8 agosto, 2020

‘Justicia a la carta’, el tramo de corrupción que involucra a juez, fiscal y abogado de Bosconia

La investigación comenzó por un ciudadano que denunció en Bogotá cómo aparentemente fue víctima de la justicia al tener que pagar 15 millones de pesos entre dinero en efectivo y una camioneta, por un proceso penal a los funcionarios públicos. Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía pidió que los tres implicados fueran enviados a prisión.

Los funcionarios fueron procesados este viernes. 

FOTO/CORTESÍA.

Varias interceptaciones telefónicas y videos fueron piezas claves para que la Fiscalía Segunda Delegada señalara a un fiscal, juez y abogado del municipio de Bosconia de orquestar hechos de corrupción en esta zona del departamento del Cesar.

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En las audiencias preliminares el representante del ente acusador, Daniel Eduardo Cardona Soto, indicó que el fiscal 6 seccional, Yesid Pallares Aguilar; el juez promiscuo municipal, Roberto Carlos Orozco Argote, y el abogado de la Defensoría Pública, Carlos Luis Ropero Galván,  desde el 2017 hasta la presente fecha negociaban procesos o trámites judiciales a cambio de grandes sumas de dinero.

Estas tres personas aprovechando la cercanía íntima que existía entre ellos conformaron una empresa  criminal con ánimos de permanencia desde el mes de enero de 2017 hasta actualidad, con el propósito principal de manipular el desarrollo normal de procesos judiciales  a cambio de acuerdos o entregas de dinero”, manifestó el fiscal Cardona Soto.

Carlos Luis Ropero aparentemente se encargaba de negociar los procesos. FOTO/CORTESÍA.

‘CASO MATRIMONIO’

La investigación tuvo su génesis en la mañana del 20 de septiembre de 2017 cuando el Ejército Nacional capturó a Wilmer Ortega Palomino junto a otro ciudadano por presuntamente tener ilegalmente en su poder un arma de fuego.

Desde entonces Orlando Ortega Palomino en virtud de conocer el caso que afectaba a su hermano, Wilmer Ortega, se acercó a los funcionarios del CTI, quienes aparentemente le manifestaron que no se preocupara porque la situación jurídica se podía arreglar pero que buscara al abogado Carlos Luis Ropero Galván, adscrito a la Defensoría Pública.

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Según la investigación, al día siguiente 21 de septiembre, Orlando Ortega se reunió con funcionarios del CTI  y el abogado anteriormente mencionado, quienes le hicieron saber que todo estaba arreglado para que su hermano no quedara privado de la libertad.

Pero Ropero Galván le dijo que eso no era gratis, que tenía un costo y que parte de ese dinero tenía como destino en concreto el fiscal Yesid Pallares, el juez del caso y una parte claramente para él como abogado.  Además para presionar el pago de Ropero Galván, le expuso un audio donde el fiscal Pallares manifestó que si no había plata las audiencias de control de legalidad no sería con el juez de Bosconia sino con el de El Copey”, afirmó el fiscal del caso.

Tras los encuentros, Orlando Ortega  presuntamente entregó la suma de $15 millones entre dinero en efectivo y una camioneta Ford Roja. Al efectuarse el pago, las audiencias en efecto se desarrollaron a petición del fiscal Pallares ante el Juzgado Promiscuo de Bosconia cuyo tutor era Roberto Carlos Orozco.

Es así que en las diligencias preliminares el detenido Wilmer Ortega quedó en libertad tras que la defensa representada por Carlos Luis Ropero alegara que no había claridad en la legalidad de la captura.

Este proceso sería el ‘talón de Aquiles’ para que la Fiscalía General de la Nación comenzara a investigar a los funcionarios de la Rama Judicial que cubrían los procesos  que surgían de Bosconia, con base a una denuncia penal en Bogotá por parte de Orlando Ortega.

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Por tal razón, salieron a colación otros cuatro procesos cuestionados que habrían sido manipulados por los servidores públicos.

CASO LA TIERRA DE ‘PONCHITO’

Uno de esos fue el proceso civil adelantado por Alfonso Maestre, quien habría pagado al juez Roberto Carlos Orozco para que fallara a su favor.

La Fiscalía Segunda Delegada indicó que el mismo juez contactó a su ‘amigo’ abogado, Carlos Luis Ropero, comentándole del pleito a pesar que este no era conocedor del Derecho Civil.

Tal como lo habrían planeado, el defensor representó los intereses de Alfonso ‘Poncho’ Maestre y posteriormente el pleito salió a favor sobre el dominio pleno de un inmueble.

Así quedó evidenciado en una de las conversaciones interceptadas entre el juez y el abogado que fueron develadas en las audiencias preliminares.

Los otros pleitos indagados son uno ejecutivo entre el ciudadano Fredy Alberto Ramírez Rodríguez en contra de la empresa Comportex S.A.S, una acción de tutela interpuesta por Rafael Enrique Cudris Barrios y un proceso penal por contrabando de hidrocarburos cuyo indiciado era José Fernando Correa.

En este último el fiscal Yesid Pallares precluyó el proceso en respuesta a un presunto trame judicial que había realizado con Correa y el abogado Carlos Ropero.

SE DECLARARON INOCENTES

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los tres funcionarios distintos delitos: al fiscal Yesid Pallares, concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión y asesoramiento y otras actuaciones ilegales; al abogado Carlos Ropero, concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal; mientras que el juez Roberto Carlos Orozco deberá  responder por concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.  Ninguno aceptó los cargos.

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PIDIERON CÁRCEL

Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía Segunda Delegada solicitó ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá que los servidores públicos fueran cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario por ‘conformar’ una estructura criminal en la justicia.