Durante la Gran Depresión, a medida que el desempleo se disparaba y los salarios se desplomaban, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Normas Laborales Justas en 1938. La ley hacía más que fijar salarios: creó la semana laboral de 40 horas, exigió el pago de horas extras y prohibió el trabajo infantil opresivo. La idea no fue universalmente popular. Los demócratas sureños se opusieron, temiendo que perturbara la economía agrícola de bajos salarios basada en la aparcería y la desigualdad racial. Los líderes empresariales argumentaron que destruiría empleos y perjudicaría la competitividad; algunos economistas temían que el Gobierno estuviera interfiriendo con las fuerzas “naturales” del mercado.
Pero Roosevelt y sus aliados lo veían de otra manera. Consideraban que los salarios justos eran esenciales para la recuperación económica. Si los trabajadores ganaran más, gastarían más, aumentando la demanda de bienes y servicios. No se trataba solo de ayudar a los trabajadores individuales, sino de estabilizar toda la economía.
Desde entonces, las decisiones en torno al aumento del salario mínimo se mantienen en el centro de la discusión. En nuestro país, esta decisión es de difícil concertación y la polarización política eleva las posiciones. En los últimos 15 años, en 10 oportunidades no ha habido acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Y ayer viernes, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026, que se había fijado en 23,7 %. Esta medida cautelar ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.
En aras de la discusión, es menester entender el contrapunteo que proponen los escenarios fácticos de las recetas económicas. ¿Quién gana y quién pierde con el aumento del salario mínimo? ¿Cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta para tomar esa decisión?
Proporcionar a los trabajadores un salario digno coadyuva en la reducción de la pobreza y la desigualdad, además de aumentar la demanda de los consumidores. Estabiliza la economía, como pretendían Roosevelt y sus aliados, al indexar los salarios a la inflación o la productividad. De otro lado, un salario más alto puede provocar una posible pérdida de empleo o la reducción de contrataciones —especialmente entre trabajadores poco cualificados o pequeñas empresas—, mayores costos laborales y aumento de precios al consumidor. Son varias las variables; no es solo la inflación (la más útil para el miedo), el ahínco es diferente para referirse a lo que los economistas llaman “efecto multiplicador”.
Siguiendo con Roosevelt, durante las siguientes siete décadas, el Congreso de EE. UU. aumentó el salario 22 veces. El patrón era generalmente bipartidista; tanto presidentes republicanos como demócratas firmaron aumentos. El debate no era si subir los salarios, sino en cuánto y con qué rapidez.
En 2011, en Colombia, el salario mínimo fue fijado en $535.600; en 2025, en $1.750.905. Un aumento precario, sobre todo por los niveles de pobreza y pobreza extrema que, juntos, se acercan al 50 %. Asimismo, en desigualdad, el país ocupa los primeros lugares. El aumento del salario mínimo no debe ser una receta populista ni, mucho menos, una expectativa irreal y paupérrima para promover el antagonismo y la confrontación política. Hay suficientes elementos para determinar el camino de un “salario vital”; la desinformación y el activismo no son factores ni indicadores de productividad. Es absurdo que el poder judicial resuelva lo que otros poderes públicos deben definir con coherencia y en conjunto con los actores económicos.
Por Lucho Díaz / @LuchoDiaz12
