Llega la noche en la carrera 7 con calle 45, barrio San Fernando, y un número indeterminado de personas en condición de calle se preparaba para dormir en cambuches.

Drogadictos, alcohólicos, y hasta refugiados que llegaron de Venezuela dormían en los tres ranchos que aún hoy se ven desde La Terminal de Transportes en el lote abandonado por sus propietarios, los Gutiérrez Dangond, desde hace años. Pero de ese mismo terreno fueron desalojados los invasores el 22 de julio. Un día antes EL PILÓN registró en sus páginas el terrible panorama de la indigencia y drogadicción que lo habita. Luego de 24 horas de la intervención de la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía del Cesar, el predio estaba nuevamente ocupado por estas personas, que hacen parte del círculo vicioso que padece este y otros predios similares en la ciudad.

La comunidad víctima de los fenómenos sociales que de estos lotes surgen está cansada de quejarse. La Policía Nacional, cuando se coordina con el Gobierno local, interviene y despeja, y al día siguiente todo vuelve a la anormalidad.

¿Qué hacer para de una vez por todas acabar el problema? El asunto es que aunque existe la Ley 1801 de 2016, Artículo 77, numeral 4, que establece comparendos por “omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones”, pero no ha arrojado los mejores resultados.

A Luis Felipe Gutiérrez Dangond le figura un comparendo del 23 de abril de 2018 por incurrir en esta falta al Código de Policía. Pero el lote sigue siendo “una llaga en el cuerpo de la comunidad”, frase de Armando Rincones, presidente de la Asocomuna dos, en donde está ubicado el problemático predio. “Es como cuando estas enfermo y te dan una cucharada a ver si te alivias pero sigue la misma fiebre, dolor de cabeza. Esto ha causado tantas problemas en la comunidad…”, agregó Rincones.

Este comparendo realizado por un subcomisario de la Policía del Cesar no supera el millón de pesos, según le confirmó una fuente de la Alcaldía de Valledupar a EL PILÓN. Entonces, de dónde salen los “hasta 21 millones de pesos en sanciones” a los que se refiere Gonzalo Arzuza, secretario de Gobierno Municipal.

“Se trata de la reincidencia. Si un propietario de lote sin cerramiento persiste en la conducta establecida en el Código de Policía, la sanción puede subir hasta ese monto”, explicó el abogado de la Oficina de Espacio Público, Andrés Martínez.

Por su parte, el secretario Arzuza, que lideró junto a la Policía del Cesar la intervención al lote de San Fernando el pasado 22 de julio, aseguró que no se detendrá hasta sentar un precedente en las sanciones a los propietarios de lotes abandonados.

“La familia Gutiérrez Dangond quiere tener el lote de engorde, pero no cumplir con sus deberes. Hasta 21 millones de pesos para los reincidentes, que generan problemas a la seguridad, no están cuidando el bien que les toca, vamos a proceder a aplicar la sanción especial sin ninguna contemplación. Estamos haciendo el procedimiento administrativo, las pruebas están dadas”, aseguró el secretario.

Lotes problemáticos

El lote de Ava Carvajal entre Alamos III y La Fontana, Comuna 4 de Valledupar, es de los más reincidentes que haya registrado EL PILÓN. Según la Oficina de Espacio Público, con el exalcalde se han hecho compromisos; el político ha pedido espera, pero el problema persiste, y es en este predio en inmediaciones del popular ‘Terminalito’ que persiste un cambuche, ‘olla’ de droga a cielo abierto, que perjudica a los vecinos.

El lote de los cerca de 30 herederos de Maria Concepción ‘Concha’ Moreno, que limita con el barrio Cinco de Enero es un problema de vieja data. Aunque cabe resaltar que con los compromisos pactados en los años recientes, el predio en su parte aledaña a la carrera 23 se ha recuperado, al punto de ser escenario de eventos durante el Festival Vallenato. “Nos sentamos con los abogados de los herederos de Concha Moreno para llegar a un acuerdo, pero ellos aseguran que el cerramiento de la parte posterior los dejó sin recursos, tenemos entendido que se gastaron como 30 o 40 millones de pesos (en el cerramiento – mantenimiento)”, agregó el abogado Martínez, de la Oficina de Espacio Público.

Lote Ovalle

Un predio también célebre por causar problemas de inseguridad, sanitarios, entre otros, es el de propiedad de José Luis Ovalle, punto donde concluye el canal de Panamá, inmediaciones de la carrera 4 con calle 44. “Ahí no habían hecho cerramiento porque unas máquinas del Siva estaban parqueadas. Esperamos que ahora se cumpla”, expresó el abogado contratista de Espacio Público.

Sin embargo, allí es la comunidad la que deposita podas y escombros en estos lugares, situación permitida por propietarios de lotes sin cerramiento.

Lote San Fernando

Predio que origina este informe. El líder Armando Rincones asegura que aunque este lote es el más problemático, hay otros en su comuna que generan inseguridad, botaderos de basura, como el que está ubicado detrás de la urbanización Ciudad Quintero.

Y como Rincones hay otros líderes pidiendo con urgencia la intervención de predios abandonados. Tal es el caso de Ciro Guerra en La Nevada, quien asegura que el lote de la diagonal 10, junto al megacolegio Ricardo González, propiedad del municipio, es un foco de inseguridad que nadie atiende.

“Lo cogen para meter droga, para robar. Eso es entre Villa Tayrona y La Nevada. Eso siempre lo hemos limpiado nosotros pero la gente se ha quedado tranquila porque la administración (Alcaldía) está tranquila. Hace unos 8 meses que no se limpia”, manifestó Guerra.

Casos exitosos

“Nosotros encontramos un cúmulo inmenso de solicitudes de lotes enmontados. Por ejemplo, el lote frente a la UNAD, propiedad de Óscar Guerra y del fallecido Jaime Soto, son más de 10 hectáreas. Empezamos una campaña llamando al propietario, buscando un acuerdo entre partes, aportándoles maquinaria, con apoyo de Interaseo. Allí el propietario se gastó aproximadamente 40 millones de pesos en cerramiento y quedó cerrado”, informó el abogado Andrés Martínez.

Y así ocurrió con el lote cercano al colegio Comfacesar, avenida Sierra Nevada, propiedad de Gassam Manaa Osman, que actualmente está cerrado, luego de quejas constantes de la comunidad, aseguró el Gobierno.

También el lote de José Luis Oñate, frente al predio de la carrera 4 con calle 44. Cerca del pabellón del pescado, aproximadamente 3 hectáreas del municipio, la situación fue recurrente pero al parecer fue superada la problemática, hasta ahora.