Algo se puede hacer desde medios como los periódicos, para recordarle a mucha gente la importancia de algunos hechos claves en la evolución del país.
La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, identificó a 192 personas que aparecen en las bases de datos vacunados dos y hasta tres veces en menos de 10 días; es decir, antes de la segunda dosis.
El organismo de control se desplazó hacía el barrio Dundakare porque la comunidad denunció que en la mitad de la calle cinco de este sector se construye una casa desde hace 20 días.
El contralor realizó un recorrido por los llamados “elefantes blancos”, entre los que se encuentra el Terminal de Transportes de Uribia.
En total se analizaron 13 proyectos por $124.096 millones de pesos, de los cuales $119.927 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Según se determinó en visita técnica del organismo de control, realizada en el marco del correspondiente proceso fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto.
La diligencia de control se realizó para iniciar la recolección de elementos materiales probatorios para analizar si se cometieron actos de corrupción e iniciar procesos penales y disciplinarios.
Estas entidades territoriales son investigadas por el ente de control por presuntos sobrecostos en las contrataciones de las ayudas humanitarias realizadas para atender la emergencia sanitaria por la covid-19.
Los protagonistas de la historia se dividen en dos bandos: Electricaribe y los 690.000 usuarios a los que el Gobierno giraba recursos para un descuento mensual en la factura.
Entre el 8 de febrero de 2016 y el 13 de marzo de 2019, tuve la oportunidad de laborar en la Contraloría General de la República- CGR y durante dos años continuos la posibilidad de hacer seguimiento y conocer el trabajo de auditores, donde el control fiscal correspondió al recurso del Sistema General de Participaciones - SGP.
De acuerdo al director de Corpocesar, Julio Suárez Luna, cuando entró a la oficina jurídica de la entidad (en el 2016) había más de 60 hallazgos; hoy existen 22 hallazgos, de los cuales cuatro tienen incidencia fiscal y que prevé que dos de ellos se archiven esta semana.
Aníbal Quiroz Monsalvo y Carlos Andrés Maya son los nuevos funcionarios de la Contraloría General de la Nación.
Una de las tareas de Fabio David Velásquez Rivadeneira es hacerle seguimiento a las inversiones al Programa de Alimentación Escolar, así como el seguimiento y control que viene haciendo el Gobierno Nacional.
El personero de Chiriguaná, Pedro Miguel Peinado, solicitó una investigación penal con fundamento en tres hallazgos de la Contraloría General de la República, en los que se determinó que después de confrontadas las facturas de compra de equipos médicos, con los precios fijados en el contrato se detectó un presunto sobreprecio por valor de $209.356.207 […]
$637 mil millones sería el costo del daño fiscal en el departamento de La Guajira, al incumplirse parte de los objetivos y fines con que inició el proyecto.
La lista de elegibles debe ser remitida al Congreso en Pleno para la elección. Por lo menos debe haber 20 personas habilitadas.
Aseguran que los hallazgos señalan la presunción más no la certeza de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativamente, una vez recibido el informe las CAR tienen la oportunidad de demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente.
De acuerdo con una publicación de EL NUEVO SIGLO, entre los sonados está José Félix Lafourie, actual presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $2.914 al hoy senador electo Didier Lobo Chinchilla, por sobrecostos en contrato de alimentos cuando fue Alcalde de La Jagua de Ibirico.
A nivel administrativo van a llevar al Concejo Municipal tres proyectos para reestructurar administrativamente a Indupal con la ampliación de planta para poder cumplir con las necesidades que tiene el municipio.
La ejecución de esta vía es vigilada por la Contraloría General de la República, debido a que en principio tuvo muchos atrasos e inconvenientes por la mala planificación, tanto que el presupuesto inicial solo alcanzó para pavimentar 22.7 kilómetros.