Las autoridades dieron a conocer que en las cárceles de la capital del Cesar no hay contagiados o sospechas por coronavirus.
Cerca de 300 personas privadas de la libertad en la Cárcel Judicial podrían obtener detención domiciliaria luego que la Presidencia de la República emitiera un decreto destinado a prevenir la propagación del Covid-19 en los centros carcelarios del territorio nacional.
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Los beneficiados serán adultos de la tercera edad, madres gestantes o con hijo menor tres años, personas con movilidad reducida por discapacidad, internos privados de la libertad por delitos culposos, condenados con medidas privativas de hasta cinco años, reclusos que hayan cumplido el 40 % de la pena y los que padezcan enfermedades graves como VIH, diabetes, insuficiencia renal crónica, hepatitis, entre otras.
Enilda Vásquez Oñate, directora de la Cárcel Judicial, comunicó que con el sector jurídico analizarán la medida para entregar la información necesaria a los jueces y se pueda dar cumplimiento a lo establecido.
“Primeramente tenemos que estudiar el Decreto, hay muchos internos que pueden salir con este, el cual nos ayuda mucho, aspiramos a que salgan los enfermos, los de tercera edad y otros que tienen enfermedades de alto costo, aspiramos que salgan unos 300 internos, actualmente tenemos 979 porque unos han salido en libertad y domiciliaria”, manifestó la directora del establecimiento carcelario.
La funcionaria explicó que de igual forma continúan con las medidas preventivas para los privados de la libertad y los funcionarios del Inpec.
“Se están tomando todas las precauciones, aquí instauramos una cabina para que pasemos por ahí con todos los recipientes, ahí hay gel, jabón, tapa boca y todas las medidas de seguridad”, aseguró Vásquez Oñate.
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Por su parte, a los privados de la libertad les están aplicando otras medidas orientadas al deporte para mitigar la ausencia de las visitas de sus seres queridos.
El Decreto 546 emitido por el Gobierno nacional concede a algunos reclusos la medida de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitoria durante el término de seis meses en aras de prevenir el contagio del coronavirus en las cárceles del país.
Sin embargo, la medida no aplicaría para las personas pedidas en extradición y los procesados por los siguientes delitos: genocidio, apología al genocidio, homicidio simple en modalidad dolosa, homicidio agravado, feminicidio, lesiones personales con pérdida funcional de un órgano, lesiones causadas con agentes químicos, desaparición forzada, secuestro, apoderamiento y desvío de aeronaves.
Otros que no tendrán el beneficio son los que estén involucrados a Grupos Armados Organizados o sean judicializados por los delitos de trata de persona, uso de menores para comisión de delitos, amenaza contra defensores de derechos humanos, delitos contra la integridad sexual, entre otros.
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De acuerdo al Decreto, las direcciones regionales y directores de los centros carcelarios deberán verificar preliminarmente el cumplimiento de los requisitos y remitir un listado, junto con las cartillas biográficas digitalizadas, la información de la hoja de vida, los antecedentes judiciales y los certificados médicos, al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales.
Estos serán los encargados, mediante reparto, de mandar cada caso a los jueces de control de garantías o al juez que conozca del pleito para que a su vez solicite a la Fiscalía la información necesaria para tomar la decisión.
Sin embargo, si es el imputado el que por medio de su defensor de confianza o público hace la solicitud deberá entregar al juez coordinador del servicio judicial la cartilla biográfica digitalizada y el certificado médico correspondiente, facilitados por el General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o las direcciones regionales y los directores establecimientos penitenciarios y carcelarios.
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El personero municipal, Silvio Cuello, vio con buenos ojos la decisión porque también servirá para aliviar el problema de los hacinamientos en las cárceles de Valledupar, exactamente en la Cárcel Judicial y la estación La Permanente.
“Esta medida busca atender a esa población por lo tanto la personería acompañará ese nuevo Decreto presidencial donde varios internos en cuestión de horas o días quedarán al servicio de la libertad y otros en sus casas”, dijo.
No obstante, el personero mostró preocupación con respecto al cumplimiento de la medida domiciliaria, pues considera que dependiendo de los años que lleven privados de la libertad, los internos estarán tentados a visitar familiares y realizar otras actividades que los pondrían en riesgo con la pandemia.
Por su parte, la Corporación Foro Ciudadano mediante una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que decreten medidas cautelares para la población carcelaria porque consideran que el Decreto no es suficiente.
La Corporación manifestó que las medidas adoptadas en los penales no son eficientes considerando que por ejemplo, los guardias salen y entran a pesar de interactuar con la parte externa. “Al existir contagios en los internos, se está poniendo en riesgo a toda la sociedad, pues estos contagios pueden tener como vectores a los mismos guardianes o los paquetes que salen o ingresan a los establecimientos carcelarios”, dijo el colectivo.
Las autoridades locales dieron a conocer que hasta el momento las cárceles de la capital del Cesar se encuentran libres de contagiados por Covid-19.
“Las cáceles de Valledupar tienen una custodia buenísima y la pandemia Covid-19 no ha ingresado a los centros de reclusión. Hasta ahora estamos viendo un protocolo excelente”, expresó el personero de Valledupar.
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Sin embargo, en los centros penitenciarios se evidencian otras enfermedades como VIH, diabetes y recientemente evidenciaron tuberculosis.
“En la Cárcel Judicial un privado de la libertad presentó tuberculosis, eso llevó a que se contagiaran tres o cuatro internos más pero ya dos se recuperaron y los otros están aislados en una situación de salud sobrellevada”, finalizó el personero, Silvio Cuello.
Las autoridades dieron a conocer que en las cárceles de la capital del Cesar no hay contagiados o sospechas por coronavirus.
Cerca de 300 personas privadas de la libertad en la Cárcel Judicial podrían obtener detención domiciliaria luego que la Presidencia de la República emitiera un decreto destinado a prevenir la propagación del Covid-19 en los centros carcelarios del territorio nacional.
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Los beneficiados serán adultos de la tercera edad, madres gestantes o con hijo menor tres años, personas con movilidad reducida por discapacidad, internos privados de la libertad por delitos culposos, condenados con medidas privativas de hasta cinco años, reclusos que hayan cumplido el 40 % de la pena y los que padezcan enfermedades graves como VIH, diabetes, insuficiencia renal crónica, hepatitis, entre otras.
Enilda Vásquez Oñate, directora de la Cárcel Judicial, comunicó que con el sector jurídico analizarán la medida para entregar la información necesaria a los jueces y se pueda dar cumplimiento a lo establecido.
“Primeramente tenemos que estudiar el Decreto, hay muchos internos que pueden salir con este, el cual nos ayuda mucho, aspiramos a que salgan los enfermos, los de tercera edad y otros que tienen enfermedades de alto costo, aspiramos que salgan unos 300 internos, actualmente tenemos 979 porque unos han salido en libertad y domiciliaria”, manifestó la directora del establecimiento carcelario.
La funcionaria explicó que de igual forma continúan con las medidas preventivas para los privados de la libertad y los funcionarios del Inpec.
“Se están tomando todas las precauciones, aquí instauramos una cabina para que pasemos por ahí con todos los recipientes, ahí hay gel, jabón, tapa boca y todas las medidas de seguridad”, aseguró Vásquez Oñate.
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Por su parte, a los privados de la libertad les están aplicando otras medidas orientadas al deporte para mitigar la ausencia de las visitas de sus seres queridos.
El Decreto 546 emitido por el Gobierno nacional concede a algunos reclusos la medida de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitoria durante el término de seis meses en aras de prevenir el contagio del coronavirus en las cárceles del país.
Sin embargo, la medida no aplicaría para las personas pedidas en extradición y los procesados por los siguientes delitos: genocidio, apología al genocidio, homicidio simple en modalidad dolosa, homicidio agravado, feminicidio, lesiones personales con pérdida funcional de un órgano, lesiones causadas con agentes químicos, desaparición forzada, secuestro, apoderamiento y desvío de aeronaves.
Otros que no tendrán el beneficio son los que estén involucrados a Grupos Armados Organizados o sean judicializados por los delitos de trata de persona, uso de menores para comisión de delitos, amenaza contra defensores de derechos humanos, delitos contra la integridad sexual, entre otros.
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De acuerdo al Decreto, las direcciones regionales y directores de los centros carcelarios deberán verificar preliminarmente el cumplimiento de los requisitos y remitir un listado, junto con las cartillas biográficas digitalizadas, la información de la hoja de vida, los antecedentes judiciales y los certificados médicos, al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales.
Estos serán los encargados, mediante reparto, de mandar cada caso a los jueces de control de garantías o al juez que conozca del pleito para que a su vez solicite a la Fiscalía la información necesaria para tomar la decisión.
Sin embargo, si es el imputado el que por medio de su defensor de confianza o público hace la solicitud deberá entregar al juez coordinador del servicio judicial la cartilla biográfica digitalizada y el certificado médico correspondiente, facilitados por el General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o las direcciones regionales y los directores establecimientos penitenciarios y carcelarios.
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El personero municipal, Silvio Cuello, vio con buenos ojos la decisión porque también servirá para aliviar el problema de los hacinamientos en las cárceles de Valledupar, exactamente en la Cárcel Judicial y la estación La Permanente.
“Esta medida busca atender a esa población por lo tanto la personería acompañará ese nuevo Decreto presidencial donde varios internos en cuestión de horas o días quedarán al servicio de la libertad y otros en sus casas”, dijo.
No obstante, el personero mostró preocupación con respecto al cumplimiento de la medida domiciliaria, pues considera que dependiendo de los años que lleven privados de la libertad, los internos estarán tentados a visitar familiares y realizar otras actividades que los pondrían en riesgo con la pandemia.
Por su parte, la Corporación Foro Ciudadano mediante una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que decreten medidas cautelares para la población carcelaria porque consideran que el Decreto no es suficiente.
La Corporación manifestó que las medidas adoptadas en los penales no son eficientes considerando que por ejemplo, los guardias salen y entran a pesar de interactuar con la parte externa. “Al existir contagios en los internos, se está poniendo en riesgo a toda la sociedad, pues estos contagios pueden tener como vectores a los mismos guardianes o los paquetes que salen o ingresan a los establecimientos carcelarios”, dijo el colectivo.
Las autoridades locales dieron a conocer que hasta el momento las cárceles de la capital del Cesar se encuentran libres de contagiados por Covid-19.
“Las cáceles de Valledupar tienen una custodia buenísima y la pandemia Covid-19 no ha ingresado a los centros de reclusión. Hasta ahora estamos viendo un protocolo excelente”, expresó el personero de Valledupar.
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Sin embargo, en los centros penitenciarios se evidencian otras enfermedades como VIH, diabetes y recientemente evidenciaron tuberculosis.
“En la Cárcel Judicial un privado de la libertad presentó tuberculosis, eso llevó a que se contagiaran tres o cuatro internos más pero ya dos se recuperaron y los otros están aislados en una situación de salud sobrellevada”, finalizó el personero, Silvio Cuello.