Siempre nos han dicho que Colombia tiene un régimen presidencialista, una de las formas de ejercer la democracia. Otra es la parlamentaria, donde existe un primer ministro con funciones políticas como ocurre en Francia, el Reino Unido y otros países. En el presidencialismo, el presidente de la República es elegido directamente por el pueblo y es el jefe del Estado, aunque los otros dos órganos de poder ejercen sus funciones autónomamente, al menos en teoría.
En Colombia no es así; es el poder legislativo el que concentra casi todo el poder: de este dependen, en forma directa e indirecta, el poder judicial como las altas cortes y otros derivados y/o complementarios como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Estos organismos mantienen puertas giratorias entre ellos con favorecimientos recíprocos.
Actúan al unísono como en Fuente Ovejuna; si el presidente de la República no es de su agrado, pueden torpedearlo como lo hemos visto durante este mandato donde muchos jueces dejan de ser juristas para ser opositores sin ser rondados.
Durante este cuatrienio hemos tenido una implacable dictadura parlamentaria, judicial y de medios como nunca la habíamos visto. La versión de que es el presidente quien declara una dictadura aquí no aplica. A pesar de que el Estado cuenta con una nómina aproximada de 1.5 millones de empleados, la mayoría está en carrera administrativa con obediencia a sus nominadores, como sus jefes políticos, congresistas, magistrados, contratistas y financiadores de campañas electorales, no al presidente de la República a quien, más bien, le ponen petardos y alcabalas para detenerlo.
¿Qué le queda al jefe del Estado? Solo nombra al gabinete ministerial y jefes de algunos entes (francotiradores, algunos) y postula nombres para un cargo en el Banco de la República y magistrados de algunas cortes y de la Fiscalía que a veces detienen. Me dirán: es el jefe de las FF. MM. y de Policía. Quién sabe; eso en teoría, porque dentro de estas instituciones, formadas bajo los postulados del enemigo interno y en contra del “comunismo”, no se puede esperar lealtad absoluta. Se supone que estos sean la reserva moral en cualquier país, pero no todos son impolutos.
Ya lo dijo Zapateiro: “En las filas militares dejo muchos Zapateiros”. Las FF. MM. en América Latina son como otra república y actúan con criterio de cuerpo. La denuncia que hizo el ministro encargado de Justicia y jefe de Transparencia de la República acerca del espionaje que hacen en su celular apunta a que se origina al interior de las filas militares; Pegasus anda suelto.
Es necesario que se produzca un cambio en la correlación de fuerzas legislativo-ejecutivo; mas esta solo se logrará eligiendo bien a nuestros congresistas. Hay que decirles no a los apátridas que quieren ver a Colombia bajo la artillería de los EE. UU. y a su presidente preso. El poder de estas instituciones es inmenso. El recurso del lawfare ha dado buenos resultados: en Brasil, Lula fue preso al terminar su mandato y Dilma Rousseff fue defenestrada y encarcelada; Cristina Fernández y Evo Morales fueron enjuiciados; Castillo, elegido presidente en Perú, fue encarcelado; Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa, está preso y este, exiliado.
Zelaya ganó unas elecciones presidenciales en Honduras y no lo dejaron posesionar; Rojas Pinilla, después de sufrir un fraude electoral, fue encarcelado. Las FF. MM., que están para defender la democracia y la Constitución, no lo hacen: otorgan. Hay temor por el futuro de Gustavo Petro a quien nunca le han encontrado algún delito, pero lo crearán al terminar su mandato y lo encarcelarán y extraditarán si gana la derecha; su suerte está en manos del pueblo colombiano. La justicia es una farsa; los conceptos de democracia y soberanía hay que redefinirlos.
Luis Napoleón de Armas P.
