El anuncio de la empresa antioqueña Construcciones El Cóndor de la terminación anticipada del contrato suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para la concesión vial Cesar-Guajira, despierta preocupación en varios sectores de la región al temer que el Cesar no cuente con carreteras de calidad.

Al respecto, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, planteó la posibilidad de que la concesionaria se quede operando solo en el Cesar, por lo que adelanta junto con la empresa Cóndor varias mesas de trabajo.

“Estamos bajo el escenario de que la firma Cóndor, a través de la concesión Cesar-Guajira, liquidó el contrato para el mantenimiento y rehabilitación de los tramos de 283 kilómetros contemplados en el proyecto, que compartíamos con el departamento de La Guajira. Ese escenario ya tiene un proceso de liquidación ante la ANI; lo que estamos estructurando es un nuevo esquema para que se quede el Cesar con 160 kilómetros, para lograr el alcance de San Roque hasta el municipio de La Paz, la doble calzada Feria Ganadera – La Paz, y la vía nueva Curva del Salguero hasta llegar a San Diego”, explicó Ovalle Angarita.

El mandatario argumentó que ese proyecto está en fase de estructuración por parte de la ANI y un equipo interdisciplinario de la Gobernación del Cesar y la Concesionaria Cóndor para darle una nueva oportunidad al mantenimiento vial de lo que corresponde al departamento.

“Venimos con reuniones periódicas en la ANI con el equipo estructurador para que en dos meses exista un nuevo contrato de concesión, solo para el Cesar. La idea es darle continuidad al mantenimiento y la rehabilitación de la primera unidad funcional, donde faltan nueve kilómetros, entre San Roque y Becerril; un tramo de Becerril al municipio de La Paz y los tramos nuevos, cuyas intervenciones se darían a partir del año entrante”, enfatizó.

El senador José Alfredo Gnecco también dijo que se ha planteado que la empresa Cóndor tome la concesión en el Cesar, haciendo unas modificaciones, teniendo en cuenta que el peaje de Valledupar a San Juan del Cesar ya no se contemplaría en el contrato y haciendo unas modificaciones en una variante planteada de la curva El Salguero a San Diego.

“Modificando esos diseños miraríamos el cierre financiero para determinar si es viable con los peajes que hoy están estipulados en el Cesar. Se estudia la posibilidad de que se mantengan, dado que se realizan inversiones y se han adelantado rehabilitación de varios kilómetros de la vía”, precisó el congresista.

En el caso hipotético que esta empresa decida retirarse definitivamente del proyecto, Gnecco considera que traería secuelas negativas, como la falta de rehabilitación de la vía San Roque-La Paz, y la ausencia de mantenimiento de la misma para que tenga durabilidad.

“Por otro lado, si ellos se retiran quedaríamos con una obra a medias, porque ni el departamento ni la nación cuentan con los recursos para continuarla, puesto que esto no se había contemplado y no se cristalizaría el proyecto de doble calzada Valledupar-La Paz. Creo que aún podemos insistir para que ellos se mantengan y sigan haciendo la obra. En los próximos días se realizará una reunión y se tomará una decisión final si se van o continúan con reestructuración del contrato”, sustentó.

Entre tanto, el congresista Eloy ‘Chichí’ Quintero también dijo que es negativo para el departamento la liquidación del contrato de concesión. “Aquí el perjuicio es para los habitantes de La Guajira y El Cesar porque estas vías empezarán a deteriorarse, a la vuelta de tres años no tendríamos carretera entre Rincón Hondo y Valledupar, y las partes que nos unen con La Guajira, lo cual es preocupante”, indicó.

Además anunció que va a gestionar en el Congreso un debate de control político al Gobierno Nacional para que la vía del Cesar no queda por fuera, porque sería la única de cuarta generación (*) que el Gobierno implementó que no quedaría hecha.

“Nos quedaríamos prácticamente sin carreteras; nos tocaría recurrir al Gobierno que cumpla esos compromisos con el Cesar a través de la ANI. Considero que con la crisis económica que vive el país, las Alianzas Públicos-Privadas, APP, son una solución, lo cual se está implementando en toda Latinoamérica”, enfatizó el representante a la Cámara por el Cesar.

Otro representante, Cristian Moreno, afirmó que siempre he sido crítico de este proyecto, no por la concesión o la obra que es importante, donde en corto tiempo se han visto unos avances del mejoramiento de la vía, sino por lo que está pasando en las APP y las concesiones en Colombia, más específicamente del Cesar, donde considera que se evidencia falta de planeación.

“El caso de la concesión Cesar-Guajira comenzó equivocadamente y por eso las dificultades que ha tenido. Con una decisión judicial que termina echando para atrás y obligando a hacer unas consultas previas cuando de alguna manera lo primero que ha debido hacerse en este tipo de circunstancias es hacer las socializaciones y consultas previas para conocer la opinión de la comunidad que está alrededor de la carretera, pero primero hicieron todo un proceso administrativo para luego hacer unas socializaciones, y ahí el grave error y las decisiones judiciales que dieron al traste con esta APP; unido a que La Guajira dijo que “no” a esta iniciativa, lo cual generó el desequilibrio económico, que hoy la hace inviable, porque únicamente con los peajes del Cesar no tiene condiciones para financiarse y salir adelante. La única manera que se financie en el Cesar es que pongan más peajes o sean más altos de lo que está hoy, lo cual sería inaceptable”, señaló.

Puntos de vista

José Luis Urón Márquez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, manifestó que el Cesar tendría consecuencias desastrosas si la empresa Cóndor decidiera irse y dejase abandonado el proyecto de infraestructura vial, puesto que no existiría una interconexión rápida, se generaría deterioro en la movilidad, y las comunidades seguirían esperando que el Gobierno haga las inversiones que se requieren en la región, máxime cuando parte de las regalías del carbón salen de nuestro departamento.

“Con la liquidación del contrato nos tocará esperar no sé cuántos años para que mejoren las finanzas nacionales y que por fin logremos que el departamento del Cesar tenga una óptima movilidad, sobre todo en la vía ‘del carbón’, entre San Roque y Cuestecitas, donde hay gran dinamismo porque se sacan los carbones del Cesar”, acotó.

Raúl Villegas, profesional en la Financiera del Desarrollo Territorial, Findeter, argumentó que vale la pena qué tanto rezago en la infraestructura vial generará el retiro de la concesión. Esto también generaría pérdida de competitividad y productividad porque al estar las carreteras en mal estado, significaría mayor tiempo para el desplazamiento de un punto a otro (bien sea de pasajeros o mercancías), aumentando los costos y combustible; asimismo repercute en el estado de los vehículos, y la seguridad se puede ver afectada por el mal estado de la vía”.

Agregó que “sería muy lamentable que este proyecto vial quede en ‘el aire’ porque veríamos al departamento enfrentándose a poca inversión en el mejoramiento de infraestructura vial, con los retrasos que esto implicaría.

Este hecho también puede ser la oportunidad para que se estructuren inversiones y se mejoren los procedimientos con los cuales se dialoga con las comunidades étnicas e indígenas para que estos proyectos salgan adelante”.

Por recordar

La empresa Cóndor suscribió contrato con la ANI el primero de julio del 2015 por 34 años, es decir hasta el 2049, para los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Cesar– Guajira.

La entidad anunció la liquidación del contrato de concesión vial tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las resoluciones 1919 de 2015 y 2016 de 2016, expedidas por el Ministerio de Trasportes, así como los actos administrativos para la implementación del peaje de Río Seco, en la vía Valledupar- San Juan del Cesar, debido a que perdió buena parte del recaudo de peajes, lo que hizo inviable continuar la construcción y el mantenimiento.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN