Recientemente generó revuelo la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que dejó un mensaje contundente: si hay sospechas de la posible comisión de delitos en las universidades, ingresará a estas instituciones para perseguir a los causantes. Una parte del país -los mamertos- se expresó abiertamente en contra de esta medida y, como de costumbre, desinformó: sostuvo que la autonomía universitaria, principio constitucional, se vulneraba y desconocía por el simple ingreso a las instituciones de educación superior.
¡Falso de toda falsedad! La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, determina que las universidades colombianas gozan de un derecho fundamental que se manifiesta de tres maneras: gobernarse a sí mismas, elegir a sus directivas y organizar sus programas académicos sin que el Estado pueda interferir en ellos. En ningún caso se habla de que en los campus universitarios se desconozcan la Constitución y la ley. Por el contrario, tanto la normatividad como la jurisprudencia declaran que el orden público puede intervenirse en sus instalaciones y que, ante la posible comisión de delitos, las autoridades pueden y deben ofrecer seguridad a la comunidad académica.
Lo que hay detrás de que la izquierda que casi destruye a Colombia durante el gobierno anterior se haya manifestado en contra de las declaraciones del presidente De la Espriella, es que temen perder la influencia de la que históricamente han gozado en dichas instituciones. Durante décadas, algunas universidades de Colombia han sido laboratorios para la ideologización de estudiantes y para el desarrollo de actividades relacionadas con el apoyo a grupos alzados en armas, al margen de la ley. Allí se han llevado a cabo actos terroristas, se ha amenazado a profesores y estudiantes que no comulgan con esas prácticas y hasta se han destinado espacios para la creación de artefactos explosivos, estilo papas bomba, bombas molotov, armas hechizas, etc.
