Las libertades del ciudadano tienen una fundamentación en un marco internacional y constitucional pero simultáneamente se confrontan con la falta de garantías e incumplimientos, esa contradicción genera una dualidad entre un Estado real y un Estado ilusorio, que promueve conflictos que se tramitan mediante la exigibilidad y reclamaciones que buscan una resolución en la resignificación, goce efectivo y materialización de derechos. 

Al peguntar: ¿El Estado garantiza las libertades de prensa y expresión? El exmagistrado Jaime Araujo Rentería responde que sí y referencia el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia: 

Lea también: Fin de semana sin homicidios en Valledupar

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. (Corte Constitucional y otros, 2016).

A partir de lo expuesto, surge una hipótesis de la lectura del texto ‘Qué significa Estado’, una interpretación dual entre un Estado ilusorio que no garantiza las libertades de prensa y expresión en la práctica y un Estado real que consagra un derecho constitucional, por tanto: “El Estado es la configuración, ilusoria y de igual modo real, que adopta la comunidad política bajo las condiciones sociales dominantes” (Hirsch, 2005).

Al intentar sacar la discusión de un Estado real y trasladarla a un Estado ilusorio se debe preguntar por las garantías para desarrollar y ejercer el periodismo que corresponde a la materialización del fundamento jurídico. Así las cosas, al confrontar el Derecho constitucional con el goce efectivo de la libertad de expresión y derechos conexos, es pertinente preguntar al gremio de periodistas: 

¿En Colombia hay garantías para ejercer el periodismo? “De ninguna forma, no hay garantías para hacer periodismo en un país donde la democracia está fracturada y la corrupción tiene amordazada la verdad. Somos el segundo país en América donde es más peligroso ejercer el periodismo. Las amenazas, los homicidios y las agresiones son una constante para quienes trabajan en búsqueda de la verdad, con una agravante y es la omisión de la justicia frente a estos casos.   Es paradójico que en las regiones donde más se agudiza el conflicto, el narcotráfico y la violencia, es donde más se necesita una prensa libre, pero es donde es más difícil para los periodistas aferrarse a la verdad, más aún, cuando la otra forma de violencia es la omisión del Estado y las instituciones judiciales que terminan siendo cómplices de los criminales”, expone la periodista Katia Ospino Salem. 

Le puede interesar: El silencio de la Contraloría Departamental del Cesar

Katia hace parte de la unidad investigativa de Noticias Uno hace 11 años; Ospino Salem es investigadora de La Nueva Prensa. En el libro ‘Lo que no borró el desierto’, de la escritora y periodista Diana López Zuleta, relata cómo se enfrenta a las mafias políticas y criminales del Cesar y La Guajira, departamento donde la iban incinerar con gasolina en el desarrollo de una investigación periodística; hace trabajos sobre las afectaciones del despojo, el extractivismo, la corrupción y el mercenarismo de Estado; ejerce el periodismo en medio de constantes amenazas que ya trascendieron en su hijo menor de edad. La periodista recoge y representa las voces de los comunicadores que se enfrentan al Estado real que garantiza en la Constitución la libertad de expresión pero que en la práctica se vuelve un Estado ilusorio al no proteger el derecho.  

MERCENARISMO DE ESTADO Y LIBERTADES DE PRENSA Y EXPRESIÓN ENTRE LOS AÑOS 1995–2005

Históricamente el periodismo colombiano ha sido víctima de los diferentes actores del conflicto armado y se ha desarrollado en medio de la violencia impuesta por los grupos en cuestión, quienes defienden sus intereses a través de prácticas mercenarias como el asesinato selectivo y sistemático, las amenazas, la intimidación, el secuestro, la tortura, la violación y el desplazamiento, en consecuencia: “El ejercicio del periodismo en Colombia ha sido, por décadas, una actividad de alto riesgo…” (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019).

En medio del ‘fuego cruzado’, la actividad periodística ha sido instrumentalizada por estructuras del narcotráfico, paramilitares, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, miembros de las guerrillas, el Estado y la clase dirigente corrupta. 

La violencia impuesta al periodismo colombiano en medio del conflicto ha generado prácticas como la censura, la autocensura y el silenciamiento, lo que redunda en una ‘democracia fallida’ en medio de la construcción del proyecto de Estado–Nación, además de las violaciones a la libertad de prensa y expresión, y la limitante del goce efectivo de la ciudadanía de la democratización de la comunicación. 

No deje de leer: Alcaldía de Valledupar espera autorización para nuevo pico y cédula y toque de queda

La violencia contra periodistas en Colombia durante 1995 – 1999: El informe La palabra y el silencio – la violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), caracteriza la agresión a la prensa en cuatro periodos que inician con el asesinato del primer periodista a manos de dos agentes de la Policía en Santander y documenta una cuarta época hasta el año 2015.  Así las cosas, el tercer momento se considera el más violento contra el ejercicio del periodismo en Colombia.  “El periodo comprendido entre 1996 y 2005 fue uno de los más difíciles para el periodismo colombiano…” (CNMH, 2015, pág. 89).

El conflicto armado social convirtió a Colombia en esta década en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, presentándose las cifras más altas de ataques y homicidios a periodistas: 

“En 1997, Colombia ocupó el segundo puesto en la lista mundial de periodistas asesinados, según el CPJ. En 1998, ocupó el primer lugar en el mundo. En 1999, el tercer lugar, después de Sierra Leona y Yugoslavia. En el año 2000, nuevamente el primero, junto con Rusia y Sierra Leona. En 2001, el segundo después de Afganistán y en 2002, el segundo después de Rusia”. (CNMH, 2015, pág. 95).

El panorama nacional de asesinatos de periodistas en el periodo 1995–2005 da cuenta de la dimensión de la violación a la libertad de prensa y expresión mediante el silenciamiento y la eliminación en estos años. 

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS: UNA LECTURA DESDE EL MERCENARISMO DE ESTADO

 Buena parte de los asesinatos a periodistas aparecen en estrecha conexión con la consolidación y afianzamiento en el país del proyecto paramilitar que empezó a ocupar diferentes territorios con el apoyo de sectores de las fuerzas militares, políticos y empresarios regionales.

Lea también: Hurto a persona, el delito que resta tranquilidad a los vallenatos: ¿cómo controlarlo?

En la década de 1996–2005 fueron asesinados 58 periodistas, 48 de ellos fueron periodistas de pequeñas y medianas empresas en las regiones del país. (CNMH, 2015). 

El Mercenarismo de Estado o combinación de la violencia de Estado y las fuerzas irregulares a su servicio van a considerar a los periodistas críticos e investigativos como ‘elementos desordenados, irregulares y desviados’ a los que hay que controlar, vigilar o en el peor de los casos asesinar.

Al respecto, se fortalece un enfoque estatal de la seguridad y una clasificación e identificación de sujetos ‘desviados’, categorizados como enemigos, quienes son señalados como comunistas, guerrilleros, y entre los cuales se estigmatiza a periodistas vinculados por lo general a pequeños medios de comunicación con buena reputación y con vínculos cercanos a la población civil que conforma la región comunicativa, que en muchos de los casos también fue víctima del Mercenarismo de Estado.

Esos sujetos desviados, entre otros, son los periodistas críticos que generalmente son asesinados, exiliados o en el mejor de los casos despedidos laboralmente por informar lo que no se debe informar o que informan de una manera que no se ajusta a los intereses de las relaciones entre los medios de comunicación, el poder y el Estado (Franco, 2009, p. 438). 

Le puede interesar: Nuevas medidas restrictivas en Colombia por tercer pico de la pandemia

Una manera de controlar es la vigilancia burocrática o política de identificación que monitorea e identifica a los sujetos y clasifica información. Esta actividad se basa en asignar a cada ser humano una marca, identificación y categorización, y posteriormente los clasifica en categorías específicas como periodista, líder social, crítico, defensor de derechos humanos; guerrillero o enemigo de la institucionalidad, y de esa manera se va configurando un perfil del sujeto. (Bajc, V. 2009).

Las clasificaciones burocráticas son creaciones arbitrarias con la intención de ordenar el mundo social para que no se presenten ‘elementos desordenados, irregulares y desviados’. 

Una de las inquietudes del Estado es cómo manejar y controlar la población y esto lo hace a través de un modo de ‘gubernamentalidad’ que Foucault (2008) describió como la biopolítica o forma particular de gobernar que hace que diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos sean controlados. (Foucault, 1979). La biopolítica también tiene una función de disciplinamiento o la imposición de normas al sujeto por parte de profesionales entrenados en métodos de vigilancia al ciudadano. La biopolítica se sustenta de lo que Max Weber (1964) analizó como instituciones burocráticas. 

En consecuencia, surge la Necropolítica que devela nuevas formas de dominación, sumisión y tributo donde el teórico Achille Mbembe desarrolla una reflexión sobre el poder nominal del Estado. La Necropolítica está inspirada en Foucault y su fundamento central es la soberanía para dar vida o muerte; es la autonomía para decidir sobre la vida y la muerte. 

Lea también: Tía de Sara Sofía ofrece $10 millones de recompensa por información

Acallar periodistas ha sido una de las estrategias de los poderes legales e ilegales mediante la amenaza y en ocasiones mediante el asesinato. “Todo eso no puede ser resultado distinto a que existe una estrategia dirigida a ese silenciamiento de los periodistas por el medio que sea; es decir, existe una directriz, existe una política dirigida”, según explica Reinaldo Villalba del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.En consecuencia, persiste una afectación en el ejercicio del periodismo relacionado con la imposición del silencio. Así las cosas, cómo superar la censura, la autoncesura y el silenciamiento en la prensa colombiana es uno de los retos de las organizaciones que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre, al igual que de la academia. Luego entonces: “¿Cómo superar la censura?”. Una pregunta planteada por la investigadora María Elvira Naranjo Botero, docente de la Universidad Nacional, el pasado 1 de marzo, en la sustentación de la tesis de maestría en Sociología ‘Memoria del Olvido: historia de caso del periodista Guzmán Quintero Torres, Valledupar, septiembre de 1999.  La pregunta guarda relación con la hipótesis planteada: Estado real vs. Estado ilusorio.

Por: Hamilton Fuentes