El 24 de mayo de 2018 advertí sobre este mismo tema al respecto que la consultoría contratada para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del sector fundacional de Valledupar (PEMP), adoptado por el Ministerio de Cultura con la finalidad de acabar con la amenaza derivada de la reglamentación urbana del pasado, se convirtió en bumerang debido a que el nuevo régimen normativo está incentivando al abandono de las edificaciones existentes en todos los niveles de intervención, que superen la altura de dos pisos, porque no se pueden ampliar o modificar, ya que la altura máxima permitida es de solo un piso.
Así ocurrió con las instalaciones del Banco de Bogotá, que no pudo aprovechar su segundo piso por no permitirle la norma ampliar o modificar, si previamente no se asociaba con la solicitud de demolición del segundo piso, como única opción de su titular para culminar su proyecto y, de hecho, tuvo que abandonar el establecimiento por falta de garantías de desarrollo urbanístico. Inverosímil situación ocurrió con las instalaciones abandonadas del Teatro Cesar, también de dos pisos de altura, edificio que para poderlo remodelar o modificar, se hace obligatoria la demolición del segundo piso, caso contrario tendrá su propietario que mantenerse en la construcción original, sin intervención alguna.
Estas inexactitudes e incoherencias, aunadas a las de querer peatonizar las vías vehiculares y no utilizar los callejones peatonales existentes en este sector, atacaron financieramente al comercio e instituciones vecinas sin ninguna contemplación. Lo mismo sucedió con el área de influencia del Centro Histórico, que limita la altura y el uso de suelo de por lo menos 30 hectáreas que se encuentran en el subdesarrollo a su alrededor, causando una devaluación del predio urbano, sin precedentes, que ha generado mayores restricciones, menor atractivo para inversión, menor dinámica inmobiliaria y depreciación de los inmuebles existentes.
