La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta es de “muy alto riesgo”, alertó Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tras su reciente misión en la región. Pueblos indígenas como arhuaco, wiwa, kankuamo, kogui, ette naka y wayuu, junto a comunidades afrodescendientes y campesinas, enfrentan graves abusos, homicidios de defensores y violencias sistemáticas. Campbell insistió en la urgencia de implementar la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, para prevenir más tragedias.
“La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo de muy alto riesgo. Los pueblos indígenas arhuaco, wiwa, kankuamo, kogui, ette naka y wayuu, y las comunidades afrodescendientes y campesinas así me lo compartieron en mi última misión, de la cual vengo profundamente preocupado”, afirmó Campbell.
Asesinatos y atentados recientes agravan la crisis
El representante de la ONU condenó el homicidio de Elizabeth Mojica, profesora indígena wiwa y defensora de derechos de mujeres, niñas y niños, asesinada el 30 de noviembre en su casa en La Laguna, un día antes de su llegada. “Me alarma que un día antes de nuestra llegada a la región, el 30 de noviembre, fuera asesinada en su casa, en la comunidad de La Laguna, Elizabeth Mojica. Condeno este homicidio y exijo al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables y tomar medidas efectivas para proteger a la población civil y, en particular, a las mujeres, a las niñas y a los niños”, señaló.
Además, hace cinco días, el 12 de diciembre, Misael Socarrás, líder ambiental de Arroyo Bruno y miembro de la Organización Fuerza de Mujeres Wayuu, sufrió un atentado en Riohacha. “Esta es la última de muchas señales trágicas que evidencian que la situación sigue deteriorándose. Condeno este atentado y pido que se refuerce la protección de Misael, y que se investigue y esclarezca este atentado”, agregó Campbell.
En 2025, la ONU ha documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en los municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y tiene mucho miedo. He podido escucharlos y verlos llorar por el abandono y por la impotencia que viven por las acciones de los grupos armados no estatales y por la falta de protección del Estado”, relató.
Violencias contra mujeres y niñez
Campbell denunció las violencias sexuales y de género contra mujeres indígenas, que sufren agresiones sin protección adecuada. “Las violencias contra las mujeres indígenas son inaceptables. Sus derechos no son suficientemente reconocidos ni garantizados, y sufren violencia sexual y basada en género, entre otras violencias”, enfatizó, pidiendo la creación de casas de la mujer lideradas por indígenas en Cesar, Magdalena y La Guajira.
Sobre la niñez, reiteró la prohibición del reclutamiento forzado por grupos armados, calificado como crimen de guerra. “Reitero también el llamado de ONU Derechos Humanos a los grupos armados no estatales a no reclutar más y a liberar de inmediato y sin condiciones a las niñas y los niños que se encuentran en su poder”, dijo, recomendando incluir este punto en diálogos de paz.
La ONU reconoce avances como el programa Futuro Colombia de la Fiscalía, pero urge su expansión y fortalecimiento para prevenir violencias de género en los tres departamentos.
Defensores ambientales en riesgo extremo y otras vulneraciones
Pueblos indígenas wayuu, afrodescendientes y campesinos defienden el ambiente frente a amenazas armadas y proyectos extractivos, sin consulta previa. “Proteger sus vidas es una obligación del Estado y una condición esencial para la democracia”, puntualizó Campbell.
Se reportan desapariciones, amenazas, restricciones a la movilidad por grupos armados, y artefactos explosivos que han matado a un indígena y herido a dos más. La ONU exige implementar la Política de Seguridad con enfoque preventivo.
Implementar Alerta Temprana 020 para salvar vidas
Campbell acompañó a la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz en la presentación de la Alerta Temprana 020 en Valledupar y Achintukua. “La implementación de las recomendaciones de la Alerta Temprana 020 contribuirá en gran medida a mejorar la situación, y a prevenir posibles violaciones y vulneraciones de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Llamo a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar las recomendaciones, lo más pronto posible”, concluyó.
La misión del 1 al 4 de diciembre incluyó reuniones con autoridades indígenas, afro, defensoras y ONGs, con apoyo de embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos. La ONU mantiene presencia continua en la región para documentar abusos y exigir protección.
