El reloj marcaba las 7:00 de la noche del 19 de abril del año 2004.  Ella caminaba con unas carpetas debajo del brazo hacia su casa, iba a la altura de una esquina con frondosos árboles y la luz era escasa. Quizá, por eso, los hombres que desde lejos la miraban, sin que ella lo notara, no pudieron detallarla tan detenidamente desde el parque donde se encontraban.   

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A pesar de todo decidieron acercarse,  puesto que uno de ellos, quien la ubicó y la había visto en fotografía, aseguró que era ella el blanco. Así pues, con arma de fuego en mano los dos sujetos en motocicleta se aproximaron a la carrera 19C con calle 8A del barrio Villa Mónica de Valledupar a concluir lo que tenían encomendado.   

Varios disparos le descargaron en la cabeza a Nohora Martínez Palomino, docente del colegio La Esperanza, cuyo cuerpo terminó derrumbado sobre el andén. No hubo tiempo de nada; la muerte fue fulminante, pero también sorpresiva.

Las detonaciones llegaron a oídos de los vecinos, e inclusive del propio hijo de la víctima, a quien una vecina le manifestó: “Mataron a alguien en la esquina”.  Él salió a mirar de quién se trataba y otro vecino le cortó el paso para indicarle que era su mamá. No lo podía creer; resolvió ir hasta allá a verificar si era cierto, pero regresó enseguida porque se rehusó a imaginarlo. Hasta que resolvió ir nuevamente y acercarse al cadáver para confrontar la realidad de que efectivamente era ella.     

¿Por qué la mataron?, ¿qué había hecho?, eran algunos interrogantes que pululaban en el ambiente. Las respuestas comenzaron a surgir en cuestión de semanas a través de llamadas en las que desconocidos ofrecían disculpas por el crimen a la familia.  

Tres días pasaron de aquella noche funesta y la muerte se volvió a posar en contra de la vida de otra residente del sector. Su nombre era Luz Marina Estrada González, de 42 años, asesora jurídica de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, apodada ‘La Tramacúa’.  

La mujer llevaba trámites administrativos y judiciales en contra de los paramilitares; de hecho, había recibido amenazas de muerte por su trabajo, las cuales se materializaron una mañana del 23 de abril del 2004.  

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La funcionaria se desplazaba en un automóvil con varios menores de edad y otra mujer que conducía el vehículo, el cual hacía la escuadra en la avenida Juventud, cerca del Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. En el sitio las interceptaron dos hombres en motocicleta, quienes con furia descargaron un arma direccionada a la servidora del Inpec.

La muerte de Luz Marina Estrada fue inmediata por proyectiles de bala en la cabeza. Una menor resultó gravemente herida.

LA OTRA REALIDAD

Ahora las autoridades enfrentaban dos asesinatos, dos investigaciones y una realidad innegable: las víctimas se parecían físicamente. Las dos tenían el mismo corte de cabello, eran contemporáneas, vivían cerca y eran madres solteras. En ese sentido, comenzó la sospecha de que la primera murió por la otra y después obtuvieron la certeza.

Durante las pesquisas de la Fiscalía 127 Especializada de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, varios exintegrantes del frente ‘Mártires del Valle de Upar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, afirmaron que el asesinato de la docente, afiliada a Aducesar, Nohora Martínez Palomino, había sido un ‘error militar’, que por poco les costaba la vida a los ejecutores.   

Jair Domingo Plata, alias ‘Emiliano’, en un interrogatorio manifestó que el comandante ‘Jimmy’ se molestó por aquella equivocación que los subalternos habían cometido. “…Se salvaron porque le presentaron el periódico con las fotos de la profesora y la asesora jurídica que se parecían bastante y dijo que hasta él se habría podido equivocar por la similitud entre las dos personas…”, aseveró.

De las evidencias recolectadas concluyeron que el crimen provino del Bloque Norte de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. La acción se concertó mediante los mandos subalternos de él, representados por Jhon Jairo Fuentes Mejía, alias ‘Jimmy’, y David Hernández Rojas, alias ‘39’.

EL SICARIO

Uno de los sicarios de la profesora fue Jeimer Pastor Herrera de la Hoz, alias ‘Pringa’, quien aceptó los cargos por el delito de homicidio en persona protegida. También admitió que el crimen fue un error.

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A ‘Pringa’ el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a pagar 195 meses de prisión.

“En el hecho es clara la participación de miembros del Frente Mártires de las Autodefensas, quienes actuaron en desarrollo del conflicto armado, en cumplimiento a las órdenes impartidas por los mandos superiores, ya que su accionar iba encaminada a segarle la vida a la asesora jurídica de la Cárcel ‘La Tramacúa’ de Valledupar, señalada de ser colaboradora de la guerrilla, por órdenes del máximo comandante del Bloque Norte Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’”,  reza la sentencia.

Esta es una de las cientos de investigaciones penales que tiene pendiente Rodrigo Tovar. La muerte de la docente está en un proceso por el delito de homicidio en persona protegida, en el que también están descritos crímenes de otros profesores en la capital del Cesar. 

Además, fue uno de los analizados cuando ‘Jorge 40’ pretendió ingresar en la JEP y fue rechazado en el mes de diciembre de 2019.

Por: Marllelys Salinas / EL PILÓN.
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