En esta columna de opinión, Isabel Saraí Sánchez Quiroz reflexiona sobre el debate generado por el lugar de la posesión presidencial de 2026 y plantea que el verdadero reto del nuevo gobierno no está en los símbolos ni en la escenografía, sino en los resultados que entregue al país durante los próximos cuatro años.
Un sondeo a 344 trabajadores revela qué esperan los colombianos en empleo, salarios y formalización frente al cambio de gobierno del 7 de agosto.
Funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes.
América Latina vive, desde hace algunos años, una paradoja difícil de entender: los votantes entregan la presidencia a mandatarios que plantean agendas claras y, pocos meses o años después, cuando se los consulta en plebiscitos o referendos sobre esas mismas agendas.
La reforma se podrá presentar el siguiente semestre, pero tendrían que hacerle algunos cambios al texto, a menos de que la retiren antes del archivo.
El investigador y columnista León Valencia visitó Valledupar dentro de un foro político que se realizó la mañana del viernes. En el espacio, Valencia habló sobre los clanes políticos, entre ellos los del departamento del Cesar.
El congresista criticó la política de Paz Total del Gobierno Nacional.
Pero no habían tenido en cuenta que gobernar no es una tarea fácil, especialmente en un país tan diverso como Colombia.
Oficialmente desde 1975 los diferentes gobiernos colombianos llevaron a cabo rondas de negociaciones con las FARC-EP y el ELN.
En febrero de 2013 titulé así una columna, cuando las negociaciones con las Farc sufrían su primer tropiezo por las declaraciones de Iván Márquez reclamando el derecho a capturar ¡prisioneros de guerra!
El doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el Fondo Monetario Internacional respalda las reformas sociales.
La Asociación de Ciudades Capitales de la cual hace parte Valledupar hizo un llamado al Gobierno nacional por el incremento de inseguridad.
El Gobierno nacional dio a conocer la hoja de ruta de la transición energética en Colombia y anunció que continuará con la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas.
Según el presidente de la Cámara, David Racero, su tío estuvo en la reunión política porque conoce el sector salud.
De acuerdo con la funcionaria, el 15 de abril se asignarán estos beneficios.
Los escándalos del gobierno lo acercan al abismo. Es normal que, en medio de tantas preocupaciones, cuando el barco se hunde rápidamente, personajes como Gustavo Bolívar salgan a los medios a dar declaraciones que generan desinformación.
La democracia es precisamente eso, la oportunidad y ventaja que tiene el ciudadano de a pie de elegir y ser elegido para formar parte de la actividad gubernamental a través de un mecanismo serio de participación y escogencia, artículo 40 de la Constitución Política de Colombia.
Este es uno de los proyectos más polémicos de la administración del ‘cambio’, aunque parte de los simpatizantes marcharon para apoyar la propuesta, otro sector de los simpatizantes tienen dudas o han hecho críticas. El Congreso de La República tendrá jornadas de discusión.
Además de las políticas y artículos, en el Plan Plurianual de Inversiones, PPI, compartieron las inversiones que llegarán a los departamentos del país.
De acuerdo con la Ley 152, el gobierno debe presentar al Congreso de la República el proyecto de ley del plan de desarrollo antes del 7 de febrero, previa convocatoria a sesiones extraordinarias.
El presidente determinó que el representante ante la Cámara de Comercio debería ser un tendero. Desde Valledupar ya enviaron las hojas de vida para la UPC, Corpocesar y Cámara de Comercio.
El gobierno departamental entregó tres contratos para la electrificación rural en el 2017. Cinco años después, solo dos obras pudieron terminarse, pero el tercer grupo se convirtió en un elefante blanco. También hay dudas sobre la transparencia de la contratación.
Los manifestantes refieren desempleo, pobreza e incertidumbre en el centro del Cesar, mientras que el Gobierno asegura que primero debe liquidar el contrato con la compañía minera.
Según la funcionaria, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno se busca incluir un artículo en el que se constituya un Fondo de Recursos destinado a los cinco municipios del corredor minero: La Jagua de Ibirico, Becerril, Codazzi, El Paso y Chiriguaná.
