Un sentimiento de “alivio” fue lo que sintieron los habitantes de las invasiones del predio Sabana 1, cuando este lunes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó Valledupar y realizó un recorrido por dos de los asentamientos humanos ubicados en dicho predio con el propósito de escuchar las necesidades en materia de servicios públicos, acompañamiento familiar, psicosocial, en salud y demás dificultades que padecen las más de 30.000 personas que viven en estas invasiones.

La visita de Marín inició en la Institución Educativa Ricardo González, ubicada en el barrio La Nevada, en donde se realizó una jornada descentralizada de servicios organizada por la Defensoría del Pueblo. En esta actividad se atendió población migrante, víctimas del conflicto armado, desplazados, residentes de invasiones y demás población vulnerable de la ciudad. 

En la jornada estuvieron presentes la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán y el alcalde municipal, Ernesto Orozco, quienes pudieron apreciar la interpretación de poemas alusivos a la paz por parte de estudiantes de la institución educativa y bailes típicos de coloridos grupos de danza que rindieron homenaje al folclor del Cesar. 

De izquierda a derecha, gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco y la Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto: Jesús Ochoa.

También se dispusieron diferentes puestos de emprendimientos donde madres cabeza de hogar, jóvenes, población de las invasiones, entre otras comunidades, le expusieron a la Defensora del Pueblo y a los mandatarios locales los proyectos de negocio con los que obtienen su sustento. Así como también  la necesidad de apoyos financieros para que sean replicados. Los emprendimientos eran desde artesanías hasta productos gastronómicos. 

Mochilas de una madre 

Entre enormes agujas y un rollo de hilo, Marily Monibe, habitante de la invasión Brisas de La Popa, mantiene a sus cuatro hijas haciendo mochilas wayuu, monederos y bolsos pequeños de este material artesanal con el que exalta la cultura de los pueblos indígenas. 

“Hago mochilas de todos los tamaños, decoradas, simples, tradicionales y de todos los colores. De este emprendimiento es que vivo  y con el es que he sacado a mis hijas adelante en la invasión. Tengo más de catorce años viviendo allí y en todos mis años lo que he visto es gente emprendedora que tiene negocios desde fritos hasta artesanías”, dijo esta madre de familia. 

Mujeres cabeza de hogar de las invasiones le apuestan al emprendimiento para subsistir con sus hijos. Foto : Jesús Ochoa.

Relató que es “reinvasora” y que cuando invadió Brisas de La Popa el terreno estaba cubierto de “monte y con un machete lo limpié y monté mi casa”. Acotó que ‘Brisas’ es el único lugar al que llama hogar y que por ello le pide a los gobernantes locales y a la Defensora del Pueblo que se unan para legalizar la invasión porque ella y sus cuatro hijas si son desalojadas no tendrán una casa donde vivir. 

El clamor de las invasiones

Con nerviosismo, pero demostrando una valentía sin precedentes ante el micrófono, habitantes de las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte II, tomaron la palabra y manifestaron al público todas las dificultades en el tema de seguridad, saneamiento básico, atención a la primera infancia, a la familia y a la salud que padecen por ser invasiones ilegales. 

“Tengo 15 años de estar luchando por una vivienda digna para mis hijos. En la casa me preguntan si nos quedamos o nos vamos. Llegamos a Valledupar por una necesidad o un desplazamiento por lo que tuvimos que invadir estos predios. Les digo como una madre cabeza de hogar, una afro y una líder que necesitamos una vivienda”, aseveró Manuela Beltrán, habitante de Los Guasimales. 

Así mismo, la líder de la invasión Brisas de La Popa, Consuelo Blanco, manifestó que en estos asentamientos humanos se están presentando altos índices de maltrato familiar y en especial hacia la mujer. “Tengo tres niños huérfanos porque su mamita fue asesinada. Usted como nuestra defensora por favor ponga la lupa para que nos ayude”. 

Los más de 30.000 habitantes solicitan la legalización el predio ante la falta de planes de viviendas para reubicarlos. Foto : Jesús Ochoa.

Por otro lado, Freddy Martínez, líder de Bello Horizonte 2, puntualizó que otras de las problemáticas que agobian a la población es el poco acceso que tienen al servicio de salud al no disponer de centros médicos. “No tenemos servicios públicos, son 15 y 16 años de estar allí y no tenemos más huecos donde hacer pozas sépticas, las aguas se derraman y eso nos implica un problema de salubridad”.

El recorrido 

Acompañados de niños vestidos de blanco que portaban en sus manos figuras de palomas blancas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín y los mandatarios locales participaron en una actividad en la que colocaron palomas de papel sobre las letras de la palabra (paz) que estaban escritas en una de las zonas verdes del colegio. 

Finalizada esta actividad, los funcionarios públicos se desplazaron hasta la invasión Bello Horizonte II en donde se reunieron en una vivienda con la comunidad. Algunos líderes les manifestaron la precaria situación en la que viven los habitantes de esa zona por la carencia de servicios como saneamiento básico, de aseo, agua potable y una óptima infraestructura vial, de los cuales no gozan por ser un asentamiento humano en un predio privado. 

La comunidad le expuso a los funcionarios públicos las precarias condiciones en las que viven al invitarlos a pasar a sus rudimentarias casas. Foto: Jesús Ochoa.

Con una comitiva de la Defensoría del Pueblo, el recorrido continuó en el asentamiento humano, Brisas de La Popa, en donde los mandatarios locales y la Defensora del Pueblo, Iris Marín, caminaron por las precarias calles de tierra y piedra cubiertas de aguas residuales para conversar con la comunidad y conocer de primera mano la complicada situación sanitaria y de seguridad en la que vive esta población. 

Una habitante del sector aseveró que las casas al estar cercanas a redes artesanales de energía eléctrica, cuando llueve transmiten electricidad a sus hogares, por lo que le pidió a Marín que les ayudara con el proceso de legalización del predio Sabana 1 para que la administración municipal y la Gobernación del Cesar pudieran hacer inversiones infraestructurales en los cuatro asentamientos. 

Inversiones que no dependen de la legalización 

Sobre las peticiones de los habitantes de las invasiones, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, puntualizó que la comunidad hizo “mucho énfasis” en la necesidad de crear casas de acogida para las mujeres debido a la violencia intrafamiliar y violencia de género que se está presentando en las invasiones, y que direccionar recursos para ello “no depende de la legalización”. 

“Hay una buena voluntad tanto del alcalde como de la gobernadora de dar paso a una solución que permita la legalización del predio y se pueda de esta manera extender todas las redes de servicios públicos para la comunidad. El tema de las basuras, una casa de acogida, programas de empleo y  fortalecimiento de ingresos para las personas de estos asentamientos se pueden trabajar sin la legalización”, explicó Marín. 

La época de invierno ha convertido las calles de las invasiones en pantanos de lodo y algunas vivienda se han inundado. Foto: Jesús Ochoa.

Al respecto, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, argumentó que la administración entiende que el “posible desalojo” genera una preocupación y ansiedad en los afectados. “Quiero asegurarles que estamos comprometidos a trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo para encontrar soluciones justas,  equitativas y que se tomen en cuenta las necesidades de los habitantes de estas invasiones”.  

En ese sentido, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, aseveró que el mandatario local no está solo en la búsqueda de legalizar los asentamientos en la ciudad. “Usted no está solo, cuenta con el concurso de mujeres que sabemos lo que se padece al interior del hogar y la familia”. 

La sentencia 

Sobre la Sentencia T-946 emitida por la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, la cual ordena el desalojo de las invasiones Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, ubicadas en el predio Sabana 1 de propiedad de la familia Pimienta, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que las sentencias de la Corte se deben cumplir. 

“Desde la sentencia ha habido un cambio en el contexto y yo creo que los jueces y la Corte pueden tener la información actualizada de la cantidad de personas. Estos asentamientos han crecido y lo más importante es una solución que permita proteger a las personas que están en extrema condiciones de vulnerabilidad sin vulnerar los derechos de las personas propietarias de los predios, es el reto que tenemos”, dijo Marín. 

Los habitante de las cuatro invasiones están dispuestos a aportar un recurso para que sea posible la legalización del predio. Foto : Jesús Ochoa.

Por Namieh Baute Barrios