Es fácil señalar a La Tramacúa como responsable de la inseguridad de Valledupar y pedir que se la lleven. Pero vale la pena preguntarnos algo más de fondo: ¿qué ciudad debería recibirla? ¿Qué comunidad tendría que asumir ese problema? Trasladarlo no significa solucionarlo.
Con todo respeto, creo que estamos buscando la fiebre en las sábanas. El problema no es el edificio, sino lo que ocurre dentro y alrededor de él. La Tramacúa llegó a Valledupar como una promesa de solución frente a las dificultades de la antigua cárcel del barrio Dangond. Han pasado 27 años y la construcción del nuevo establecimiento que debía reemplazarla sigue siendo una deuda pendiente. De allí nace, precisamente, la acción popular promovida por Daniel Daza y admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar, como se dice: “arrancamos mal”.
Pero también debemos reconocer algo. Una cárcel de alta seguridad no tiene por qué convertirse, por sí sola, en una amenaza para una ciudad. El verdadero peligro aparece cuando la corrupción, la permisividad y la falta de control permiten que algunas redes criminales continúen operando desde el interior con mucha comodidad.
Por eso considero valiosa y pertinente la propuesta del representante Mello Castro.
