Un sentimiento de alegría y gratitud se respira en las empedradas calles de las invasiones Altos de Pimienta, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Bello Horizonte II a raíz de que este miércoles 30 de octubre no se llevó a cabo el desalojo de estos cuatro asentamientos humanos ubicados en el predio Sabana 1 en Valledupar. 

Las rudimentarias casas de madera, algunas de concreto con teja y zinc, amanecieron con la bandera de Colombia izada en ventanas, puertas, patios y hasta en los postes artesanales de estos asentamientos como un “símbolo de unión y esperanza” ante la posibilidad de que algún día el predio donde han vivido por más de 12 años sea legalizado.  

Entre risas y palabras de agradecimiento, Consuelo Blanco, líder de la invasión Brisas de La Popa, manifestó que las 11.482 personas que residen en este asentamiento, según un censo de la Alcaldía de Valledupar, desde el mes de julio estuvieron viviendo en “agonía” por la notificación de desalojo, sin embargo, este 30 de octubre volvieron a “respirar” después de orar y pedirle a Dios que les permitiera conservar sus hogares. 

Los habitantes de las invasiones Sabana 1 pusieron la bandera de Colombia en sus casas para celebrar que no se realizó el desalojo. Foto : EL PILÓN

“Estamos muy felices y agradecidos de que el desalojo no se haya hecho. Las cuatro invasiones celebramos este acto de piedad que tuvo Dios para con nosotros. Aquí están los sueños de miles de familias, niños, niñas y jóvenes que ante la necesidad de sus padres tuvieron que nacer y creer en una invasión”, dijo Blanco.

La lucha por el desalojo 

La alegría de las 31.508 personas que viven en las cuatro invasiones, es para una familia y su representante legal una injusticia jurídica con la que han tenido que lidiar por más de 10 años en los que han tratado de recuperar el predio denominado como La Sabana 1.  

Al respecto, Evaristo Rodríguez, representante legal de la familia Pimienta, propietarios del predio Sabana 1, con voz cansada explicó que la orden de desalojo no se cumplió porque “nació muerta”, debido a que desde el mes de julio del presente año el alcalde municipal, Ernesto Orozco, manifestó que la diligencia no se realizaría porque la administración no cuenta con los recursos ni la logística para hacerlo. 

Lee también: https://elpilon.com.co/el-fantasma-del-desalojo-persigue-a-los-habitantes-de-los-guasimales/

“Presentaremos un nuevo incidente de desacato contra el alcalde por sustraerse el cumplimiento de una orden judicial, ejecutoriada y en firme. La administración municipal no está por encima de los fallos judiciales. En esta oportunidad porque la conducta es reincidente, se le solicitará al juez de tutela 20 días de arresto para el alcalde y una multa de 10 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, SMLMV, por resistirse a acatar un fallo de la Corte Constitucional”, aseveró Rodríguez. 

Según el Sisbén en las cuatro invasiones viven 31.508 personas. Foto : Jesús Ochoa.

Esta batalla jurídica que encabeza de manera insistente este jurista, está fundamentada en la Sentencia T-946, emitida por la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, en la cual se le ordenó a la Alcaldía de Valledupar, a la Gobernación del Cesar, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el desalojo de los cuatro asentamientos humanos, una orden que ha sido heredada entre las administraciones y no ha sido cumplida hasta la fecha.

La “masacre” 

Sobre el desalojo de estos asentamientos, el alcalde municipal, Ernesto Orozco, ha manifestado que realizarlo sería una “masacre” y que la administración municipal no cuenta con los recursos para desalojar a las más de 30.000 personas que viven en estas invasiones. 

“Yo soy respetuoso de las decisiones judiciales. La verdad es que esta sentencia es de hace 11 años y las condiciones han cambiado totalmente. Se puede hablar de un desplazamiento legal, pero podríamos hacer una masacre, donde hay más de 30.000 personas. No estamos en posición para poder llevar a cabo ese desalojo”, aseveró el alcalde municipal.

Le puede interesar: https://elpilon.com.co/amenaza-de-desalojo-la-pesadilla-de-mas-de-10-000-habitantes-en-brisas-de-la-popa/

En ese sentido, en el mes de agosto del presente año, Orozco se reunió en compañía de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, con la defensora del Pueblo, Iris Marín, para exponerle la problemática social y jurídica que atraviesa la ciudad de Valledupar con las invasiones.

El desalojo se había fijado para este miércoles 30 de octubre. Foto : Jesús Ochoa

Producto de esta reunión, Orozco informó que la defensora del pueblo estudiaría el caso y solicitaría a la Corte Constitucional una revisión de la sentencia para que sea posible la modulación de la misma. Lo anterior con la finalidad de que se actualice el fallo teniendo en cuenta el número de habitantes asentados, pero hasta la fecha no se tiene respuesta de dicha diligencia. 

La campaña ‘antidesalojo’ 

Además de presentar ante el Gobierno Nacional la crítica situación que tiene Valledupar con los asentamientos humanos, el mandatario local también lo expuso en el encuentro de alcaldes que se realizó en la Expocamacol 2024 que tuvo lugar en la ciudad de Medellín.  

En este encuentro en el que se abordó la importancia de los proyectos de construcción en las ciudades, Orozco precisó que Valledupar tiene un déficit habitacional del 42 %, con más de 5.000 familias desplazadas víctimas del conflicto armado y ocho asentamientos subnormales priorizados para la legalización urbanística, que beneficiaría a 6.718 familias de bajos recursos que han tenido que invadir un predio de manera ilegal para tener un lugar donde vivir.

Le recomendamos : https://elpilon.com.co/habitantes-de-bello-horizonte-entre-lagrimas-y-enfermedades-claman-por-la-legalizacion/

Sin embargo, esta priorización aún no se ha llevado a cabo y las familias siguen a la espera de que el Acuerdo 017 del 30 de agosto de 2024, “por medio del cual se delega al alcalde del municipio de Valledupar la facultad para la legalización y regulación urbanística de los asentamientos humanos con condiciones precarias y de origen informal”, tenga trámite en el Concejo de Valledupar. 

Presentarán un incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Orozco porque no se realizó el desalojo. Foto: Jesús Ochoa.

Debido a que no hay un proyecto de acuerdo aprobado, un apoyo por parte del Gobierno Nacional para legalización del predio Sabana 1 o una modulación del fallo de la Corte Constitucional, la administración municipal ha expresado por todos los canales de comunicación que el desalojo es “imposible” porque se necesitarían 2.000 policías y hasta 800 soldados para realizarlo. 

Además de que no disponen de albergues o complejos habitacionales para las más de 30.000 personas que serían desalojadas. Por lo anterior, el mandatario local también se reunió en el mes de agosto con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, para evaluar estrategias legales que permitan la legalización del predio. 

La sentencia heredada 

De acuerdo con registros, el predio Sabana 1 fue invadido ilegalmente en el 2008 por un grupo de aproximadamente 800 familias, 1.600 niños y 1.400 adultos, quienes dividieron el terreno en cuatros sectores que son conocidos actualmente como Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta, y Bello Horizonte II.

Por tal motivo, Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio, actualmente fallecido, instauró en noviembre de 2008 una querella con la cual buscaba el desalojo, sin embargo, no fue posible. Posteriormente familiares del mayor Alberto Pimienta instauraron una acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar, el Departamento del Cesar y Acción Social. 

También le puede interesar: https://elpilon.com.co/con-agua-de-pozos-habitantes-de-altos-de-pimienta-luchan-por-sobrevivir-en-un-barrio-subnormal/

En respuesta, la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, mediante la Sentencia T-946, ordenó el desalojo del predio, sin embargo, en los 13 años posteriores a la sentencia, ninguno de los exalcaldes que tuvo la ciudad cumplió la orden de la Corte Constitucional. 

La mayoría de los habitantes de las cuatro invasiones ubicadas en el predio Sabana 1 viven acinados en casas de madera con láminas de zinc. Foto: Jesús Ochoa.

Los exalcaldes Luís Fabián Fernández Maestre, Fredy Socarrás, Augusto ‘Tuto’ Uhía y Mello Castro, fueron requeridos judicialmente por este desacato y durante sus administraciones continuó esta lucha jurídica entre la familia Pimienta y las miles de personas que se asentaron en el predio y se niegan a abandonarlo.

Por Namieh Baute Barrios