Le oímos a la gobernadora que se sintió frustrada con el gobierno de Gustavo Petro. Propuso, insistió y no pudo. Su suerte ilustra la poca colaboración y relación del gobierno central con las autoridades territoriales, gobernadores y alcaldes, situación que ha prometido acertadamente cambiar el nuevo presidente Abelardo de La Espriella.
La gobernadora utilizó todos los escenarios posibles, como aquel que ofrecía su talento, bonita presencia y persuasión para convocar el respaldo del primer mandatario de la Nación y de sus inmediatos colaboradores.
También usó una presión inestimable, la de liderar un grupo en favor del Cesar de 5 representantes, los 4 de la circunscripción departamental, Ape Cuello, Libardo Cruz, Carlos Felipe Quintero y Eliecer Salazar, y hasta el de la circunscripción de Víctimas, Jorge Rodrigo. Y los 3 senadores, José Alfredo Gneco, Didier Lobo y la senadora de Comunes, Imelda Daza, con quien fue tejiendo una perceptible amistad. De un ejecutivo interesado en una necesaria ecuación de fuerzas al interior del Congreso, 8 cruzados no podían desestimarse.
La gobernadora, además, públicamente apoyó de forma institucional algunas políticas del gobierno, y lo hizo, pensamos, con convicción y no solo con cálculo político, que suelen hacer mandatarios sometidos al centralismo de Bogotá.
Al final, fue el escenario de la confederación de gobernadores, en el que se pidió una mayor atención. La gobernación reformuló con la cartera de Vivienda y Agua Potable los diseños del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chimila, para que las descargas de Valledupar no siguieran afectando el principal río del departamento, el Cesar. Lo ajustaron a una etapa de $260.000 millones, en lugar del casi medio billón del estudio original de la consultora internacional. Ese camino tampoco fue.
