En Colombia enfrentamos múltiples retos. En las últimas semanas, hemos discutido cómo la seguridad es, tal vez, el desafío principal. Basta con observar la reciente ola de explosiones de artefactos en las cabeceras municipales del país, como los acontecimientos en Jamundí, Valle del Cauca y Timba-Cauca, perpetrados por grupos terroristas.

Sin embargo, este no es el único desafío que enfrentamos como nación. Hay un tema que ha pasado desapercibido: la formación de profesionales. ¿Cómo no preocuparnos cuando solo el 8% de quienes se gradúan del bachillerato alcanzan una formación profesional? Es una cifra alarmante, especialmente considerando que Colombia tiene 22 millones de personas empleadas.

Según un informe de Fedesarrollo en 2022, por cada millón de colombianos, 16 tienen posgrado, lo que significa un aumento de 4 con respecto a 2016. 

Aunque esta cifra indica un crecimiento, sigue siendo baja, no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica. La SEDLAC reporta que la tasa de asistencia a la educación superior en Colombia es del 25.5%, por debajo de países como Honduras, El Salvador y Brasil, y significativamente más baja que Chile, Argentina y México.

Colombia cuenta con alrededor de 417 programas de doctorado. De estos, 75 tienen acreditación de alta calidad (18%). Existen 591 especialidades médico-quirúrgicas, de las cuales 84 están acreditadas (14,2%), y 2.418 maestrías, de las cuales 277 están acreditadas (11,5%). Estas cifras provienen de la presidenta del Comité Ejecutivo de la Red Colombiana de Posgrados. Enfrentamos un gran desafío en cuanto a la acreditación de estos programas para hacerlos atractivos a nivel internacional.

En el sector de la salud, contamos con 130.000 médicos, pero solo 31.000 son especialistas. Esto se traduce en una proporción de 1.5 especialistas por cada 1.000 habitantes, mientras que la media internacional es de 3.5 por cada 1.000. Según ACHC, esto representa un déficit de 10.229 especialistas. Además, en un país predominantemente rural, solo el 7.2% de los médicos especialistas están presentes en estas áreas, concentrándose la mayoría en zonas urbanas. Aquí se identifican dos problemas principales: primero, la excesiva cantidad de requisitos para que las facultades de medicina creen programas de especialización; y segundo, la corrupción relacionada con la asignación de cupos en estos programas.

Entonces, ¿qué acciones deberíamos considerar? Varias medidas pueden tomarse. En primer lugar, es esencial continuar con programas como “Generación E”, que ha permitido que más de 250.000 jóvenes con escasos recursos accedan a la educación superior. La política de gratuidad del Gobierno Duque, que benefició a más de 700.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3, también es crucial para aumentar el número de profesionales en el país y reducir la brecha entre bachilleres y profesionales. En segundo lugar, deberíamos mantener programas de doble titulación escolar, permitiendo que los jóvenes obtengan un título técnico o tecnológico al terminar el colegio, lo que les brinda mayores oportunidades de empleabilidad. Por último, es imperativo simplificar y agilizar los trámites gubernamentales para la apertura de cupos en posgrados y programas de doctorado. Necesitamos soluciones prácticas y efectivas para abordar este problema que se intensifica día tras día.

Por Nicolás Ordoñez Ruiz