La Superintendencia Nacional de Salud intervino por un año a la EPS Asmet Salud debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora que tiene 2.027.382 afiliados en 12 departamentos del país. Para el caso del Cesar, son 142.727 los pacientes que atiende esta empresa prestadora de salud.

Asimismo, la Supersalud ordena también la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de esta EPS que, con corte a febrero de 2023, acumulaba una deuda de $954.000 millones con sus prestadores y proveedores de servicios de salud.

De esa deuda, $539.000 millones (56,5 %) corresponden a una cartera superior a 180 días. La decisión de intervenir para administrar esta EPS se toma también por la delicada situación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que viene presentando esta EPS.

La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, dificultad para acceder a la prestación de servicios de ayudas diagnósticas, son las principales causas de queja por parte de los usuarios. Asimismo, esta EPS no ha implementado la ruta de atención del cáncer, ni ha establecido estrategias eficaces para ampliar la cobertura en tamizajes como toma de citología y tamizaje para mamografía en las mujeres que requieren de este servicio.

Además, registra incumplimiento reiterado en otros seis indicadores, desde el 2019 hasta la fecha, resaltando aquellas que afectan a las mujeres gestantes y sus hijos, pacientes con diabetes e hipertensión, sumado a las deficientes actividades de prevención de estas enfermedades.

La Supersalud evidenció que Asmet Salud no cumple con el giro indicado de recursos a su red de prestadores y proveedores en los departamentos analizados.

Como plan de acción inmediato, una vez notificada la decisión, la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud posesionó a Luis Carlos Gómez Núñez como agente especial interventor, quien deberá, entre otras disposiciones, resolver de fondo las peticiones, quejas, reclamos y denuncias interpuestas por la población afiliada, con especial atención en las clasificadas como riesgo de vida.

Sumado a ello, el interventor debe hacer la implementación, en los próximos cuatro meses, de un plan detallado de pagos y su ejecución mensual que se evidencie de manera clara las fuentes de financiación disponibles para el pago de obligaciones.