REDACCIÓN/EL PILÓN 

A nivel nacional 72 empresas fueron condenadas a devolver predios que tenían demandas judiciales, entre estas se encuentra la multinacional Drummond con presencia en el departamento del Cesar. 

Así lo reveló la Fundación Forjando Futuro que se encarga de representar judicialmente a víctimas en procesos de reclamación para la restitución de las tierras despojadas o abandonadas con motivo del conflicto armado. 

Para el caso de Drummond un magistrado de Restitución de Tierras le ordenó devolver dos predios ubicados en La Jagua de Ibirico, que suman 60 hectáreas. 

Según la Fundación las sentencias fueron proferidas en el 2022 y debido a que fueron  72 empresas condenadas, es el segundo caso más alto en la historia desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, la anterior fue en el 2018 cuando hubo 108. 

Asimismo indica que en específico para el caso de Drummond la sentencia señala que se decidió compulsar copia a la Fiscalía para que investigue a la multinacional debido a posibles nexos con grupos al margen de la ley debido a que los desplazados de las tierras fueron amenazados por paramilitares que de no vender los predios a la compañía minera serían asesinados y por ello debieron salir de sus territorios. 

Cabe señalar que los predios que señala la demanda se refieren a la parcelación denominada Mechoacán donde se adelantó la mina El Descanso. 

Frente a este caso, a través de un comunicado, la empresa Drummond indicó que para el desarrollo del contrato minero de El Descanso, en el año 2007, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), les  ordenó adelantar la negociación para adquirir la totalidad de los predios que hacían parte de la parcelación Mechoacán, integrada por más de 130 predios.

En este sentido, destacaron que las negociaciones se llevaron de forma colectiva, mediante mesas públicas en compañía de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi .

“Como resultado de estas mesas de negociación, se identificaron los predios de la parcelación Mechoacán que podían adquirirse, y se excluyeron aquellos respecto de los cuales se identificaron circunstancias o motivos de duda, que sugerían abstenerse de adquirirlos mientras estos se aclaraban. Se hizo todo lo que estaba al alcance, comprometiéndonos más allá de lo que le exigía la ley, para obtener una convicción real y fundada de que los predios que adquirió sí podían ser comprados de forma regular, cumpliendo los más altos cánones que exige la buena fe exenta de culpa, y sin afectar los derechos de terceros y/o de la población vulnerable”, destacaron. 

Finalmente, reiteraron que ni la compañía ni sus ejecutivos tienen ni han tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen.

OTRAS EMPRESAS 

En el Cesar también hubo una empresa más vinculada al sector agropecuario que fue condenada a devolver dos predios que suman 204 hectáreas.