Luego de una visita a la estación de Policía La Permanente de Valledupar, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, se refirió a la grave problemática que afrontan los privados de la libertad, por cuenta de las vulneraciones y falta de garantías de derechos, en los lugares de detención temporales, lo que genera un problema de orden público para ellos mismos y para las comunidades aledañas.

“El hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI) es una bomba de tiempo”, señaló el defensor.
Detrás de esta advertencia, el defensor se refiere a situaciones como la que se presentó el pasado mes de mayo en el establecimiento carcelario de Valledupar, donde se registró un motín que resultó con 35 personas heridas y generó riesgo para la población aledaña a la estación.

“El principal problema es el hacinamiento que incrementa la vulneración de los derechos humanos y los mínimos vitales como la alimentación y la salud de los privados de la libertad, eso genera que los detenidos tengan comportamientos agresivos. Por meses hemos registrado que las estaciones de policía y las URI no reúnen las condiciones para una vida en reclusión y existen altos niveles de hacinamiento que como en el caso de la Estación de Policía El Terrón en Cali supera el 4.000 %”, indicó Camargo Assis.

Además, presentó cuáles eran las estaciones que presentaban un mayor hacinamiento en el país. En el Cesar las estaciones de Policía más hacinadas son la estación de Becerril con 1.450 % de sobrepoblación, seguido de Gamarra (1.000 %); Aguachica (827 %) y La Permanente en Valledupar con (614 %); esta última duplica el promedio de hacinamiento (309 %) en los CDT en este departamento.

“Ese hacinamiento y las malas condiciones son una bomba de tiempo, porque generan riesgos de amotinamiento, fugas e, incluso, homicidios. Es decir, estamos ad portas de una tragedia en la que también se vería afectado el orden público y la seguridad de residentes aledaños a los CDT, ya que estos sitios están ubicados en zonas residenciales”, destacó el defensor del pueblo al dar a conocer los datos.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo insiste en que los centros de detención transitoria no están diseñados para albergar personas privadas de la libertad por un lapso de tiempo superior a 36 horas, pero, en las estaciones de Policía y en las URI algunos privados de la libertad están recluidos por meses, incluso, allí permanecen personas condenadas que deberían resarcir su pena en centros de reclusión.

OTROS PROBLEMAS

Otro de los problemas que evidenció la Defensoría del Pueblo es la vigilancia de los privados de la libertad, señalando que no es una función de los miembros de la Policía Nacional, que no están entrenados para labores de guardia y custodia, lo cual genera un riesgo a su integridad.

“Todas estas irregularidades son los ingredientes propicios para que se presente una grave crisis, por eso hago un llamado a la institucionalidad para que actúe de inmediato y se tomen medidas urgentes para deshacinar estos lugares”, finalizó Carlos Camargo Assis.

Para aportar, la entidad desarrolla brigadas integrales de atención en los Centros de Detención Transitorios. Esta estrategia brinda servicios de salud, odontología, asistencia jurídica, atención y trámite de quejas y charlas en promoción y divulgación de derechos humanos; con apoyo de los entes territoriales y entidades nacionales como INPEC y Policía Nacional.