obligó a que hicieran un desvío del tráfico de todos los vehículos que iban para el Caribe colombiano a través de Codazzi- Valledupar- Bosconia, ocasionando un deterioro prematuro de esa vía.

Impacto económico

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, aseguró que en reiteradas oportunidades, tanto al concesionario como a la ANI, le han realizado observaciones frente a los retrasos de la vía Carmen de Bolívar-Bosconia-Valledupar, sobre todo por el impacto económico negativo que generó el hecho que Conalvías haya entrado en acuerdo de reestructuración y que no se le hubiera cancelado oportunamente a los empresarios de la región los bienes y servicios que pusieron a disposición para la ejecución de este tramo.

“La anterior situación ha generado una crisis económica en los comerciantes. Pese a que se sigue trabajando en los acuerdos de reestructuración, los empresarios siguen esperando la conservación de esas obligaciones. Ante esta crisis, Impregilo, una empresa italiana asumió la ejecución del proyecto con algunos contratiempos en los cronogramas de las obras Bosconia-Valledupar, pero vemos muy retrasadas las obras”, subrayó.

Urón Márquez considera que el que debió dar la cara en esta crisis económica en la ejecución del proyecto debió ser Yuma como concesionaria, pero según su criterio “se ha hecho de la vista gorda”, agregando que el comercio de Bosconia y su zona de influencia se han visto afectados de manera significativa.

Además, el retraso en la ejecución de la vía ha generado problemas de movilidad, más si se tiene en cuenta que por esta vía entran todos los bienes y servicios de los Tratados de Libre Comercio con Colombia con los países de oriente.

“Es una vía que debe avanzar rápidamente, sobre todo en lo referente a Carmen de Bolívar y Bosconia, que permita conectarlo con la Ruta del Sol en el tramo Bosconia-San Roque-San Alberto, hacia el interior del país para no seguir generándoles detrimento económico a los empresarios de la región y la economía nacional”, enfatizó el presidente ejecutivo de Cámara de Comercio de Valledupar.

Voz de Yuma

A través de una misiva, el gerente general de Yuma Concesionaria, Leonardo Castro, manifestó que la ejecución de las obras en el corredor vial Bosconia-Caracolí se realizan conforme al plan de obras establecido para el proyecto, anotando que “en dicho corredor vial ya se encuentran ejecutadas las obras de rehabilitación y mejoramiento, y a la fecha se encuentra en ejecución la construcción de la segunda calzada”.

Las etapas de ejecución del contrato de concesión, de acuerdo con Castro, son: etapa pre operativa, cuya pre construcción está estimada en un año, a partir del primero de junio de 2011; y la construcción, cuyo inicio fue el 17 de agosto de 2012 y su finalización se prevé para el 31 de diciembre del 2019.

La etapa de operación y mantenimiento, se dará una vez esté finalizada la etapa de construcción hasta finalizar el contrato de concesión. El pazo total estimado del contrato de concesión es hasta veinticinco años, a partir del primero de junio del 2011.

Las características de este corredor vial, que según el Manual de Diseño Geométrico de Invias es de primer orden, son: velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora, la rodadura de la vía se construirá en mezcla asfáltica MDC-2, la cual estará soportada sobre bases estabilizadas o granulares, y el derecho de la vía es de 60 metros distribuidos simétricamente desde el punto medio del separador central y 43.60 metros en pasos poblados.

Preocupación de la comunidad
El inspector rural de policía del corregimiento de Mariangola, Juan Granados Montero, expresó que hay un problema creado con esa nueva calzada porque hay un número considerable de personas que derivan su sustento de las ventas informales en la carretera que resultarán afectados porque según Yuma los retornos para ingresar al pueblo lo harán cerca de 500 metros, lo que dificultaría la entrada de los vehículos a la población.

Por otra parte, hay desconocimiento del manejo del personal para trabajar de mano no calificada y existe incertidumbre porque no han socializado la parte final del proyecto.

“Tenemos muchos interrogantes frente a esta obra porque los funcionarios de Yuma no han venido a aclarárnoslos”, acotó.

Por su parte el inspector de policía del corregimiento de Aguas Blancas, José Ospino Parra, coincidió en que no están de acuerdo con los retornos lejanos al corregimiento, puesto que los aislará de los usuarios de la vía, lo que “dejaría sin vida al pueblo” porque impediría las ventas informales en los resaltos y las ventas formales de los restaurantes.

“Los diseños del proyecto Ruta del Sol, sector 3, solo fueron socializados inicialmente con las negritudes. Aquí en Aguas Blancas no vinieron, por lo que les colocamos un derecho de petición y se acordó hacer una reunión en septiembre. El pueblo no está de acuerdo con los retornos planteados, porque tendrían que recorrer dos kilómetros para bajar al pueblo y el cementerio no se podría entrar en carro porque planean un puente peatonal tipo box culvert”, manifestó.

“Toda la vida hemos vivido de las ventas de las carreteras. Fuimos desplazados por la violencia. Si construyen una vía en las condiciones antes mencionadas nos obligarían a desplazarnos de nuevo, esta vez no por la violencia, sino por la forma en que está planteada la vía”, acotó.

En cambio, la inspectora del corregimiento de Caracolí, Oladis Britos Maestre, ve con buenos ojos el mejoramiento de la vía, entendiendo que significará progreso para la región.

“Lo que le negociamos con la concesionaria es que las personas que se muevan de sus casas sean indemnizadas o reubicadas. Les solicitamos retornos bien ubicados, que no afecten el comercio de la población, así como un puente subterráneo porque para pasar por el cementerio tenemos que atravesar la carretera, y darle solución a un colegio que va a afectar la construcción de la vía”, aseveró.

Desde hace más de tres años, la concesionaria Yuma adelanta trabajos en la región Caribe colombiana específicamente en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, como parte del Plan de Obras Viales que lidera el Gobierno Nacional para mejorar la conectividad de las regiones.

Por Redacción/EL PILÓN