El cese de operaciones de la poderosa multinacional Prodeco ha dejado a cientos de personas sin empleo, y junto al covid-19 y la caída de las exportaciones, tiene a la gran minería de este departamento en una profunda crisis. La bonanza, en vez de sembrarse, terminó por despilfarrarse y promover la corrupción.

Desde marzo de 2019,  el enclave minero del departamento de Cesar empezó a sentir, poco a poco, los efectos inquietantes de una enfermedad silenciosa. Varias minas, entre ellas las de las gigantes multinacionales Prodeco, CNR, y Drummond, entre otras, comenzaron a sacar menos carbón en las poblaciones de Agustín Codazzi, Chiriguaná, El Paso, Becerril y La Jagua.

Estadísticas de la Cámara de Comercio de Valledupar muestran que la economía de la zona ya sentía el frenazo de la producción carbonera, que aporta casi la mitad del PIB de la región, estimado en unos 21 billones de pesos para 2019.  La situación se agravaría un año después, en marzo de 2020, cuando el país adoptó cuarentenas obligatorias para contener la pandemia del covid-19. Eso llevó a que varias alcaldías y la ciudadanía del corredor minero del Cesar pidieran suspender la explotación carbonífera para frenar los contagios.

De ese modo, el covid-19 le dio el puntillazo a un sector que ya venía en crisis por la caída de los precios internacionales y porque varios países industrializados decidieron reconvertirse a energías limpias. Así, según la Agencia Nacional de Minería, en 2020 las minas produjeron 17 millones de toneladas menos que el año anterior, lo que impactó directamente a los municipios mineros que dejaron de recibir, por lo menos, un 38 por ciento de ingresos por regalías.

De las cerca de 19.6 millones de toneladas de carbón que se produjeron en 2019 en Colombia, el 64 por ciento se extrajo del Cesar.

En realidad el covid-19, explica el experto Fernando Herrera Araújo, director del Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales (Cesore), aceleró un proceso que muchos temían, pero para el que pocos se prepararon: el fin del boom del carbón en el Cesar.

A finales de 2020 y ante la crisis, Prodeco solicitó al Gobierno permitirle devolverle las licencias. Aunque la Agencia Nacional Minera le negó esta solicitud, en la práctica la empresa ya había empezado a desmontar su negocio tras suspender la producción y, con ella, a miles de trabajadores. Al fin y al cabo esa empresa, con sus cinco títulos mineros en La Jagua de Ibirico, anualmente exportaba el 16 por ciento de lo producido en el país.

Al igual que Prodeco, otras empresas también podrían irse de la región, lo que preocupa a comerciantes, autoridades civiles, líderes y expertos. Todos lamentan cómo se desaprovechó otra bonanza, rememorando la del algodón de los años setenta, por lo que no quedó sembrado en este departamento otro tipo de economías productivas. “Lo grave no es tanto que la empresa se haya ido”, dice el alcalde de La Jagua, Ovelio Jiménez, “sino toda la cadena que depende del carbón”.

Solo en el corredor minero unas 1.503 empresas, entre hoteles, restaurantes y comercios, se beneficiaban del flujo de dinero que mensualmente movían Prodeco y sus empleados. La directora del Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Valledupar, Diana Mejía, vaticina que, de materializarse la salida de esta empresa, por lo menos un 46 por ciento de estos establecimientos cerraría definitivamente.

Esto muestra otra dimensión del problema: a pesar de que desde hace años esas empresas venían dando señales de irse algún día, autoridades y políticos no construyeron un plan para contener los efectos del fin del boom.

Esto se refleja en lo que hoy padecen los hoteleros de La Loma, un pequeño corregimiento de El Paso, en el epicentro de la explotación minera. En su momento llegó a tener más habitantes que la cabecera municipal. Hoy, cientos de camas permanecen vacías. 

DÉCADAS DE DESPILFARRO Y CORRUPCIÓN

La soledad de esos establecimientos revela décadas perdidas de despilfarro, malas inversiones y corrupción. Los cinco municipios del corredor minero recibieron durante ocho años, entre 2004 y 2012, 717.000 millones de pesos, una danza de los millones que terminó cuando el reparto de las regalías carboneras quedó modificado en 2013. En ese mismo período, solo la Gobernación de Cesar recibió 1,14 billones de pesos de regalías. 

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Dos ejemplos muestran la dimensión del despilfarro: las alcaldías de El Paso decidieron usar los dineros de las regalías en construir obras suntuarias, pero hoy su gente no tiene acueducto. En Becerril, uno de sus alcaldes construyó una plaza de conciertos para 60.000 personas donde no viven ni 17.000. “Al priorizar el uso de las regalías nunca buscaron mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, se lamenta el experto Herrera.

Municipios como La Jagua vieron cómo, desde 1998, casi todos sus alcaldes fueron condenados por corrupción. Entre ellos están Ana Alicia Quiroz (1998-2000), Hernando Enrique Díaz (2001-2003), Osman Mojica (2004-2005) y Edinson Lima Daza. Este fue alcalde encargado en reemplazo de Mojica entre 2005 y 2006 y en cuatro meses firmó contratos irregulares por 36.000 millones de pesos.

En este municipio pululan los elefantes blancos. Uno de ellos, el Centro Recreacional Tucuy, un complejo de cuatro piscinas nunca terminadas, hoy acumula aguas empozadas. Para darle algún uso, la exalcaldesa Yarceli Restrepo reubicó allí a unos vendedores ambulantes de comida que invadían el espacio público en el centro del pueblo. 

Según la reglamentación de las regalías, los mandatarios locales debían invertir el 75 por ciento de sus recursos en salud, saneamiento básico, educación y agua potable. Pero la bonanza atrajo a corruptos e incluso a los paramilitares, que influyeron violentamente en la política local y se dedicaron a sacar “mordidas” de los presupuestos municipales.

En agua potable abundan los ejemplos de corrupción y malos manejos. En la región aún recuerdan al entonces gobernador Hernando Molina Araújo, condenado por parapolítica. Ese funcionario pignoró en su mandato el 12 por ciento de los recursos que recibían todos los municipios mineros. Lo hizo para ejecutar un programa para realizar los “diseños y garantizar la sostenibilidad” de los acueductos de la región. Pero nunca se ejecutó aunque motivó un crédito por 4,5 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento, que aun pagan los cesarenses.

También recuerdan los 97.000 millones de pesos “perdidos” de un Plan de Agua, supuestamente ejecutado entre 2002 y 2006 en todo el departamento, sin que hoy en día alguno de sus 25 municipios cuente con agua constante y de calidad.

LAS DEUDAS PENDIENTES

Hoy crecen varias preocupaciones con la salida de las empresas mineras y en particular de Prodeco. Aunque el gobierno le negó la devolución de los títulos mineros, en la práctica esta empresa dejó de operar desde 2019. Pero sobre todo, dejó de tributar a estos municipios y a la región.

Lo cierto es que Prodeco, las administraciones locales, la Gobernación y los sectores vivos se durmieron. No cumplieron su deber de armar en conjunto y por separado planes para amortiguar la salida de la empresa y evitar un colapso de unas poblaciones tan dependientes de la economía carbonera.

Según varios alcaldes y políticos consultados, ahora deben hacer una transición forzada en un territorio donde la empresa minera no dejó capacidad ni conocimiento instalado, ni los municipios ni los pobladores se prepararon para este golpe económico y social.

Los mandatarios de los municipios mineros coinciden en el fuerte golpe recibido en las finanzas y proyectos de desarrollo debido a la disminución de las regalías habituales, sobre las que habían proyectado sus presupuestos.   Por una parte el alcalde de Becerril, Raúl Machado Luna, calcula que, con la sola salida de Prodeco, pierden un 30 por ciento de su presupuesto.

“Eso equivale a más de 10 mil millones de pesos por año”, dice. Con estos recursos el alcalde sostiene que hubiera podido hacer inversiones para “satisfacer necesidades de nuestro municipio y a la vez mejorar la calidad de vida y las oportunidades de trabajo directo e indirecto a nuestra gente”.

Por otra, el alcalde de El Paso, Andry Aragón, señala que presupuestalmente ya están sintiendo además el cierre de otra multinacional, CNR. “Si a eso le sumamos que Drummond casi no está sacando mineral, el impacto es grandísimo”, dice. El mandatario asegura que, por el cierre minero, su municipio ha dejado de recibir 4.000 millones de pesos de regalías en los dos últimos años.

En la reconversión del empleo también hay grandes dificultades. Por un lado, la zona y la mayoría de sus gentes se acostumbraron a trabajar al servicio de hospedajes y restaurantes, entre otros, sin que hubieran aprovechado la bonanza carbonera para generar nuevas industrias y emprendimientos.  Y lo que ha hecho la empresa en temas de inversión social y compensaciones no alcanza a cubrir a toda la población.  Algunos cuestionan por ejemplo que haya dificultades en uno de los pocos programas ejecutados por el Centro de Emprendimiento y Empleabilidad, Cemprende.

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Uno de ellos tiene que ver con un proyecto agroempresarial en 122 hectáreas, que en teoría debería beneficiar a 150 familias de La Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso, en el que sembraron marañón, mango, patilla y yuca.  Según la presidenta de la Asociación de Productores de El Paso, Asopropaso, Glennis Castillejo, el proyecto no ha generado los beneficios anunciados y por el contrario le ven un futuro gris.  “Ellos sabían que no iba a tener resultados favorables y sentimos que hemos perdido nuestro tiempo y nos han utilizado, ¿Quizás para justificar qué?”, se pregunta la líder campesina.

Carlos Romero, funcionario de Prodeco, lidera el proyecto, operado por la Corporación Colombia Internacional. Él difiere de la opinión de Castillejo y dice que este es un piloto que la compañía quiso realizar y no está sujeto a ninguna “obligación legal o contractual”.  “Se está realizando en predios de Prodeco y se reiniciará a partir de junio hasta lograr su objetivo principal”, puntualizó. Según la empresa, el proyecto pretende generar empleo en el sector. Pero no genera capacidades adicionales pues quienes deseen participar solo pasarán de mineros a jornaleros.

Ahora los pobladores enfrentan el gran problema de reinventarse para hacer frente a la salida de la empresa. Pero solo les queda la opción de volver a un campo sin agua y con suelos desertificados, como ratifica Fernando Herrera.

EL HUECO QUE QUEDA

Ahora que los habitantes tienen que ver cómo rebuscarse su futuro en el campo, varios ambientalistas advierten que las empresas no se pueden ir del territorio sin reparar los daños causados por la explotación minera.  Sostienen que Prodeco no puede salir de la región sin resolver problemas acumulados como el del medio ambiente. Y que tiene que cumplir un compromiso establecido en los Planes de Manejo Ambiental Unificado, como lo estipula su licencia minera.

Para Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de los Andes, “en la zona minera hay afectación grave en la regulación del agua y en la fertilización de los suelos, los pasivos ambientales de esta actividad están ligados a la cuenca media del río Cesar. Allí se afectó la producción agrícola como por ejemplo en el cultivo de plátano en San Roque, Curumaní”, puntualizó la experta.

Sin embargo, aclara que no se le puede echar toda la culpa del deterioro del medio ambiente del departamento de Cesar a la actividad minera. Señala que esta zona ha acumulado también un pasivo ambiental por cuenta del cultivo de algodón y la ganadería.

Cabe recordar que la empresa Prodeco, en 2009, le solicitó al Ministerio de Ambiente permiso para desviar los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito en 2011, lo que le permitió ampliar la mina Calenturitas. En una auditoría de la Contraloría, en 2018, esta entidad señaló que el aumento de las áreas de influencia y explotación estaba afectando la salud de la gente e impactando varios ecosistemas, en especial en el río Calenturitas. 

Para Misael Liz, un activista que ha hecho parte en los procesos que se adelantan ante la ANLA, el desvío de este río no ha sido compensado.  “El daño ambiental ha sido mayúsculo e irreparable, la desviación del río afectó agentes ícticos, bióticos, fauna, flora porque las grandes paredes de concreto obstaculizaron la frontera de migración de los peces hacia la Serranía del Perijá e impiden la movilidad para llegar a su punto de desove”, relata.  

Para este líder no solo se ha presentado un impacto ambiental: “También en los usos y costumbres de los ancestros, indígenas y campesinos, quienes perdieron la pesca de subsistencia en esos ríos. Los ríos Tucuy, Maracas y Caño Santa Cruz (entre otros), alimentan al Calenturitas”, agrega. 

Pocos, como este líder, se atreven a decir que Prodeco “le miente al Estado colombiano y a la comunidad, pues  el compromiso era que al terminar la operación devolverían el río a su cauce original”. También afirma que, con la salida soterrada de la región, la empresa además incumple el protocolo de cierre de la mina, “pues no han acompañado al pueblo en la reconversión económica, el cambio a la vocación minera nos dejó dependientes de una única actividad. Hoy más que nunca necesitamos volver a las raíces agropecuarias para garantizar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria”, concluye. 

Este será sin duda el mayor reto del corredor minero del departamento de Cesar. Muchos van a intentar retornar al campo, pero se van a encontrar con que no cuentan con fuentes hídricas y sí con suelos desertificados: ese es el tercer departamento con la mayor área en esas condiciones. Se trata de “dos aspectos que limitan que la agricultura sea la redención”, concluye el experto.

A lo largo de este trabajo le enviamos varios cuestionarios a la empresa Prodeco pero declinaron hacer comentarios.

Con reportería de Luis Barreto, Luis Martínez y Priscila Zúñiga*

Por: 360-grados.co en alianza con Diario Criterio