Este proyecto continua en desarrollo en todos los territorios del Cesar y La Guajira, en donde se han presentado solicitudes de restitución.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) que adelanta trabajos en el Cesar y La Guajira continúa restituyendo predios a familias víctimas del conflicto armado, despojados y obligados a abandonar sus tierras después de ser violentados por grupos paramilitares y guerrilleros. Luego de muchos años, el Gobierno Nacional, a través de esta entidad ha entregado cerca de 30 mil hectáreas en estos dos departamentos.
El director de la unidad territorial, Jorge Chávez Perdomo, informó sobre los constantes y permanentes avances de restitución dentro del territorio cesarense. Expresó que la semana pasada, fueron entregadas dos parcelas en la vereda los Manantiales en el municipio de Becerril luego de que, hace 25 años, el frente 41 de las Farc amenazara a dos familias afectadas que, con esta situación optaron por huir.
Los desalojos se dieron “por no colaborar con las exigencias del grupo guerrillero; los extorsionaban, les exigían asistir a reuniones, exigían comulgar con su causa revolucionaria y como las personas no quisieron hacerlo les ordenaron abandonar con amenazas de asesinarlos”, explicó Chávez Perdomo. Con el proceso de restitución, las víctimas pudieron presentar sus casos ante la unidad de tierra donde se acopiaron pruebas y se presentaron demandas ante los jueces encargados en el departamento.
Una de las anécdotas recordadas por el director refiere a un afectado que, “con lágrimas en los ojos le parecía imposible estar viviendo ese momento; hace 25 años que salieron, no se imaginaron que iba a ver una política de Estado, una ley, un gobierno dispuesto a devolverles sus tierras; casi como que no lo creían. Incluso después de presentada la solicitud no se confiaban”, acotó Chavez Perdomo.
A lo largo y ancho del departamento del Cesar, el proceso de la Unidad de Restitución de Tierras ha llegado a los territorios más hostigados por grupos al margen de la ley; Mariangola, sur de Valledupar, El Copey, Pelaya, Agustín Codazzi, San Diego y Becerril, han sido los sitios que más han presentado denuncias de este tipo.
Un caso muy recordado en Becerril, que además produjo la restitución urbana por casas que debieron ser abandonadas por la influencia paramilitar, fue el hecho donde la jueza Marilyn Hinojosa fue asesinada en el municipio, lo que ocasionó el desplazamiento de toda su familia perdiendo los inmuebles; luego de varios años, fueron subsanados devolviéndoles sus propiedades.
Hasta ahora se han solicitado ante los jueces la devolución de 55.000 mil hectáreas aproximadamente, de las cuales se encuentran restituidas por decisión de la autoridad competente 30 mil hectáreas en el departamento, “un número considerable”, señala Jorge Chávez. Esto ha permitido beneficiar cerca de 2.100 personas. Colombia es un país con 8 millones de víctimas, casi un 20% de la población fue afectada por el conflicto armado interno, un espejo que refleja y demuestra la fuerza que tuvo el conflicto.
Mediante información emitida por el director de la entidad Jorge Chávez Perdomo, se pudo establecer que la mayoría de restituciones están en el Cesar en comparación con el departamento de La Guajira. Siendo el territorio cesarense el primero en emprender estos procesos y el cual agrupa la mayor cantidad de víctimas caracterizadas.
“La ley nos obliga a estudiar donde más había requerimientos, pues aquí (La Guajira) hasta ahora vienen las sentencias de restitución pero, ya se encuentran demandas presentadas”.
La Unidad desarrolla tareas como: recibir solicitudes, estudiar las que si corresponden a tierras propiedad de víctimas del conflicto, llevarlas ante los jueces para que estos mismos ordenen devolverlas. Pero existen casos donde no cobija la restitución por no encontrarse evidencia de desplazamientos forzosos por parte de grupos paramilitares o guerrillas.
Actualmente la Unidad de Restitución de Tierra (URT) se acerca a un 85% del cumplimiento de las tareas designadas en cuanto a la entrega de los terrenos que por consecuencia de la violencia tuvieron que ser desalojados. El 15% restante son casos que están siendo estudiados y a la espera de ser evacuados en el transcurso del año. Luego del total de seguimiento de los casos, llega una fase ‘post fallo’ donde se tendrá vigilancia del cumplimiento de las entidades.
Este recorrido que ha emprendido la Unidad de Restitución de Tierras no sólo se limita a la devolución de los predios, lo cual, no basta para subsanar el daño sino, que el Gobierno Nacional seguirá aportando estímulos productivos para el retorno de las familias. En el departamento del Cesar la mayoría de estos proyectos beneficiosos se dirigen a temas de ganadería, piscicultura y agricultura. Así mismo brindan seguridad a las víctimas a través de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, entes que ayudan a garantizar la no repetición de hechos sangrientos.
Dentro de las zonas entregadas a las familias víctimas, se han construido escuelas, centros de salud y otras instalaciones que generen confianza en la población.
La URT tiene claro que los despojos han sido ocasionados en principio por la guerrilla de las Farc y luego, se vivenció la arremetida paramilitar que continúo dejando víctimas. La unidad es enfática en aclarar que no se mira quién pudo ser el autor armado, “para nosotros es totalmente igual: es una persona despojada por un actor al margen de la ley y hacemos lo posible e imposible para solucionar ese daño”, dijo el funcionario.
Dentro de las 30.000 hectáreas restituidas se encuentran tierras violentadas por Jorge 40, alias 39, Jhon Jairo Esquivel alias ‘El Tigre’ quienes participaron en la expulsión de la población. En Pelaya, por ejemplo se tiene datos de un paramilitar que arrebató algunas tierras; Cesar Augusto Mantilla alias ‘kung- fu’ y Hugues Rodríguez Fuentes.
Eduardo Moscote / EL PILÓN
[email protected]
Este proyecto continua en desarrollo en todos los territorios del Cesar y La Guajira, en donde se han presentado solicitudes de restitución.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) que adelanta trabajos en el Cesar y La Guajira continúa restituyendo predios a familias víctimas del conflicto armado, despojados y obligados a abandonar sus tierras después de ser violentados por grupos paramilitares y guerrilleros. Luego de muchos años, el Gobierno Nacional, a través de esta entidad ha entregado cerca de 30 mil hectáreas en estos dos departamentos.
El director de la unidad territorial, Jorge Chávez Perdomo, informó sobre los constantes y permanentes avances de restitución dentro del territorio cesarense. Expresó que la semana pasada, fueron entregadas dos parcelas en la vereda los Manantiales en el municipio de Becerril luego de que, hace 25 años, el frente 41 de las Farc amenazara a dos familias afectadas que, con esta situación optaron por huir.
Los desalojos se dieron “por no colaborar con las exigencias del grupo guerrillero; los extorsionaban, les exigían asistir a reuniones, exigían comulgar con su causa revolucionaria y como las personas no quisieron hacerlo les ordenaron abandonar con amenazas de asesinarlos”, explicó Chávez Perdomo. Con el proceso de restitución, las víctimas pudieron presentar sus casos ante la unidad de tierra donde se acopiaron pruebas y se presentaron demandas ante los jueces encargados en el departamento.
Una de las anécdotas recordadas por el director refiere a un afectado que, “con lágrimas en los ojos le parecía imposible estar viviendo ese momento; hace 25 años que salieron, no se imaginaron que iba a ver una política de Estado, una ley, un gobierno dispuesto a devolverles sus tierras; casi como que no lo creían. Incluso después de presentada la solicitud no se confiaban”, acotó Chavez Perdomo.
A lo largo y ancho del departamento del Cesar, el proceso de la Unidad de Restitución de Tierras ha llegado a los territorios más hostigados por grupos al margen de la ley; Mariangola, sur de Valledupar, El Copey, Pelaya, Agustín Codazzi, San Diego y Becerril, han sido los sitios que más han presentado denuncias de este tipo.
Un caso muy recordado en Becerril, que además produjo la restitución urbana por casas que debieron ser abandonadas por la influencia paramilitar, fue el hecho donde la jueza Marilyn Hinojosa fue asesinada en el municipio, lo que ocasionó el desplazamiento de toda su familia perdiendo los inmuebles; luego de varios años, fueron subsanados devolviéndoles sus propiedades.
Hasta ahora se han solicitado ante los jueces la devolución de 55.000 mil hectáreas aproximadamente, de las cuales se encuentran restituidas por decisión de la autoridad competente 30 mil hectáreas en el departamento, “un número considerable”, señala Jorge Chávez. Esto ha permitido beneficiar cerca de 2.100 personas. Colombia es un país con 8 millones de víctimas, casi un 20% de la población fue afectada por el conflicto armado interno, un espejo que refleja y demuestra la fuerza que tuvo el conflicto.
Mediante información emitida por el director de la entidad Jorge Chávez Perdomo, se pudo establecer que la mayoría de restituciones están en el Cesar en comparación con el departamento de La Guajira. Siendo el territorio cesarense el primero en emprender estos procesos y el cual agrupa la mayor cantidad de víctimas caracterizadas.
“La ley nos obliga a estudiar donde más había requerimientos, pues aquí (La Guajira) hasta ahora vienen las sentencias de restitución pero, ya se encuentran demandas presentadas”.
La Unidad desarrolla tareas como: recibir solicitudes, estudiar las que si corresponden a tierras propiedad de víctimas del conflicto, llevarlas ante los jueces para que estos mismos ordenen devolverlas. Pero existen casos donde no cobija la restitución por no encontrarse evidencia de desplazamientos forzosos por parte de grupos paramilitares o guerrillas.
Actualmente la Unidad de Restitución de Tierra (URT) se acerca a un 85% del cumplimiento de las tareas designadas en cuanto a la entrega de los terrenos que por consecuencia de la violencia tuvieron que ser desalojados. El 15% restante son casos que están siendo estudiados y a la espera de ser evacuados en el transcurso del año. Luego del total de seguimiento de los casos, llega una fase ‘post fallo’ donde se tendrá vigilancia del cumplimiento de las entidades.
Este recorrido que ha emprendido la Unidad de Restitución de Tierras no sólo se limita a la devolución de los predios, lo cual, no basta para subsanar el daño sino, que el Gobierno Nacional seguirá aportando estímulos productivos para el retorno de las familias. En el departamento del Cesar la mayoría de estos proyectos beneficiosos se dirigen a temas de ganadería, piscicultura y agricultura. Así mismo brindan seguridad a las víctimas a través de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, entes que ayudan a garantizar la no repetición de hechos sangrientos.
Dentro de las zonas entregadas a las familias víctimas, se han construido escuelas, centros de salud y otras instalaciones que generen confianza en la población.
La URT tiene claro que los despojos han sido ocasionados en principio por la guerrilla de las Farc y luego, se vivenció la arremetida paramilitar que continúo dejando víctimas. La unidad es enfática en aclarar que no se mira quién pudo ser el autor armado, “para nosotros es totalmente igual: es una persona despojada por un actor al margen de la ley y hacemos lo posible e imposible para solucionar ese daño”, dijo el funcionario.
Dentro de las 30.000 hectáreas restituidas se encuentran tierras violentadas por Jorge 40, alias 39, Jhon Jairo Esquivel alias ‘El Tigre’ quienes participaron en la expulsión de la población. En Pelaya, por ejemplo se tiene datos de un paramilitar que arrebató algunas tierras; Cesar Augusto Mantilla alias ‘kung- fu’ y Hugues Rodríguez Fuentes.
Eduardo Moscote / EL PILÓN
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