Martín La Rotta no tuvo garantías para ejercer las libertades de prensa y expresión. Es otro caso de asesinato de periodistas a manos del paramilitarismo. El asesinato de Martín La Rotta Duarte, de quien hay poca información disponible, ocurrió en San Alberto, sur del Cesar, en los límites con Santander, donde operaba el bloque paramilitar Héctor Julio Peinado o Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, con presencia en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, comandadas por Juan Francisco Prada, ‘Juancho Prada’.

“Martín La Rotta Duarte fue apuñalado en el pecho el 7 de febrero de 2004 mientras dormía en la sala de su casa. Algunos amigos lo auxiliaron y lo llevaron al hospital del municipio, desde donde fue trasladado al Hospital de Aguachica. En el camino falleció”, relata el artículo de prensa ‘Líder paramilitar confiesa asesinato de periodista’, publicado por la FLIP en 2007.

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“… Lo despertó un fuerte golpe en el pecho y una sombra huyó… Saltó y se llevó la mano al pecho… Los vecinos lo vieron malherido y le ofrecieron la camioneta para llevarlo al hospital. Llegaron al hospital… Corrió a la puerta principal y la empujó, pero estaba cerrada, era mediodía y estaban almorzando… Dio la vuelta a la edificación, buscando la puerta de urgencias. ¡Mierda está cerrada!, -dijo- ¡No puede ser! Golpeó… el celador lo oyó y corrió… ¡Abra, abra! ¿Dónde está el médico? ¡Llámelo!”, rememora el portal Verdad Abierta.

A finales de 2003, un amigo le alertó que tres hombres armados lo habían ido a buscar durante su ausencia en un viaje que él realizó a Bogotá. Martín se refugió en la capital de la república durante un tiempo hasta que debió regresar a San Alberto con el fin de encargar a alguien de la estación de radio de la emisora La Palma Estéreo, “mientras las cosas se calmaban”. La Rotta planeaba retornar a Bogotá para reunirse con su familia mientras cesaban las amenazas en su contra, según publicó el Proyecto Impunidad, en mayo del 2005.

La Rotta Duarte se desempeñaba como director de la emisora y era extorsionado con el pago de una ‘vacuna’. “El asesinato del periodista se presentó semanas después de que se negó a pagar el dinero que los paramilitares le exigían por permitir el funcionamiento de la emisora”, (FLIP, 2007). El periodista había alertado a la comunidad y convocado a no permitir el chantaje de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, sin embargo, La Rotta no tuvo garantías para ejercer el derecho a la libertad de prensa y de expresión en medio del conflicto armado. 

“Ni un peso más para los asesinos”, fue la consigna de Martín a la ciudadanía, a través de la emisora La Palma Stereo, para que el pueblo no siguiera contribuyendo a financiar el Mercenarismo. “Esos paramilitares que se presentaron como libertadores se habían adueñado del destino de los cesarenses y hoy lo sentenciaban a él…”. (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019).

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Martín intentó participar en política como instrumento para construir la paz del territorio, pero la cohonestación entre el Mercenarismo y los representantes del Estado no le permitieron llegar al Concejo del Municipio de San Alberto en 2002; se votaba por los que los jefes paramilitares imponían para ejercer control y monopolio del Estado local y los recursos públicos.

Para la época, Aída Cecilia Lasso Gemade, exfuncionaria de San Alberto, aspirante a la Alcaldía, lideresa de mujeres y contrincante del candidato del Mercenarismo de Estado, fue asesinada con garrotazos y disparos de arma de fuego junto a su hija de 13 años. “Se rumoreaba que había sido una conspiración de políticos, paramilitares y agentes del Estado, que también dieron muerte al aspirante a la Alcaldía de Aguachica, Luis Fernando Rincón, y a muchos más”. (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019). Testigos afirmaron a la Fiscalía que hubo una orquestación para eliminar físicamente a Lasso Gemade, según la publicación El crimen de la candidata que no les servía a los paras (El Tiempo, 12 de febrero de 2004).

En el caso de Martín, las amenazas habían disminuido. “Ya le había llegado la segunda advertencia. Sabía que la tercera era letal. Esa era la ley en la zona. No había una tercera llamada”. Dadas las condiciones impuestas por el denominado ‘Para–Estado’, confrontó a ‘Juancho Prada’ en su hacienda, quien en un contrasentido le dio un parte de tranquilidad, pero sus hombres “le mostraron un pozo de agua, donde arrojaban a los adversarios de Prada para alimentar caimanes y babillas. Martín sabía que no había garantía de derechos como la protección de su vida y la libertad de prensa y de expresión. Había una estructura de Mercenarismo de Estado impuesta. “Todos sabían quién era el verdugo, pero nadie lo decía, ni la Policía…” (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019).

El jefe paramilitar desmovilizado Juan Francisco Prada Márquez, ‘Juancho Prada’, quien fungía como comandante del frente Héctor Julio Peinado, de las AUC, confesó en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en la ciudad de Barranquilla, el 16 de mayo de 2007, la responsabilidad en el homicidio justificándolo por la información periodística que cuestionaba las acciones del ejército privado en la región: “Estaba cansado de tanta cháchara, le envié la razón de que dejara de criticarnos, no hizo caso y se dio la orden de ejecutarlo” (FLIP, 2007), dijo ‘Juancho’ Prada en su declaración, quien se acogió al beneficio de sentencia anticipada y reconoció ser el determinador del homicidio.  (CNMH, pág. 162 y FLIP, 2007). 

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Tras la confesión de Juan Francisco Prada Márquez en versión libre, para obtener rebaja de penas por colaboración, fue condenado el 11 de diciembre de 2014 por 78 hechos, entre ellos desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones y torturas, y salió en libertad en el año 2015. (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019).

Por: Hamilton Fuentes