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Verdades en conflicto - 23 septiembre, 2022

“No existe el delito de despojo de tierra”: Comisión de la Verdad 

EL PILÓN continúa exponiendo apartes del Informe Final de este comité de paz. Hoy lo relacionado al despojo de tierras durante el conflicto armado y social colombiano. 

En 2021, el Tribunal de Cartagena ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras aplicar la restitución a siete familias de  los municipios Curumaní y Chiriguaná que fueron víctimas de despojo por paramilitares.                  / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.
En 2021, el Tribunal de Cartagena ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras aplicar la restitución a siete familias de los municipios Curumaní y Chiriguaná que fueron víctimas de despojo por paramilitares. / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición señala en su Informe Final que no existe en la ley penal el delito de despojo, haciendo referencia al caso de tierras. 

“Los responsables del despojo gozan por lo general de impunidad, en parte porque no existe el delito de despojo en la legislación penal colombiana”, afirma la entidad de carácter temporal. 

Así mismo, define este problema como la acción que emplean los grupos armados o sus representantes para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen. 

“Esto no es obstáculo para que los jueces a través de los nuevos mecanismos que les da la ley de víctimas  les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron”.

Según el Ministerio de Agricultura.

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VULNERABILIDAD

Esto se ha dado en contextos de vulnerabilidad para las víctimas. También resalta que  funcionarios corruptos se habrían prestado para legitimar este tipo de hechos. 

El Minagricultura ha dejado claro que los jueces a través de los nuevos mecanismos que les da la ley de víctimas pueden devolver a sus verdaderos dueños los predios que perdieron. / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.

A pesar de que no está tipificado, es una práctica antigua y masiva, pero según la Comisión tampoco existen bases de datos que muestren la verdadera magnitud del problema, así como la diferenciación entre tierras despojadas y abandonadas por la fuerza. 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Un concepto similar ha expuesto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: “El despojo de la tierra se logró a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias y la ocurrencia de delitos”. 

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De acuerdo con investigadores, lo anterior facilitó el proceso de acumulación de predios en pocas manos, “agravando la desigualdad y la problemática agraria”. 

El departamento del Cesar es uno de los territorios más afectados por este fenómeno en el país.   / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ. 

“Perdimos todo, debido a eso mis papás se vinieron para Aguachica y a una persona campesina en el pueblo le va mal porque la vida de uno es el campo, estar pegado a las matas, checheriando con los animales…”.

Dijo una víctima a la Comisión de la Verdad.

Pero el Minagricultura ha dejado claro que  “esto no es obstáculo para que los jueces a través de los nuevos mecanismos, que les da la ley de víctimas, les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron”. 

Se trata de la Ley 1448 de 2011, norma sobre víctimas y restitución de tierras que definió este fenómeno como “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación”. 

EL DERECHO PENAL

“Perdimos todo, debido a eso mi papá y mi mamá se vinieron para Aguachica, Cesar, y a una persona campesina en el pueblo le va mal porque la vida de uno es el campo, estar pegado a las matas, checheriando con los animales…”, dijo una víctima a la Comisión.  

EL PILÓN consultó con el abogado penalista Benjamín Jaimes sobre el particular, y este aseguró que el delito más cercano es el desplazamiento forzado. 

Esto significa “sacar a las personas de sus sitios de arraigo con violencia o amenazas, apoderándose de sus tierras y demás pertenencias”. 

Para Jaimes Quintero, bajo esta adecuación, “es posible adelantar los mecanismos de restitución como los que hoy se están haciendo a través de la Unidad de Restitución de Tierras”. 
Un año después de firmado el Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las FARC, este diario reportó que, según la citada Unidad, cerca de 4.700 personas declararon haber sido despojadas, pero se habían confirmado 1.300 y determinado que solo 800 cumplían “las condiciones” para ser reparadas.

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