El Estado colombiano cada día envía mayores señales de ineficacia y falta de control. En este país se vive a diario las consecuencias de un desequilibrio social producto de la anomia con la que convivimos y que cada día genera mayor corrupción, impunidad y como tal, falta de credibilidad, porque las empresas prestadoras de servicio hacen lo que le viene en ganas sin que nadie les obligue a actuar dentro de un marco legal que beneficie a los usuarios.
Electricaribe se ha vuelto un problema sin solución tanto para el Estado como para los habitantes de la Costa Atlántica quienes a diario sufren las consecuencias de la mala prestación del servicio, que por lo general viene acompañado de abusos y maltratos por parte de una empresa que pareciera interesarle poco la ley y actúa violando la Constitución colombiana al imponer multas y sanciones, pues las empresas de servicios públicos no tienen ninguna facultad para imponer sanciones pecuniarias, lo que se constituye en una vulneración a los derechos de los ciudadanos colombianos. Así lo expresan múltiples sentencias de la Corte Constitucional que a Electricaribe parece importarle poco.
Son miles las quejas por parte de los usuarios sobre esta empresa, pero nadie soluciona nada; ni siquiera el Congreso de Colombia ha podido meterlos en cintura, pues no asistieron por tercera vez al debate que les había organizado la comisión sexta. Si eso hacen con los congresistas que representan la dignidad del país, no es difícil imaginar lo que le sucede a un simple poblador que no cuenta con el respaldo de la ley para la protección de sus derechos, mientras una empresa como ésta, cambia los medidores cuando le viene en ganas y muchas veces acusa de fraude a los usuarios e impone sanciones ejerciendo funciones de jueces y organismos de control.
