El fiscal Juan Carlos Daza, encargado del polémico caso de abigeato que lleva a cabo el Juzgado Primero Promiscuo de San Diego, Cesar, rechazó las acusaciones que han circulado en torno a su trabajo en el proceso judicial. Según el fiscal, las afirmaciones sobre su implicación en la exigencia de 10 vacas obedecen a un acuerdo de indemnización a las víctimas y no a una petición personal.
El fiscal 29 de La Paz, Cesar, enfatizó además que la versión sobre una posible solicitud de 100 millones de pesos o 10 vacas preñadas que entregó recientemente el abogado Juan Pablo Molina son “totalmente falsas”.
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“Estos hechos no tienen validez jurídica y me están acusando dentro de una calumnia e injuria donde aparece que estoy proponiendo desvíos por algún proceso. Es una manipulación que hay ahí para apartarme de él, pero no hay los elementos que estructuren dichas denuncias o conjeturas”, manifestó el fiscal.
