La independencia de los organismos de control es un pilar fundamental para el equilibrio de poderes y la correcta vigilancia de los recursos públicos en cualquier democracia. Sin embargo, en el departamento del Cesar, las recientes elecciones y nombramientos en las cabezas de las procuradurías y contralorías han generado interrogantes sobre la autonomía de estas entidades.
Al revisar las hojas de vida y el pasado, varios funcionarios tienen sello político, y según conocedores, obedecen a cuotas políticas que afectan su independencia. Vamos paso a paso.
De la campaña al despacho, el caso de Angélica Olarte
El nombramiento más reciente y llamativo es el de Angélica Olarte, quien tomó posesión como procuradora regional de Instrucción del Cesar el pasado 4 de febrero de 2026. Olarte llegó en reemplazo de Miguel Rocha, declarado insubsistente en medio de versiones sobre posibles presiones políticas.
Contexto: De jefe de campaña de los Gnecco a procuradora regional del Cesar
Apenas dos semanas antes de su posesión, Olarte se desempeñaba como jefa de campaña del senador José Alfredo Gnecco, su padrino político. Este tránsito directo, “sin periodos de enfriamiento”, de liderar la estrategia electoral de una casa política a investigar disciplinariamente a los funcionarios del departamento, muchos de ellos aliados o rivales de dicha casa, plantea un escenario complejo para la imparcialidad que exige el Código General Disciplinario.
Juan Francisco Villazón, el ‘enroque’ en la Contraloría
La elección de Juan Francisco Villazón como contralor de Valledupar para el periodo 2026-2030 también estuvo marcada por señalamientos sobre su origen político.
Villazón, quien venía de ejercer como contralor departamental del Cesar, fue elegido el 23 de enero de 2026 por el Concejo de Valledupar con 11 votos a favor. Durante el proceso, diversas fuentes señalaron que su nombre contaba con el respaldo directo de la casa Gnecco, sector con el que ha mantenido cercanía histórica y que también influyó en su gestión como alcalde de Pueblo Bello.
La polémica se avivó cuando el Concejo modificó una resolución interna, un movimiento que, según denuncias de veedores y opositores, buscaba evitar que Villazón quedara inhabilitado para pasar directamente del control fiscal departamental al municipal.
De exsecretario a contralor departamental
La Asamblea del Cesar eligió a Luis José Rodríguez Torres como contralor departamental para el periodo 2026-2029, siguiendo la tradición de tener a una persona cercana o un familiar en la entidad departamental.
Rodríguez Torres fue secretario de Educación Departamental entre 2018 y 2019, durante el mandato de Franco Ovalle, y recientemente se desempeñó como secretario general de la UPC. Su elección, hecha el pasado 24 de diciembre de 2025, con 8 votos a favor de 11 posibles, garantiza que la vigilancia fiscal del departamento siga en manos de un alfil cercano.
Javier Martínez, la cuota en la Gerencia Colegiada
El mapa de los entes de control lo complementa la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, cargo que desde abril de 2023 ocupa Javier Martínez Daza.
Su designación hizo parte del cumplimiento de compromisos burocráticos con el congresista conservador Alfredo ‘Ape’ Cuello. Martínez es hijo de Joaquín ‘Joaco’ Martínez, exconcejal y reconocido por históricamente liderar las campañas de Cuello en Valledupar.
El nombramiento se dio luego de una serie de vaivenes administrativos en los que, inicialmente, se había considerado al exdirector de Indupal, Elmer Jiménez, cuyo proceso fue frenado para dar paso a Martínez.
El grupo del congresista conservador mantiene una ficha cercana en la entidad encargada de la vigilancia directa sobre las regalías y los recursos del orden nacional que llegan al departamento.
Ronald Calderón y su supuesta cercanía con los Gnecco
El círculo de los entes de control cierra con la Fiscalía General de la Nación. En el Cesar, la dirección está a cargo de Ronald Calderón. Según Jacobo Solano, existe una red de conexiones que comprometería la imparcialidad del funcionario frente a casos de corrupción en la región.
El conflicto de intereses tendría como eje a María Consuelo Gómez Argüelles, esposa del fiscal, quien figura como contratista de la Gobernación del Cesar y ha tenido vínculos laborales con administraciones de la casa Gnecco, incluidas aquellas cuestionadas judicialmente por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La investigación de Solano profundiza en los nexos comerciales de la cónyuge del fiscal, revelando su participación accionaria en la empresa ‘Huevos King del Valle’ junto a Fabián Dangond Rosado. Este último es hijo de Katia Rosado, conocida como ‘La Ministra’ y señalada de liderar un entramado de contratación del PAE en la región Caribe.
