En el sitio no hay cámaras de seguridad y solo hay documentos y carpetas de procesos.
El Ministerio de Educación financiará las intervenciones que hará Findeter no solo en el Cesar, sino también en Nariño y Vichada, por un valor total de $34.000 millones. Las obras serían entregadas el próximo año.
En la reunión, que denominan como instancia colectiva para la toma de decisiones relevantes y trascendentales, decidieron declarar urgencia, gravedad y vulneración a los derechos fundamentales de salud y a la vida, y la persistencia del riesgo de exterminio físico y cultural.
Su cuerpo fue encontrado horas después por los habitantes de la zona que dieron aviso a las autoridades.
En el departamento del Cesar hay escenarios de riesgo actuales por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas que generan desplazamiento forzado.
Estos deberán reconocer el daño ocasionado ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
La Comisión de la Verdad elevó un pronunciamiento en el que rechazó el acto violento e instó a respetar la diversidad étnica del territorio nacional.
Los centros ceremoniales son el espacio donde los indígenas practican sus rituales, la reflexión y demás actividades sagradas, de ahí la importancia de mantenerlos entre sus comunidades.
El jurista argumentó que la decisión del funcionario fue acertada debido a que el portón afecta incluso a las personas que residen en el resguardo.
La iniciativa podría extenderse debido a que busca preservar los espacios naturales por medio de donaciones.
La autoridad kankuama que administra un puesto control rudimentario ubicado en la entrada al corregimiento La Mina, presuntamente estaría cobrando $5.000 por dejar ingresar a particulares y transportistas a ese territorio.
Se trata de Bernabet Zapata y su hija Kelly Villazón, de 18 años de edad, quienes presuntamente salieron de una finca ubicada sobre la vía del corregimiento de Río Seco donde residían y no regresaron.
La obra inició en el 2018 y hasta la fecha no ha entrado en funcionamiento por la falta de dotación, y la terminación de la infraestructura que se encuentra ubicada en el corregimiento de La Mina, municipio de Valledupar.
Entonando cantos de protesta en contra de los actos de violencia que se han cometido durante el paro nacional y solicitando un cambio en las políticas ambientales, el pueblo kankuamo marchó por las principales calles de Valledupar.
La Unidad Nacional de Protección, UNP, adoptó medidas de protección colectiva para el pueblo kankuamo que habita en los alrededores de la sierra nevada de Santa Marta ante los riesgos por la presencia de grupos criminales en sus territorios.
Los kankuamos piden a las autoridades apoyo para determinar la responsabilidad de los hechos en los que fue incendiado un templo ceremonial de su comunidad.
En plantón pacifico, el pueblo indígena reclamó a los órganos de justicia el esclarecimiento de los hechos por el asesinato de Mildred Montero e Indira Pacheco, lideresas de la comunidad.