El Gobierno Nacional ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que convocaría al pueblo colombiano a una Asamblea Constituyente para que dicte una nueva constitución abrogando totalmente la existente. De modo que el gobierno va por el todo de manera absolutista, como es fácil deducirlo de la exposición de motivos que lo inspira. Este absolutismo aspira a remover los principales fundamentos de la organización democrática de nuestro país, reemplazándolos por un concepto novedoso cuyo pregón es “gobierno unido”. Con el cual el ejecutivo se atribuye una potestad privilegiada frente a las otras dos ramas del poder público.
Algo así como un moderno monarca sin corona o con corona de bronce, como la “Cabeza de bronce” de que traté en mi columna anterior, respecto de la inteligencia artificial. Así, sería un “gobierno unido” omnisciente y omnipresente en toda la administración estatal. Para decirlo de una vez, como actualmente sucede en la Rusia de Putin, en la Corea del Norte de Kim Jong-un, la Venezuela de Maduro, y la Nicaragua de Ortega, y demás autócratas.
Si el Congreso lo consiente tal como reza la convocatoria, la ley se convertiría en un coto de caza del Gobierno, quien, como león, cazaría su mejor pieza, al acabar con los contrapesos democráticos.
La composición delegataria así nos lo muestra: integrada por 71 ciudadanos (no escribo ciudadanas porque es una ridícula pose, una perversión del uso idiomático). De entrada, 44 delegatarios por la circunscripción nacional, de los cuales el ejecutivo aportaría seguramente una buena franja electoral, y el resto como si no fuesen colombianos también, sino ciudadanos especiales, otra ridiculez, integrada maliciosamente de manera demagógica, por parejas y con el tono de género y lucha de clases: afrodescendientes, indígenas, campesinos, sindicatos, víctimas del conflicto armado, el pueblo joven (léase “primera línea”), pueblo gitano, pueblo raizal y palenquero, pueblo colombiano en el exterior, madres cabeza de familia, pueblo LGBTIQ. Bastaría, en cambio, la circunscripción nacional para toda la composición de la Asamblea, pero se prefirió hacer una gambeta para separar a los colombianos pretendiendo en aquel organismo la lucha de clases.
Como se sabe, estos grupos de parejas, quizá con excepción del pueblo colombiano en el exterior, todos los demás son ordinariamente halagados súbditos del Gobierno convocante y por consiguiente sus áulicos votantes. Estos grupos y buena parte de los burócratas estatales más el pueblo partidista que lo apoya, el Gobierno querrá que se haga lo que le conviene ideológicamente en esa Asamblea amañada, esto es, acabar con las libertades públicas y privadas. El éxito lo tiene asegurado anticipadamente.
Ahora bien, si lo que se pretende es consagrar determinados derechos a determinados grupos, ello podría lograrse estableciéndolos directamente en la Constitución, evitándose el rifirrafe clasista que no le conviene al país, pero sí al Gobierno, una de cuyas metas es mantener a la Nación en estado de guerra.
Me confirmo en la intención que tiene el Gobierno de absolutizarse, comoquiera que además de lo dicho, con el parágrafo del artículo segundo, aspira a recibir del Congreso facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza material de ley para precisar los requisitos a ser delegatario, “la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará para la presentación de las listas de candidatos correspondientes”. Esto es, el ratón cuidando el queso.
Es una ventaja grande que el Gobierno pide para sí, cuando democráticamente el indicado para esos fines debería ser el propio Congreso.
POR: RODRIGO LÓPEZ.
