A partir del debate abierto en el país por la necesidad de descongestionar las cárceles ante la propagación del Covid-19, la Contraloría General de la Nación presentó una propuesta para aliviar la problemática y dio a conocer las 20 cárceles más hacinadas en el territorio nacional.

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Entre las cuales se encuentra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Aguachica y la Cárcel Judicial ubicada en el barrio El Dangond de Valledupar.

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la Nación, el centro de reclusión de la capital del Cesar cuenta con una capacidad para 256 reclusos y a la fecha tiene 987, mientras que la de Aguachica cuenta con 170 privados de la libertad a pesar que su espacio está habilitado para 70 personas.

Los dos centros hacen parte de un largo listado entre los que se encuentran otros centros de reclusión como los de Riohacha,  de Santa Marta, Caucasia, la cárcel Los Andes (Antioquia), la cárcel La Paz (Itagüí) y la de Apartadó. Las otras cárceles  son las dos de Barranquilla;  el Establecimiento Penitenciario de Cali, de Santa Bárbara; Santa Rosa de Osos, Sonson; La Ceja, Medellín; Armero-Guayabal, Quibdó, Barrancabermeja y Pensilvania.

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¿QUÉ HACER?

Con el inicio de la emergencia sanitaria decretada para evitar la propagación del Covid-19, la Contraloría propuso acondicionar 93 hoteles de los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para recibir unos 40 mil reclusos.

El contralor de la república, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que entre las alternativas está que las alcaldías y gobernaciones tengan responsabilidad de los sindicados. Esto teniendo en cuenta que, según el análisis del ente de control, la población carcelaria total es de aproximadamente 123 mil internos con un índice de hacinamiento del 52,2 %, de los cuales hay 37.553 personas en calidad de sindicados.

La Contraloría también evidenció que los guardias del INPEC encargados de la vigilancia son insuficientes para el monitoreo de los presos. Según el análisis, por cada patio con 150 a 300 reclusos, solo hay  de uno a dos guardias, cuando la norma señala que deben ser más de 6.

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‘NO ES LA ÚNICA PROBLEMÁTICA’

Al respecto, el personero municipal de Valledupar, Silvio Cuello, comunicó que la propuesta del organismo podría ser una alternativa pero que en la capital del Cesar existen otras problemáticas relacionadas con la salud y los servicios básicos.

“Ellos como humanos también necesitan tener una vida digna como debe ser el servicio de agua. Ahora con la pandemia se les ha mejorado porque cuando se va en el barrio, el cuerpo de bomberos le suministra agua y se les prohibió las visitas familiares porque cualquiera podía llegar infectado”, manifestó Cuello.

Explicó además que otro centro de reclusión que necesita intervención con urgencia es la Estación La Permanente porque carece de una adecuada infraestructura.

“Existe un hacinamiento del más del 300 % porque el cupo que tiene es entre 65 a 70 personas y hay 375 privados de la libertad. Encontramos que ahí las condiciones no son las adecuadas, tenemos el problema del agua y de las baterías sanitarias, con tanta gente que hay solamente tienen cuatro baterías sanitarias”, puntualizó el personero.

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Los directivos han optado por algunas medidas para enfrentar la emergencia. Ejemplo, la encargada de la Cárcel Judicial, la directora Enilda Elena Vásquez Oñate, propuso que las visitas fueran virtuales y sensibilizó a la población carcelaria en el cuidado y prevención del coronavirus.

LO QUE PROPONE LA FISCALÍA

La Fiscalía General de la Nación presentó un análisis y propuesta sobre la excarcelación transitoria de reclusos por el coronavirus. El organismo investigador consideró que todas las medidas optadas deben estar encaminadas a prevenir el contagio, no para solucionar problemas estructurales que deben ser analizados.

“El INPEC tiene facultades para conceder beneficios administrativos contemplados en el Código Penitenciario y Carcelario como permisos de hasta de 15 días, la libertad y franquicia preparatorias, previa aprobación de los jueces de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad. Adicionalmente, el instituto puede trasladar, reubicar y hacer coordinaciones con las autoridades sanitarias, entre otros procedimientos necesarios para responder al estado de emergencia generado por el coronavirus”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía agregó que la libertad condicional es otra medida razonable que podría ser contemplada pero que el beneficio debe ser dirigido a los privados de la libertad con buen comportamiento, arraigo familiar y social.

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LAS CONDICIONES

El ente indicó que los beneficios deben ser aplicados a las personas con penas inferiores a cinco años, a los adultos mayores sensibles a contagio y mujeres gestantes.

“Se debe disponer de lugares adecuados para alojar temporalmente a los beneficiados que no reporten domicilio para cumplir la medida. Para ello, se plantean dos fuentes de financiación. De un lado, los recursos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, que tiene proyectos y recursos de inversión de este tipo”, puntualizó la Fiscalía mediante un comunicado.

Finalmente la institución vio con buenos ojos  la utilización de algunos bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales.