La tala indiscriminada, los asentamientos ilegales y la delincuencia, son los males que vienen afectando al cerro de La Paz, una pequeña montaña considerada el pulmón de este municipio del departamento del Cesar.

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Para algunos pobladores de la región, la zona natural es objeto de destrucción por la mano del hombre desde hace años atrás que invadió el predio.

Daniel Morón Oñate, director ejecutivo de la ‘Fundación Trabajemos Juntos’, comunicó que dentro de los análisis realizados se estima que aproximadamente más de dos mil personas están asentadas informalmente en el cerro. Entre ellos existen familias venezolanas y colombianas golpeadas por el desempleo y la carencia de una vivienda digna.

No obstante, al problema, se suma otro en materia ambiental que paralelamente se desarrolla en la montaña por la deforestación y producción de carbón vegetal.  

“Esto ha traído como consecuencia la destrucción de los recursos naturales de la fauna y la flora del mismo cerro, la destrucción de árboles desde muchos años para ellos poder construir sus ranchos. El cerro es una reserva natural que nosotros tenemos, es el pulmón de los pacíficos, entonces si no se toman medidas pertinentes para solucionar el problema nos vamos a quedar sin pulmón”, manifestó  Morón Oñate.

Explicó además, que las familias allí asentadas también están expuestas a riesgos de desastres naturales porque el sector en el que edificaron sus humildes casas no es apto para la urbanización.

Asimismo, los inmuebles construidos con ladrillos, tablas y concreto, están rodeados en una parte de antenas telefónicas, que podrían generar daño en la salud.

“Son tan irresponsables que cogen hasta dos hectáreas de tierra, cercándolas con alambres de púas, haciendo posesión del cerro; es decir, que no solo se proyectan para el tema de la vivienda sino también para la explotación de ganadería u otras actividades”, aseveró Oñate.

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De acuerdo a las indagaciones efectuadas por la ‘Fundación Trabajemos Juntos’, las invasiones se generaron en el año 2016 y desde entonces se incrementaron por la crisis socioeconómica del hermano país de Venezuela a causa de la migración de esa población.

TALA

A su vez, según la denuncia de los habitantes, un grupo de personas estaría sacando provecho de los recursos naturales haciendo talas con fines comerciales.

Simón Pinto, propietario de finca, aseguró que en diferentes oportunidades evidenció la destrucción de los árboles en determinados puntos del cerro.

“En la finca hemos venido teniendo problemas con talas ilegales y robo de madera, situación que ha pasado desde hace tiempo pero en menos de un año se convirtió en un problema constante. Además de la madera, hacen carbón vegetal”, acotó Pinto.

Asimismo, la producción del carbón vegetal en el transcurso de su elaboración por la quema de madera, genera contaminación en la atmosfera y perjudica a los habitantes aledaños.

INSEGURIDAD

El cerro también se convirtió en el epicentro predilecto para cometer hurtos contra los ciudadanos que transitan por el lugar.

Según los voceros comunitarios, con el inicio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus muchos ciudadanos salían a realizar actividades al aire libre y eran asaltados.

“Ahí hay formación de clanes delincuenciales en la parte norte y sur del cerro, los delincuentes se aprovechan que estamos en tiempo de pandemia y hay poca autoridad”, comentó Dilia Pinto.

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No obstante, recientemente la Policía Nacional en un operativo conjunto con el Ejército, logró capturar a 12 sujetos señalados de conformar la banda delincuencial ‘Las cuchillas del cerro’.

Según las autoridades, estos precisamente cometían hurtos en el cerro de La Paz y a los conductores en los reductores de velocidad ubicados a las entradas de este municipio y en la salida a San Diego.

Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego tipo pistola artesanal, dos cartuchos calibre 9 milímetro, un arma de fuego tipo escopeta calibre 20, doble cañón, estupefacientes base de coca y diferentes armas blancas.  

Los detenidos fueron Oscar Moscote de Ángel, alias ‘pichola’, jefe de la estructura criminal; Calet Mejía de Ángel; Sebastián Cotes, alias ‘mogu’; Andrés Mejía; Juan Romero, alias ‘caquito’ y Edwin Mejía Ramos, alias ‘caco’, quienes fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir simple, hurto calificado agravado, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, en la redada fueron capturadas Angie Mieles de Ángel; Karolan Sierra Petro; Carlos Mieles; Bréiner Mieles de Ángel; Jhonatan Mieles de Ángel y Carlos Peñate, acusados de los delitos de porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

La ‘Fundación Trabajemos Juntos’ el 30 de junio del presente año presentó ante la Alcaldía de La Paz un oficio en el que instó a la administración a unir esfuerzos para encontrar una solución que permita terminar la invasión en el cerro.

En el documento conocido por este medio de comunicación solicitan encontrar medidas en las que no se vulneren los derechos de los invasores y se pueda recuperar y restaurar el valor ambiental del macro ambiente natural.

 El secretario de Gobierno de La Paz,  Alexis José Oñate Fuenmayor, comunicó que se encuentran analizando los inconvenientes en el cerro.

“Lo que pasa es que nosotros para entrar a intervenir no es fácil porque si hay niños también se tiene que tener en cuenta el Instituto de Bienestar Familiar, si hay ancianos, a los defensores del pueblo; entonces se va agudizando la crisis y nos va colocando la problemática más riesgosa porque tenemos que respetar también los derechos humanos de los que habitan allá. No tenemos un albergue para decir que los vamos a reubicar porque para nadie es un secreto que el municipio tiene unos recursos precarios”, dijo el funcionario.

Agregó que aun así tienen previsto buscar las estrategias, diseñarlas e implementar un plan de choque que detenga el daño ambiental.

“Una vez obtenido el conocimiento vamos a notificar a Corpocesar, la jefatura de control ambiental, personería municipal y autoridades competentes, para ponernos al frente de la situación”, finalizó Oñate Fuenmayor, quien recalcó que la problemática viene desde años atrás.