Dos robos registrados recientemente, en hechos aislados el pasado 13 de abril en Valledupar, dejaron heridas con arma de fuego a dos mujeres en los barrios Arizona y Siete de Agosto, respectivamente.

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Las víctimas fueron Naylin Morón Durán, de 28 años de edad, empleada de la clínica SION, y Roseni Vanesa Gómez Quiroz, de 22 años. Ambos casos nuevamente suscitaron controversia en la ciudadanía que cerró filas manifestándose en contra o en favor de las gestiones hasta ahora realizadas por las autoridades y mandatarios en materia de seguridad en la capital del Cesar.

Aunque para algunos el trabajo realizado frente al delito es notable, lo cierto es que continúa siendo uno de los que más impacta la economía e integridad de los vallenatos.  

De acuerdo con la cifras otorgadas por el Departamento de Policía Cesar, desde enero hasta el 10 de abril en la ciudad se denunciaron 572 hurtos a personas; una cifra muy por encima de otro tipos de robos que afectan la seguridad ciudadana como por ejemplo el hurto a comercio (con 121 denuncias), el de motocicletas (85 casos), el de residencia (55 casos), de automotores (13 casos) y entidades financieras (1 caso).

Según las autoridades, el robo a persona presenta una variable de 52 denuncias menos en comparación del año anterior, que para la misma fecha presentó 624 casos. No obstante, estas estadísticas están muy alejadas de la realidad ante la mirada de algunos analistas y estudiosos del fenómeno criminal. 

“En el observatorio de seguridad que se hizo con la población directa solamente el 14 % de la gente denuncia, por lo que la cifra que maneja la Policía es falsa y los que denuncian no lo hacen con la esperanza de recuperar nada, sino porque se le perdieron los papeles; es decir, por razones de tipo administrativo y no porque haya confianza en las autoridades. El otro 84 % que no lo hace es porque considera que es inútil, dado que no confían con que vaya a ver algún tipo de acción o resultado”, manifestó José Luis Bustos, director científico del Centro Ejecutivo Ágora.

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El año anterior pese a la pandemia también se registraron, según la Policía, 1.655 hurtos a personas en la capital del Cesar, una problemática que en parte proviene de un cúmulo de factores sociales como el desempleo, la pobreza y la ausencia de gestionar mejores políticas de criminalidad.

A eso se le suma las falencias de la administración de justicia, ya que a veces  los delincuentes no van a la cárcel con motivo de una medida de aseguramiento tras ser detenidos. De ahí que en ocasiones reincidentes o violadores de medidas domiciliarias hagan parte de la cadena delictiva detrás del robo a ciudadanos.

“Estos atracos ocurren mayoritariamente en horas de la mañana cuando la gente está saliendo para el trabajo o de universidades y en horas de la tarde cuando regresan a los hogares. Los días más ‘calientes’ son los lunes, martes y miércoles.  Pasa más a inicio de mes y a mediados con la quincena, a final de mes baja”, agregó Bustos.

Según el análisis de las autoridades, los barrios más afectados por atracos son Primero de Mayo, Simón Bolívar, La Nevada, Los Fundadores y el Centro.

Justamente a inicios del mes de abril el Primero de Mayo protagonizó un hurto en contra de un Súper Giros. Ahí en medio de una fuerte lluvia dos sujetos que se desplazaban en motocicleta llegaron a intimidar a los que estaban en el establecimiento para despojarlos de sus pertenencias. Pese a que el montón de lo hurtado solamente fue de unos 150 mil pesos, la inconformidad de los habitantes del sector no se hizo esperar al denunciar que estaban a ‘merced de la delincuencia’. 

¿CÓMO CONTRARRESTARLO?

El columnista Carlos César Silva, quien es abogado especialista y magister en Derecho Público, consideró que si bien es cierto que se han realizado acciones para mejorar las estrategias frente a la seguridad en tema de tecnología e insumos, no se puede dejar de lado la necesidad de gestionar una política criminal integral.

“Es decir, una estrategia compacta que sirva para contrarrestar la criminalidad no solo desde lo policivo y lo judicial, sino también desde lo social”, comentó el profesional.

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Precisó, además, que esto se podría lograr haciendo presencia institucional en todos los barrios de la ciudad para llevar una oferta social enfatizada en lo cultural y en la salud, entre otros aspectos importantes.

“Asimismo, se requiere urgente un mapa de criminalidad riguroso, grupos especiales contra la delincuencia, atención social prioritaria a la juventud, un trabajo planificado en la violencia intrafamiliar y recuperar las zonas que están bajo las leyes del crimen”, puntualizó Silva.

Por su parte, el director científico del Centro Ejecutivo Ágora aseguró que la Fuerza Pública también debe mejorar su sistema operacional. Aseveró que los uniformados deben preocuparse por hacer más controles al interior de los barrios donde atracan para ir en busca de las armas y no en las avenidas principales para pedir nada más papeles.

“El porte ilegal de armas ya es un delito que tiene cárcel, por lo tanto si la Policía se concentrara en buscar barrio adentro las armas bajarían sustancialmente el número de atracos en la ciudad, pero además de eso tendrían capturas en flagrancia y las motos, que en su mayoría son alquiladas con las armas”, acotó el experto.

Finalmente, manifestó que el problema no ha mejorado sustancialmente por ausencia de voluntad política en las últimas administraciones.

Sin embargo, en un reciente debate de seguridad realizado en el Concejo Municipal, el secretario de Gobierno, Luis Galvis Núñez, afirmó  que desde la administración estaban trabajando en una política integral con motivo a que el tema compete a todos a los actores de la sociedad.

REDACCIÓN EL PILÓN.