Hay una vieja estrategia que nunca pasa de moda: cuando las preguntas incomodan, en lugar de responderlas, se desacredita a quien las formula. Es más fácil fabricar un culpable que ofrecer explicaciones. Esa práctica no solo empobrece el debate público; también revela hasta qué punto algunos prefieren administrar la percepción antes que rendir cuentas.
He aprendido que el control ciudadano produce una curiosa reacción. Mientras más se habla de transparencia, menos interés parece existir por discutir el contenido de las denuncias. De repente, el debate deja de girar alrededor de la contratación pública, de la ejecución del presupuesto o de las prioridades de la administración, para concentrarse en quien se atrevió a hacer las preguntas. El veedor termina ocupando el lugar que debería ocupar la gestión pública.
Ese es, precisamente, el mayor riesgo para cualquier democracia. Cuando la ciudadanía acepta que el problema no es la forma como se administran los recursos públicos, sino que el problema es la persona que vigila su administración, el control ciudadano pierde legitimidad y la corrupción encuentra el terreno perfecto para prosperar.
