La democracia es precisamente eso, la oportunidad y ventaja que tiene el ciudadano de a pie de elegir y ser elegido para formar parte de la actividad gubernamental a través de un mecanismo serio de participación y escogencia, artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, pero muy a pesar de ello, desde hace mucho tiempo en el pasado quienes gobiernan los entes territoriales de nuestro país, son los miembros de la élite, las roscas imperantes impuestas por la clase pudiente.
Esto demuestra que a un pobre o desposeído económicamente le es muy difícil escalar una posición en este engranaje propio de la elección democrática en nuestra querida patria. Los hechos lo demuestran así, cuando la verdad es que el pueblo es el auténtico constituyente primario. Es decir, la fuerza suprema que elige al mandatario, pero por desgracia la operatividad y maniobra de la participación democrática está encasillada en manos de unos pocos, que son prácticamente los dueños del país.
Es esta la razón por la cual, a lo largo y ancho de los 32 departamentos de Colombia, en sus más de mil 120 municipios existen poderosas maquinarias electorales o empresas dedicadas a financiar a candidatos tanto para alcaldías como para concejos. Aquí el candidato cualquiera sea la corporación a la que aspire se convierte en un simple objeto en subasta a quien los caciques le ponen precio, para patrocinarlo a determinada aspiración y luego lo dominan como un simple rebaño.
