Campesinos de la vereda La Guitarra, del corregimiento de Mariangola, en Valledupar, avanzan con la marcha pacífica en favor de hacer valer sus derechos como víctimas del conflicto armado en el país.
El derecho de propiedad colectiva fue otorgado por el Gobierno nacional a través del Acuerdo 274 de 2023. Se trata de predios que estaban baldíos.
El trámite debe ser realizado en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y tiene dos etapas: administrativa y judicial.
La sentencia fue proferida por un magistrado de Restitución de Tierras.
El Tribunal Superior de Cartagena concedió por primera vez el derecho constitucional a una familia campesina de un predio en Villanueva.
EL PILÓN continúa exponiendo apartes del Informe Final de este comité de paz. Hoy lo relacionado al despojo de tierras durante el conflicto armado y social colombiano.
Nueve familias campesinas víctimas del conflicto armado ubicadas en la zona rural de Astrea regresaron a sus tierras en la vereda Santa Cecilia.
Los asistentes al taller fueron habitantes asentados en las estribaciones de la Serranía del Perijá
Así mismo, se han recibido un total de 7.788 solicitudes de las cuales 709 han llegado al Gobierno nacional, según datos correspondientes al cierre del mes de febrero de este año.
A siete familias de los municipios de Curumaní y Chiriguaná, que fueron desplazadas por la violencia paramilitar, deberán aplicarles la restitución de tierra en el departamento del Cesar.
Las veredas Bocachica, Las Palmas, Mata de Agua y El Totumo, de Tamalameque, entrarán en el proceso de restitución de tierras de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar, URT.
Más de 24.000 hectáreas de tierra fueron restituidas con la emisión de 432 sentencias que favorecieron a 1.789 familias de los departamentos de La Guajira y Cesar.
Esta comunidad fue reconocida como Consejo Comunitario a través de una resolución emitida por el Ministerio del Interior en el año 2013.
Los beneficiarios de esta iniciativa expresaron la alegría que les genera realizar la firma del contrato y comercial con una empresa láctea.
De estos, 587 títulos fueron para el departamento del Cesar distribuidos en 26 familias de La Paz, Tamalameque, Valledupar y Chiriguaná por un valor de $1.141 millones, representados en 155.634 hectáreas.
El Consejo Comunitario Los Cardonales en Guacoche espera que le devuelvan 156 hectáreas arrebatadas durante el conflicto armado.
En el mismo fallo se dispuso la entrega del predio a los segundos ocupantes reconocidos en el proceso.
Hace dos años Edilsa Camarillo recuperó su predio ubicado en la zona rural de Valledupar, donde hoy cultiva cacao y le vende su cosecha a la Compañía Nacional de Chocolates, empresa multinacional que comercializa sus productos en Europa, Asia, Oceanía y Centroamérica.
A nueve años de creada la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, más de cuatro mil millones de pesos han sido invertidos en proyectos productivos para familias restituidas en el Cesar, los cuales han sido destinados para emprendimientos de ganadería, cacao, ovinos-caprinos, café, palma de aceite, yuca, apicultura y mango.
Valledupar (117.496), Aguachica (con 28.848), Codazzi (con 26.745), Curumaní (18.506) y Bosconia (14.149) son los municipios donde más se registran víctimas de conflicto armado.
Una pareja de esposos que en el 2001 se vio obligada a abandonar su predio, ubicado en la vereda Villanueva en el municipio de Aguachica, debido a las amenazas del ELN, fue beneficiada por un fallo del Tribunal de Cúcuta que determinó que tenían derecho a la restitución.
Durante dos días colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierra socializaron con las autoridades municipales y líderes de las Juntas de Acción Comunal las etapas del proceso de restitución de tierras, la ruta de atención para solicitantes y para terceros intervinientes, así como las funciones de cada entidad que interviene en el Sistema Nacional […]
La familia Plata Martínez recibió 18 hectáreas de tierra, en la que desarrollarán su idea productiva y mejorarán sus condiciones de vida.
En el Cesar hay registro de ocho líderes asesinados en los últimos tres años, mientras otros 250 líderes sociales han sido amenazados, principalmente, en los procesos de reclamación de tierra.
