El economista Fernando Herrera Araujo hoy explicará en un conversatorio que se realizará a las 9:00 de la mañana, cuál ha sido el impacto de la inversión de los recursos de regalías, especialmente porque según su análisis la mayor parte de estos dineros se ha destinado a cemento urbano, educación y vivienda, y en menor grado en cultura, recreación y deportes, salud y protección social, y en sexto lugar agua potable y saneamiento básico, curiosamente una de las necesidades más sentidas en los municipios del cordón minero.
Después del Sistema General de Participaciones, las regalías son la segunda fuente más importante de ingresos departamentales y la primera de los municipios mineros del Cesar. Por esta razón, es conveniente ver el impacto social y económico que generan en el territorio. Son de un potencial extraordinario que le permitiría a los gobernantes, realizar verdaderas transformaciones socio-económicas y mejorar el nivel de vida de los más vulnerables. Lamentablemente, esa no ha sido la historia del Departamento y nos proponemos mostrar, los claros y oscuros del impacto socio-económico de las regalías del carbón en el Cesar, con énfasis en la situación del sector rural.
Las Regalías: su normatividad
El Acto Legislativo 05 del 2011, modificó la ley de regalías y en resumen constituyó seis Fondos, los cuales aportan recursos para los municipios mineros, para municipios pobres no mineros y en el caso del Cesar, para la Gobernación, que se lleva la mayor cantidad de regalías. No olvidemos que éstas no son un impuesto, sino el precio de los recursos naturales no renovables del subsuelo, que pertenece al Estado colombiano y que las compañías que lo explotan deben pagar al Gobierno de turno.
A pesar de que dicho Acto Legislativo recortó las asignaciones directas para los municipios y departamentos productores, el Cesar sigue teniendo una considerable suma de recursos que son importante fuente de desarrollo, en caso de ser usada de manera eficiente y transparente.
¿En qué se invierten las Regalías?
La asignación de los recursos de regalías se invierte en primer término en “cemento”, con un sesgo urbano. Hay más pavimentación de vías urbanas y construcción de carreteras que inversión en placa huellas o arreglo de vías rurales. El segundo sector gran receptor de inversión es el educativo, donde hay esfuerzos importantes en infraestructura (campus universitario, colegios) y también recursos para mejorar la calidad de la educación (capacitación docentes, preparación pruebas Saber). En tercer lugar tenemos el rubro vivienda, que en los municipios mineros incluyen principalmente parques, palacios municipales, plazas, ajustes del POT y solamente en el caso de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Gobernación incorporan la construcción de viviendas.
Posteriormente, están los rubros de cultura, recreación y deportes; salud y protección social y en sexto lugar agua potable y saneamiento básico, curiosamente una de las necesidades más sentidas en el cordón minero. Finalmente, La Jagua de Ibirico es el municipio que más ha destinado recursos de sus regalías al sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible (10 %), seguido por Codazzi y Becerril (7 % y 6 %, respectivamente).
Una primera gran conclusión tiene que ver con la recomendación que hacen los economistas sociales que la priorización del gasto debe hacerse de acuerdo con las necesidades más sentidas de las regiones, siendo acueducto y alcantarillado una de ellas. Este principio básico y elemental, no se está cumpliendo. Dos ejemplos: tres municipios mineros invirtieron alrededor de $ 9.000 millones en arreglo de cementerios y en reciente OCAD Regional, uno de ellos, de $ 12.000 millones aprobados, $ 5.000 millones fueron asignados para la construcción de dos plazoletas. Una de las razones por las cuáles no disminuye la pobreza en el Cesar, es porque no se hacen las inversiones en los sectores con las necesidades más apremiantes.
En el gráfico anexo, se aprecia claramente que las principales privaciones de los habitantes de los municipios del Cesar, son alcantarillado, acueducto, educación y vivienda y sin embargo la priorización del gasto, no va en ese mismo orden. Así, es muy difícil mejorar.
Las regalías y la pobreza rural en el Cesar
Existen en Colombia, dos maneras de medir la pobreza. Una, a través de lo que se conoce cómo pobreza monetaria, que consiste en determinar un límite en dinero, a partir del cual quien esté por debajo se considera pobre y quien esté por encima no-pobre. Para el Cesar, ese monto es de alrededor de $ 950.000 mensuales, para una familia de cuatro personas.
La otra manera, es a través del IPM o Índice de Pobreza Multidimensional, que consiste en una medida integral, que incorpora cinco dimensiones no monetarias (salud, vivienda, trabajo, infancia y educación) y quince variables. Dicha medida considera pobre a la familia que no tenga cumplimiento en 5 de las 15 variables. Lo importante de ésta medida es que lograr que el IPM disminuya, depende en gran medida de la inversión social que debe hacer el Estado. Es con los recursos del gasto social gubernamental, y en éste, con las regalías, que se puede disminuir dicho índice de pobreza.
Teniendo en cuenta que están recientes los datos del censo agropecuario del 2014-2015, que nos permite hacer análisis del IPM rural de los municipios de una parte. De otra parte, la pobreza rural triplica a la urbana a nivel nacional y por último en el proceso de construcción de paz y postconflicto en que se halla inmersa la Nación, el campo y lo rural deben ser atendidos prioritariamente, bien vale la pena que hagamos un análisis bajo esa perspectiva: lo rural.
Podemos sacar varias conclusiones:
Hay dos municipios que se destacan, uno por sus difíciles condiciones sociales, Pueblo Bello, y con muy pocos avances en el tiempo en desarrollo social, que es lo que preocupa. Es muy pobre y no mejora. En un período de 10 años, poco hizo en cuanto a acceso a bienes públicos para sus habitantes, en particular para la población indígena y campesina. El otro, San Alberto, que ha hecho un excelente trabajo en lucha contra la pobreza y se convierte en un ejemplo a estudiar, y a seguir por sus buenas prácticas en desarrollo, de las cuales los otros municipios cesarenses deberían nutrirse.
Una segunda conclusión, es claro que las regalías no han hecho la diferencia en lo social. Si observamos la tabla que asigna los puntajes del IPM, vemos que de los ocho municipios menos pobres del Cesar, ninguno es minero, al contrario, éstos se encuentran en la parte superior de la tabla (los más pobres). Adicional, para el 2005 ninguno de los municipios del Cesar tenía un IPM rural inferior a 77 %, pero mientras algunos lo han reducido considerablemente (San Alberto 27 %, Tamalameque 46 % o Gamarra 51%) los municipios mineros no han podido materializar sus recursos en mejor calidad de vida para la gente del campo.
Finalmente, sólo un municipio, San Alberto, tiene un IPM menor al promedio nacional en 2014, todos los demás lo superan, y lo preocupante es que el ritmo al cual viene disminuyendo la pobreza multidimensional municipal en el Cesar es muy lento. Casi en todos los municipios es menor a la velocidad, esa sí, acelerada, con que viene disminuyendo la pobreza a nivel nacional. Nos está dejando el tren.
El desarrollo institucional de los municipios mineros
Para culminar este corto recorrido por el uso e impacto de las regalías, demos una mirada a lo que se llama el Índice de Desempeño Integral, que produce el DNP, para mirar el avance institucional de las administraciones municipales. Este índice lo componen cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal.
De otra parte, es bien sabido que a medida que se manejan y se tienen más recursos, también debería existir una institucionalidad más robusta, para que el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de los recursos públicos sean lo más eficiente y transparente posible. En el cuadro anexo, está la calificación del Índice para el último año disponible, 2015, de los 1.101 municipios colombianos. Los datos son elocuentes. Hay 10 municipios cesarenses en los últimos 100, el primero, es La Jagua en el puesto 273, y más de la mitad de los municipios están en el 25 % de peor desempeño. Hay que trabajar el tema de capacitación y formación de los funcionarios públicos con mucha dedicación. No existirán buenas inversiones, si no hay buenos servidores públicos.
Conclusiones y Recomendaciones
Economista, M. Sc London School of Economics. M.A University of Manchester (U.K).
Equipo de Investigación y Mapas: Dayana Mahecha, economista. Diego Herrera, politólogo.
El economista Fernando Herrera Araujo hoy explicará en un conversatorio que se realizará a las 9:00 de la mañana, cuál ha sido el impacto de la inversión de los recursos de regalías, especialmente porque según su análisis la mayor parte de estos dineros se ha destinado a cemento urbano, educación y vivienda, y en menor grado en cultura, recreación y deportes, salud y protección social, y en sexto lugar agua potable y saneamiento básico, curiosamente una de las necesidades más sentidas en los municipios del cordón minero.
Después del Sistema General de Participaciones, las regalías son la segunda fuente más importante de ingresos departamentales y la primera de los municipios mineros del Cesar. Por esta razón, es conveniente ver el impacto social y económico que generan en el territorio. Son de un potencial extraordinario que le permitiría a los gobernantes, realizar verdaderas transformaciones socio-económicas y mejorar el nivel de vida de los más vulnerables. Lamentablemente, esa no ha sido la historia del Departamento y nos proponemos mostrar, los claros y oscuros del impacto socio-económico de las regalías del carbón en el Cesar, con énfasis en la situación del sector rural.
Las Regalías: su normatividad
El Acto Legislativo 05 del 2011, modificó la ley de regalías y en resumen constituyó seis Fondos, los cuales aportan recursos para los municipios mineros, para municipios pobres no mineros y en el caso del Cesar, para la Gobernación, que se lleva la mayor cantidad de regalías. No olvidemos que éstas no son un impuesto, sino el precio de los recursos naturales no renovables del subsuelo, que pertenece al Estado colombiano y que las compañías que lo explotan deben pagar al Gobierno de turno.
A pesar de que dicho Acto Legislativo recortó las asignaciones directas para los municipios y departamentos productores, el Cesar sigue teniendo una considerable suma de recursos que son importante fuente de desarrollo, en caso de ser usada de manera eficiente y transparente.
¿En qué se invierten las Regalías?
La asignación de los recursos de regalías se invierte en primer término en “cemento”, con un sesgo urbano. Hay más pavimentación de vías urbanas y construcción de carreteras que inversión en placa huellas o arreglo de vías rurales. El segundo sector gran receptor de inversión es el educativo, donde hay esfuerzos importantes en infraestructura (campus universitario, colegios) y también recursos para mejorar la calidad de la educación (capacitación docentes, preparación pruebas Saber). En tercer lugar tenemos el rubro vivienda, que en los municipios mineros incluyen principalmente parques, palacios municipales, plazas, ajustes del POT y solamente en el caso de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Gobernación incorporan la construcción de viviendas.
Posteriormente, están los rubros de cultura, recreación y deportes; salud y protección social y en sexto lugar agua potable y saneamiento básico, curiosamente una de las necesidades más sentidas en el cordón minero. Finalmente, La Jagua de Ibirico es el municipio que más ha destinado recursos de sus regalías al sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible (10 %), seguido por Codazzi y Becerril (7 % y 6 %, respectivamente).
Una primera gran conclusión tiene que ver con la recomendación que hacen los economistas sociales que la priorización del gasto debe hacerse de acuerdo con las necesidades más sentidas de las regiones, siendo acueducto y alcantarillado una de ellas. Este principio básico y elemental, no se está cumpliendo. Dos ejemplos: tres municipios mineros invirtieron alrededor de $ 9.000 millones en arreglo de cementerios y en reciente OCAD Regional, uno de ellos, de $ 12.000 millones aprobados, $ 5.000 millones fueron asignados para la construcción de dos plazoletas. Una de las razones por las cuáles no disminuye la pobreza en el Cesar, es porque no se hacen las inversiones en los sectores con las necesidades más apremiantes.
En el gráfico anexo, se aprecia claramente que las principales privaciones de los habitantes de los municipios del Cesar, son alcantarillado, acueducto, educación y vivienda y sin embargo la priorización del gasto, no va en ese mismo orden. Así, es muy difícil mejorar.
Las regalías y la pobreza rural en el Cesar
Existen en Colombia, dos maneras de medir la pobreza. Una, a través de lo que se conoce cómo pobreza monetaria, que consiste en determinar un límite en dinero, a partir del cual quien esté por debajo se considera pobre y quien esté por encima no-pobre. Para el Cesar, ese monto es de alrededor de $ 950.000 mensuales, para una familia de cuatro personas.
La otra manera, es a través del IPM o Índice de Pobreza Multidimensional, que consiste en una medida integral, que incorpora cinco dimensiones no monetarias (salud, vivienda, trabajo, infancia y educación) y quince variables. Dicha medida considera pobre a la familia que no tenga cumplimiento en 5 de las 15 variables. Lo importante de ésta medida es que lograr que el IPM disminuya, depende en gran medida de la inversión social que debe hacer el Estado. Es con los recursos del gasto social gubernamental, y en éste, con las regalías, que se puede disminuir dicho índice de pobreza.
Teniendo en cuenta que están recientes los datos del censo agropecuario del 2014-2015, que nos permite hacer análisis del IPM rural de los municipios de una parte. De otra parte, la pobreza rural triplica a la urbana a nivel nacional y por último en el proceso de construcción de paz y postconflicto en que se halla inmersa la Nación, el campo y lo rural deben ser atendidos prioritariamente, bien vale la pena que hagamos un análisis bajo esa perspectiva: lo rural.
Podemos sacar varias conclusiones:
Hay dos municipios que se destacan, uno por sus difíciles condiciones sociales, Pueblo Bello, y con muy pocos avances en el tiempo en desarrollo social, que es lo que preocupa. Es muy pobre y no mejora. En un período de 10 años, poco hizo en cuanto a acceso a bienes públicos para sus habitantes, en particular para la población indígena y campesina. El otro, San Alberto, que ha hecho un excelente trabajo en lucha contra la pobreza y se convierte en un ejemplo a estudiar, y a seguir por sus buenas prácticas en desarrollo, de las cuales los otros municipios cesarenses deberían nutrirse.
Una segunda conclusión, es claro que las regalías no han hecho la diferencia en lo social. Si observamos la tabla que asigna los puntajes del IPM, vemos que de los ocho municipios menos pobres del Cesar, ninguno es minero, al contrario, éstos se encuentran en la parte superior de la tabla (los más pobres). Adicional, para el 2005 ninguno de los municipios del Cesar tenía un IPM rural inferior a 77 %, pero mientras algunos lo han reducido considerablemente (San Alberto 27 %, Tamalameque 46 % o Gamarra 51%) los municipios mineros no han podido materializar sus recursos en mejor calidad de vida para la gente del campo.
Finalmente, sólo un municipio, San Alberto, tiene un IPM menor al promedio nacional en 2014, todos los demás lo superan, y lo preocupante es que el ritmo al cual viene disminuyendo la pobreza multidimensional municipal en el Cesar es muy lento. Casi en todos los municipios es menor a la velocidad, esa sí, acelerada, con que viene disminuyendo la pobreza a nivel nacional. Nos está dejando el tren.
El desarrollo institucional de los municipios mineros
Para culminar este corto recorrido por el uso e impacto de las regalías, demos una mirada a lo que se llama el Índice de Desempeño Integral, que produce el DNP, para mirar el avance institucional de las administraciones municipales. Este índice lo componen cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal.
De otra parte, es bien sabido que a medida que se manejan y se tienen más recursos, también debería existir una institucionalidad más robusta, para que el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de los recursos públicos sean lo más eficiente y transparente posible. En el cuadro anexo, está la calificación del Índice para el último año disponible, 2015, de los 1.101 municipios colombianos. Los datos son elocuentes. Hay 10 municipios cesarenses en los últimos 100, el primero, es La Jagua en el puesto 273, y más de la mitad de los municipios están en el 25 % de peor desempeño. Hay que trabajar el tema de capacitación y formación de los funcionarios públicos con mucha dedicación. No existirán buenas inversiones, si no hay buenos servidores públicos.
Conclusiones y Recomendaciones
Economista, M. Sc London School of Economics. M.A University of Manchester (U.K).
Equipo de Investigación y Mapas: Dayana Mahecha, economista. Diego Herrera, politólogo.