Antes de la aprobación de la Ley 100 de 1993, mediante la cual se reformó el sistema de salud colombiano, algunos eruditos, a sabiendas de que es una ley del neoliberalismo a ultranza, en algunas de sus opiniones escritas advirtieron que la inversión privada para prestar servicios de salud y atención médica a la población enferma sería un negocio altamente rentable, a costa del presupuesto nacional asignado para el funcionamiento del sistema de salud.
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son las intermediarias que reciben el aporte económico por cada beneficiario, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado del sistema de salud, además de obtener beneficios con la integración vertical, no pagan a tiempo ni el total del dinero facturado por las Empresas Sociales del Estado (ESE) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), siempre con el pretexto de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asignada anualmente por el Ministerio nacional de Salud no es suficiente, a pesar de que el sistema de salud tiene otro fondo financiero que paga los servicios de salud no cobijados por el Plan Obligatorio de Salud (POS). Es importante acotar que a la Ley 100 de 1993 le han realizado múltiples cambios de formas, por ende, los enfermos pobres carentes de influencias siempre han estado como están.
Tan deprimente contexto desmotivó la pasión de muchos médicos, ya que la Ley 100 de 1993 desvirtuó la Ley 23 de 1981 −la cual dicta normas en materia de ética médica−; es decir, menoscabó gravemente la deontología médica.
