La Fiscalía anunció que, además, abrirá un proceso investigativo en contra de Juan Carlos Daza.
Luego del asesinato del recluso se dio a conocer que el responsable de quitarle la vida pertenecía a la estructura criminal ‘Los Paisas’, que operaban en Valledupar.
Además, la mujer que entregó las grabaciones donde se escucha al fiscal referirse al tema entregó su versión y dijo que las vacas eran para indemnizar a su familia.
La víctima trabajaba en la Fiscalía de la Seccional del Magdalena Medio.
La Corte Suprema de Justicia eligió este martes a la nueva fiscal General de la Nación.
Andrés Palencia fungió como director de Fiscalías Cesar.
La decisión revocó la condena que había impuesto el Tribunal del Distrito Judicial de Valledupar en contra del funcionario por el delito de prevaricato por omisión.
Los hechos se relacionarían a la puja que existe entre su familia para el control de la Fundación Acosta Bendek, el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana, Unimetro, de esa ciudad.
Fabio Enrique Zuleta Pretel y José Joaquín Araújo Baute fueron imputados por el delito de concusión. Ninguno aceptó cargos.
Lo hemos dicho muchas veces en esta humilde columna: una de las consecuencias lógicas del proceso de paz de Juan Manuel Santos, es la desinstitucionalización de Colombia.
La investigación ya no estará a cargo del llamado Fiscal defensor, Gabriel Jaimes, al ser sustituido por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, que se supone ha de asumir su rol de fiscal acusador y no de bolsillo, en concomitancia al acervo probatorio.
El ente tiene unas órdenes de captura por materializar sobre los últimos hechos de violencia en el municipio.
Junto a ella trabajan las abogadas Yesenia Mazeneth Cabello, fiscal 31 seccional, y Alexa Mora, fiscal 25 local, encargadas de la indagación e investigación de los casos.
El representante del ente acusador, Julio Ospina Gutiérrez, interpuso una recusación contra la magistrada Susana Quiroz Hernández para que se apartara del caso del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
El fiscal Yesith Pallares tenía en su poder un proceso en indagación por tentativa de homicidio cuya víctima era Orlando Ortega, denunciante de los presuntos actos de corrupción que ahora salpican a Pallares.
Un cúmulo de interceptaciones de llamadas, conversaciones de chat y videos recopilados en el marco de la investigación denominada ‘Justicia a la carta’ tiene en aprietos a los tres funcionarios que trabajaban para la justicia en este municipio del Cesar.
La investigación comenzó por un ciudadano que denunció en Bogotá cómo aparentemente fue víctima de la justicia al tener que pagar 15 millones de pesos entre dinero en efectivo y una camioneta, por un proceso penal a los funcionarios públicos. Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía pidió que los tres implicados fueran enviados a prisión.
Los capturados fueron señalados de traficar o manipular procesos judiciales a cambio de dinero en el Cesar.
Con la decisión la corte revocó el fallo condenatorio que había proferido en primera instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar sobre el funcionario público en una audiencia del 18 de julio de 2018.
Las manifestaciones de protestas que la ciudadanía colombiana en diferentes partes del país se llevó el viernes 11 de enero, solicitando la renuncia del fiscal general de la Nación, esto demuestra que el pueblo se está cansando de tanta, pero tanta corrupción y de casos insólitos que se dan.
El Fiscal fue notificado, para la indagación preliminar con el fin de determinar si hubo alguna falla disciplinaria en el proceso de Fernández Maestre, acusado por el delito de celebración indebida de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, cuyo procedimiento fue liderado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Control de Conocimiento.
