Nadie discute que Colombia debe prepararse para enfrentar el fenómeno de El Niño. Ahorrar energía es una responsabilidad colectiva, especialmente cuando la sequía amenaza los embalses y aumenta el riesgo de desabastecimiento. En eso comparto la necesidad de anticiparnos. Mi preocupación comienza cuando las medidas adoptadas para proteger el sistema eléctrico terminan trasladando nuevas cargas económicas a quienes cumplimos con pagar nuestras facturas.
El Gobierno puso en marcha el Plan Energía YA y la CREG expidió la Resolución 101 120 de 2026. El mecanismo parece sencillo: cada usuario tiene una meta individual de consumo; quien ahorre recibe un beneficio y quien supere su meta en más del 10 % asumirá un cobro adicional. Hasta ahí, la teoría parece razonable. El problema comienza cuando esa teoría llega al Caribe.
¿Cómo explicarle a una familia de Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta o Riohacha que debe reducir el uso del ventilador o del aire acondicionado cuando afuera hay temperaturas cercanas a los 35 grados y una sensación térmica todavía mayor?
