América Latina vive, desde hace algunos años, una paradoja difícil de entender: los votantes entregan la presidencia a mandatarios que plantean agendas claras —acuerdos de paz, reformas constitucionales, apuesta por la seguridad, adecuación institucional— y, pocos meses o años después, cuando se los consulta en plebiscitos o referendos sobre esas mismas agendas, una parte significativa del electorado las rechaza. Lo que antes los movió a votar ahora no les interesa; parece ser la lógica imprevista que se está imponiendo y Colombia no es la excepción. No se trata de anécdotas: son procesos que han terminado por modificar el rumbo de gobiernos enteros y exponer fragilidades profundas en la relación entre la representación y la democracia directa.
Los reveses presidenciales
Un puñado de ejemplos recientes ilustra la paradoja. En Colombia, el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en el 2016, terminó con una derrota estrecha de la opción “Sí”: 50,2 % votó “No” frente a 49,8% por el “Sí”, en un resultado que tomó por sorpresa a gran parte del mundo político nacional e internacional y dejó en tela de juicio a las encuestadoras. El proceso demostró que, aun cuando el presidente fue elegido para negociar un acuerdo, la sociedad colombiana, al final, no aprobó su fórmula de implementación.
Más recientemente, en Chile y, durante el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, se produjo un caso emblemático: el plebiscito sobre la nueva Constitución del 2022 terminó con un rechazo amplio —cerca del 62 % contra 38 %— pese a que el proceso constituyente había sido uno de los ejes políticos tras el estallido social del 2019. El resultado mostró que la ciudadanía, aunque deseaba el cambio, rechazó el texto final de la Convención. Por mucho que se trató de salvar a través de consensos entre varios sectores políticos, los chilenos ratificaron su rechazo; realmente no querían cambiar nada.
En noviembre del año pasado, en Ecuador, el presidente Daniel Noboa sufrió un revés similar: en una consulta nacional, los votantes rechazaron múltiples propuestas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la autorización de bases militares extranjeras y la convocatoria de una asamblea constituyente. Fue una derrota contundente para la agenda presidencial, algo paradójico porque venía de ser recién reelegido, con mucho caudal político y gran apoyo de los electores. Querían a Noboa, no a su agenda.
El caso colombiano
En el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, aunque no se ha adelantado ningún proceso de consulta ciudadana de este tipo, uno creía que, si se había elegido a un gobernante reformista, era porque la ciudadanía respaldaba sus apuestas de reforma. No sucedió así. La gente se queja del mal sistema de salud, pero no salió a las calles ni a los medios de comunicación para defender las tres veces que un grupo de senadores bloqueó los proyectos de reforma a la salud del gobierno. Miles de colombianos antipetro salieron a las calles a protestar contra las reformas laborales y pensionales, a pesar de que a muchos de estos airados protestantes les convenían las modificaciones. Ante la apatía de sus electores y férrea oposición de contradictores, al gobierno le tocó apelar a las oscuras estrategias que ha usado todos los gobiernos anteriores: comprar los votos de los congresistas para que aprobaran sus reformas con todas las implicaciones y máculas que esto ha representado.
Las posibles explicaciones
¿Por qué ocurre esta disonancia entre la elección presidencial y el rechazo de aspectos clave de la agenda ejecutiva en referendos? Me aventuro a esbozar algunos de los factores que pueden explicar este fenómeno político.
Por una parte, se presenta una diferencia entre votar por una persona y votar por políticas o agendas complejas que proponen reformas estructurales. Es que las elecciones presidenciales mezclan factores emocionales, carisma, promesas generales y el voto por rechazo al adversario; en cambio, las consultas populares exigen respuestas sobre medidas concretas. El ciudadano medio procesa las campañas presidenciales como narrativas simplificadas; al encontrarse con un plebiscito que exige un “sí” o “no” sobre aspectos jurídicos, puede optar por el rechazo, por precaución o por falta de comprensión completa del contenido. Mientras más complejas sean las preguntas, se reduce la probabilidad de aprobación si la ciudadanía no percibe claridad o un beneficio inmediato.
Por otra parte, puede ocurrir que los electores sigan las señales que les dan líderes, partidos políticos o grupos sociales. Si un presidente electo no mantiene una coalición firme o si sectores relevantes (líderes de opinión, ex aliados, iglesias, sindicatos) se dividen o se oponen a la propuesta, el ciudadano puede alinearse con el “no”, incluso si votó por ese presidente. El plebiscito por la paz en Colombia mostró que la oposición organizada, desde el uribismo, sectores conservadores y hasta pastores cristianos, logró movilizar un “No” eficaz mediante estrategias de posverdad.
Un tercer factor puede ser la desconfianza institucional y el miedo a consecuencias imprevistas (el miedo al cambio o al salto al vacío). Muchas consultas abordan temas que la ciudadanía percibe como definitivos (reformular una Constitución, otorgar amnistías, permitir bases militares, cambiar derechos sociales) y, ante la incertidumbre sobre los efectos prácticos, la reacción suele ser conservadora: mejor dejar lo conocido que arriesgar. En Chile hubo una campaña que alimentó el temor al radicalismo del nuevo texto, lo que provocó el rechazo masivo. En Ecuador, temores sobre la cesión de la soberanía o sobre los efectos ambientales impulsaron el no. Si se percibe que una reforma ha sido impulsada con improvisación o con poca pedagogía, se fortalece el rechazo como ha sucedido en Colombia con la urgente y necesaria reforma a la salud, ante la cual, algunos medios salieron a vender la absurda narrativa que “tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
También tiene que ver con las estrategias políticas y con el tiempo que lleva el gobernante. Un presidente puede ganar en un momento político (campaña, promesas generales, coyuntura anti-establishment) y, meses después, llegar a consultar cuando hay un desgaste, cuando su capital político está más bajo o cuando aparece un nuevo tema polarizador. Además, la estrategia del ejecutivo de llevar asuntos sensibles a referéndum y así saltarse la vía Congreso suele leerse por la ciudadanía como un intento de centralizar el poder, lo que provoca reacciones contrarias.
Los efectos
Esta paradoja que se ha venido presentando en nuestro contexto continental acarrea altos costos. El tiempo se les pasa a los gobernantes y crece la frustración por lo fundamental; se erosiona la confianza mutua entre gobernantes y gobernados; y aumenta la tendencia a institucionalizar la conflictividad: más amenazas de consultas o constituyentes (como lo hace Petro); más pleitos jurídicos; mayor choque de poderes. Estos claros ejemplos muestran que la democracia directa puede corregir o frenar agendas presidenciales, pero también que su uso sin consensos, sin pedagogía y sin claridad genera frustración y volatilidad política.
Abel Medina Sierra
