Una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas fueron involucrados por la Contraloría General de la República como presuntos responsables de irregularidades detectadas en los recursos del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Cesar.

El organismo de control abrió los procesos de responsabilidad fiscal en el que hay comprometidos al menos 8.518 millones de pesos, según datos entregados por el gerente de la Contraloría Departamental en el Cesar, Juan Jaime Celedón, durante la rendición de cuentas realizada ayer en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Valledupar

Entre los investigados aparece el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo; el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla; el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, este último vinculado a dos procesos.

Además aparecen nombres como el secretario de educación del Cesar, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez; el secretario general del departamento, Jaime Luis Fuentes; el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga; el secretario de educación municipal, Luis Carlos Matute y el exsecretario de educación de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote.

En ese mismo proceso aparecen involucrados, según reveló la contraloría departamental, el exsecretario de educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermúdez; el exjefe de planeación de Gamarra, Álvaro Alberto Clavijo, y Octavio Lafont, un supervisor de contratos de la Gobernación del Cesar.

“Estos procesos de responsabilidad fiscal son algunos de los casos emblemáticos que se ha tramitado durante el último año”, aseguró la gerencia departamental del organismo de control.

Otra actuación relevante de la Contraloría General de la Nación es el fallo por 1.467 millones de pesos contra Mauricio Galofre Amin, exdirectivo del llamado Grupo Nule, por daño patrimonial a los recursos de regalías del presupuesto de la Gobernación del Cesar.

Según Juan Jaime Celedón, Galofre actuaba como miembro y representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, contratista de una obra receptora de anticipos pagados por la Gobernación del Cesar, calculados en 1.190 millones de pesos que no se invirtieron en la misma y según la Contraloría, fueron desviados.

Chiriguaná y San Martín

El fallo con responsabilidad fiscal se presentó dentro del proceso verbal iniciado en el contrato de obra para la pavimentación de vías en los municipios de Chiriguaná y San Martín. Después de múltiples suspensiones y prórrogas, los plazos contractuales se vencieron sin que nunca se diera apertura a la obra.

A lo anterior se suman dos procesos de relevancia debido a la cuantía y significación que tienen.

En una resultó afectada la Alcaldía de Valledupar por 1.328 millones de pesos que halló como responsable a Carlos Mario Jiménez Rogero, quien “se apropió de manera ilegal y sistemática durante varios años de recursos destinados para la educación municipal realizando traslados indebidos a cuentas de particulares, se profirió un fallo con responsabilidad y en estos momentos las diligencias se encuentran en cobro coactivo”.

En la misma rendición de cuentas, el órgano de control reveló la acción ilícita en la que resultó afectado el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. Allí, según la Contraloría Departamental, hallaron como responsables a Fabián Pérez Jiménez y Oswaldo de Jesús Montero Maestre por presuntamente haber desviado 400 millones de pesos que fueron a parar a cuentas particulares. Ambas personas se encuentran privadas de la libertad.

Los hallazgos

Entre agosto de 2016 y septiembre de 2017 la Contraloría detectó 27 hallazgos de responsabilidad fiscal por 4.200 millones de pesos y otra por 10.200 millones de pesos, además existen 228 procesos de la misma naturaleza. “Los mayores hallazgos tienen que ver con la alimentación escolar en el departamento del Cesar, hay sobrecostos en los insumos, en la mayoría de los casos cobran la cantidad contratada y no concuerda con lo que se recibe”, reveló el gerente de la Contraloría General del Cesar.

El principal objetivo de la determinación de la responsabilidad fiscal es recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público. La principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal es a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.

Podrá iniciar cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas, en el momento que las entidades vigiladas así lo soliciten, y como consecuencia de las auditorías realizadas por las Contralorías.

En ese orden de ideas, la gerencia departamental colegiada del Cesar, adelanta actualmente 228 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía investigada de más de 116 mil trescientos millones de pesos, de los cuales 164 se siguen por el procedimiento ordinario y 64 por el procedimiento verbal.

“No debemos olvidar las nuevas exigencias que fueron fijadas por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, en la cual se estableció una mayor rigurosidad al momento de estudiar el hallazgo a fin de aperturar el proceso de responsabilidad, bajo el procedimiento verbal, ya que según lo establecido en el literal a) del artículo 98 de la referida ley, debe estar objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal a efectos de dictar auto de apertura e imputación de responsabilidad”, explicó Juan Jaime Celedón.

“Estamos dando la batalla”

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, celebró que “el ente de control está dándole la batalla a la corrupción”.

De manera virtual, Maya Villazón envió un mensaje de satisfacción a los colombianos. “Hoy los colombianos se preguntan si hay más corrupción que antes y esa respuesta es literalmente difícil.

Ahora somos más eficientes y eficaces que antes, los organismos de control estamos unidos trabajando conjuntamente para ganar la lucha frente a la corrupción, somos 4.200 funcionarios”, aseguró el contralor.

En su tercer año al frente de este órgano de control, Maya Villazón aseguró que “estoy satisfecho porque hemos entregado resultados, pero nos falta más, entre 75 entidades del país ocupamos el quinto lugar en eficiencia, hasta agosto de 2017 hemos recuperado 221 mil millones de pesos que estaban en manos de los corruptos, es decir, 340 millones de pesos por día. Hemos encontrado 358 hallazgos del orden nacional y 738 en las 31 gerencias en todo el país”.

El tema de Electricaribe también estuvo en la agenda de Maya Villazón asegurando que “en la vigilancia que le hicimos a la empresa de energía en la Costa Atlántica relacionamos 19 millones de recibos y encontramos que habían más de 78 mil millones de pesos que el operador no había transferido a los ciudadanos más necesitados de los estratos uno y dos. Hemos descubiertos grandes desfalcos como el de Reficar, Juegos Nacionales y los programas de Alimentación Escolar dirigido a 8 millones de niños en Colombia”.

Por último, el contralor general hizo un llamado al sector privado para velar por los recursos del estado. “Cuando una empresa privada paga coimas está destruyendo al país y para eso debe haber una condena social”, puntualizó.

La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y a otras entidades.

La Contraloría General de la República, como ente de control, presentó el informe de la Audiencia Pública Regional correspondiente al Departamento de Cesar, en donde se reflejaron los temas relevantes que la entidad debe comunicar, así como los intereses de la ciudadanía, expresados a través de la consulta previa, donde la comunidad sugirió la información que deseaba escuchar acerca de la gestión y procesos, promoviendo de esta manera el diálogo en doble vía y la retroalimentación.

Los hallazgos

Fiscales 46
Disciplinarios 97
Penales 4
Total 14 mil millones cuatrocientos mil pesos

Los recaudos

En el periodo agosto 2016 agosto 2017, se han recaudado las siguientes sumas de dinero:

En el curso de procesos de responsabilidad fiscal y fallos: Ciento veintinueve millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos.

En procesos de jurisdicción coactiva: Cuatrocientos veinticuatro millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cinco pesos.

En etapas preprocesales como tramites de hallazgos e indagaciones preliminares: Sesenta y un millones setecientos cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos
Total recaudado: 616 millones de pesos.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN