Durante la Gran Depresión, a medida que el desempleo se disparaba y los salarios se desplomaban, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Normas Laborales Justas en 1938. La ley hacía más que fijar salarios: creó la semana laboral de 40 horas, exigió el pago de horas extras y prohibió el trabajo infantil opresivo. La idea no fue universalmente popular. Los demócratas sureños se opusieron, temiendo que perturbara la economía agrícola de bajos salarios basada en la aparcería y la desigualdad racial. Los líderes empresariales argumentaron que destruiría empleos y perjudicaría la competitividad; algunos economistas temían que el Gobierno estuviera interfiriendo con las fuerzas “naturales” del mercado.
Pero Roosevelt y sus aliados lo veían de otra manera. Consideraban que los salarios justos eran esenciales para la recuperación económica. Si los trabajadores ganaran más, gastarían más, aumentando la demanda de bienes y servicios. No se trataba solo de ayudar a los trabajadores individuales, sino de estabilizar toda la economía.
Desde entonces, las decisiones en torno al aumento del salario mínimo se mantienen en el centro de la discusión. En nuestro país, esta decisión es de difícil concertación y la polarización política eleva las posiciones. En los últimos 15 años, en 10 oportunidades no ha habido acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Y ayer viernes, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026, que se había fijado en 23,7 %. Esta medida cautelar ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.
