El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto volvió a recordarnos que vivimos en un país expuesto a los desastres. Esa realidad solemos olvidarla cuando desaparece la emergencia. El movimiento de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue el más fuerte registrado en Colombia en lo corrido del siglo XXI y uno de los más importantes de las últimas décadas. Sus efectos se extendieron por buena parte del occidente del país, particularmente sobre Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Hasta este viernes 14 de agosto, las autoridades reportaban 285 personas fallecidas, cerca de 4.000 heridas y casi 400 desaparecidas. Viviendas, establecimientos educativos, hospitales, vías y otras infraestructuras resultaron destruidos o seriamente afectados. Son cifras todavía provisionales porque continúan las evaluaciones y las operaciones en las zonas golpeadas.
La tragedia, aunque dolorosa, no debería sorprendernos desde la perspectiva del riesgo. Colombia se ubica en la zona de interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, una configuración tectónica que explica su elevada actividad sísmica y volcánica. A ello se suman amenazas hidrometeorológicas y geodinámicas como inundaciones, movimientos en masa, sequías, incendios forestales y otros fenómenos que se manifiestan de manera recurrente. Según el World Risk Report 2023, el país ocupa el quinto lugar entre 193 naciones en el Índice Mundial de Riesgo, con una puntuación de 37,64, lo que evidencia una exposición estructuralmente alta. De manera consistente, el índice INFORM, utilizado internacionalmente para evaluar riesgo de crisis y desastres a partir de exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta, también clasifica a Colombia dentro del grupo de países que requieren atención prioritaria.
