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Informes Especiales - 28 julio, 2019

Los rostros de las víctimas de los paramilitares en la UPC

Era la época donde pensar diferente era sinónimo de muerte y en la Universidad Popular grupos de estudiantes y profesores se atrevieron a ir en contravía, a pesar de que algunos estamentos de la universidad estaban cooptados por los violentos.

En la universidad hay murales dibujados con las víctimas de la violencia que atacó a la UPC por más de 20 años. 

Foto: Joaquín Ramírez
En la universidad hay murales dibujados con las víctimas de la violencia que atacó a la UPC por más de 20 años. Foto: Joaquín Ramírez
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Desde la militancia en la Unión Patriótica el profesor José Francisco Ramírez había apoyado las marchas, por eso hizo parte de la mesa de negociaciones que pusieron fin al paro cívico de campesinos, que movilizó labriegos desde Norte de Santander, recorrió el Sur de Bolívar y terminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, que estuvo copada de manifestantes entre el 10 y 13 de junio de 1987.

El fin del paro cívico de campesinos llegó gracias a las negociaciones con las instituciones, el 12 de junio de ese año, pero a los pocos días empezaron las amenazas contra sus líderes. Francisco Ramírez, profesor de la Universidad Popular del Cesar, como cabeza visible, también recibió amenazas de muerte.

El domingo 27 de junio de 1987 dos pistoleros le dispararon ráfagas de arma automática, cuando se dirigía a su residencia ubicada en el barrio Garupal, de Valledupar. Los delincuentes, al parecer miembros de organizaciones paramilitares, acabaron con la vida del sindicalista y académico de la UPC.

El profesor Javier fue la primera víctima de una serie de asesinatos que hirieron la historia de la UPC. Por eso, hace dos años, el 27 de julio de 2017, la universidad fue declarada como Sujeto de Reparación Colectiva y en consecuencia se le incluyó en el Registro Único de Víctimas, convirtiéndose así en la tercera universidad pública del país que era reconocida en este proceso.

LA UPC Y LA PAZ

Terminados los Acuerdos de Paz entre el Gobierno conservador de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, surgieron partidos como la Unión Patriótica, donde se congregaron campesinos, comunistas y excombatientes.

En ese proceso de tránsito a la vida civil, Miguel Arroyo Arias, egresado de la UPC y miembro de la comunidad kankuama, integró la Comisión que coordinó el Encuentro regional Cesar-La Guajira por la Paz, que buscaba establecer diálogos entre la insurgencia, la sociedad civil y la institucionalidad en ambos departamentos.

Pero la violencia acabó con su sueño de paz. El 14 de julio de 1989, presuntos paramilitares pusieron fin a la lucha de Miguel Arroyo Arias cuando finalizaba su jornada laboral en Cinco Esquinas de Valledupar.

POCO AVANCE

El ser una organización sujeta de reparación colectiva implica cumplir varias fases. Sin embargo, a dos años de la declaración, el proceso ha avanzado lentamente. Se cumplieron las dos primeras fases que concluyeron con la conformación del Comité de impulso de reparación colectiva de reparación de víctimas.

En la tercera fase, donde se debe realizar una investigación sobre los daños que la cooptación del paramilitarismo hizo a la Universidad Popular del Cesar, no se ha avanzado. Con un diagnóstico, el Comité debe determinar dónde se realizaron los principales daños. Según Marta Rodríguez, miembro del Comité de impulso de reparación colectiva de la UPC, uno de los daños principales de los grupos armados fue a la investigación con el asesinato del profesor Miguel Ángel Vargas.

El profesor Vargas era el único con título de Phd para la época y el principal investigador de energías renovables de la UPC. Crítico frente al comportamiento de los administrativos de la UPC, fue asesinado el 16 de mayo del 2001 por un miembro de los paramilitares que le disparó en varias oportunidades.

OSCURO FEBRERO

Como ellos, fueron asesinados por los paramilitares el médico y profesor José David López, el 13 de marzo de 1991, quien era cofundador de la Seccional Cesar de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas; José Alfredo Cuello, quien fungía como líder del movimiento estudiantil y cursaba la Licenciatura en Matemáticas. A Cuello lo asesinaron los violentos en Valledupar el 23 de enero de 1997.

Un mes largo después, los mismos paramilitares asesinaron a Elizabeth Córdoba, un 13 de febrero de 1997. La líder estudiantil de 23 años era integrante del Consejo Estudiantil Universitario y había militado en el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir.

Al día siguiente, en uno de los meses más trágicos de la UPC, fue encontrada sin vida el cuerpo de Rosilda Arias Velásquez en el corregimiento de Mariangola. La estudiante de 20 años desarrollaba un trabajo de Educación Popular entre los habitantes de la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar.

Cuatro años después asesinaron al profesor Luis José Mendoza, el 22 de octubre de 2001, y a Freddy Antonio el tres de agosto de 2004, marcando así una época oscura de más de 20 años en los que los grupos violentos hirieron las bases de la UPC, que ahora con el proceso de reparación colectiva busca mantener viva la memoria de los que ya no están.

Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
[email protected]

Informes Especiales
28 julio, 2019

Los rostros de las víctimas de los paramilitares en la UPC

Era la época donde pensar diferente era sinónimo de muerte y en la Universidad Popular grupos de estudiantes y profesores se atrevieron a ir en contravía, a pesar de que algunos estamentos de la universidad estaban cooptados por los violentos.


En la universidad hay murales dibujados con las víctimas de la violencia que atacó a la UPC por más de 20 años. 

Foto: Joaquín Ramírez
En la universidad hay murales dibujados con las víctimas de la violencia que atacó a la UPC por más de 20 años. Foto: Joaquín Ramírez
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Desde la militancia en la Unión Patriótica el profesor José Francisco Ramírez había apoyado las marchas, por eso hizo parte de la mesa de negociaciones que pusieron fin al paro cívico de campesinos, que movilizó labriegos desde Norte de Santander, recorrió el Sur de Bolívar y terminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, que estuvo copada de manifestantes entre el 10 y 13 de junio de 1987.

El fin del paro cívico de campesinos llegó gracias a las negociaciones con las instituciones, el 12 de junio de ese año, pero a los pocos días empezaron las amenazas contra sus líderes. Francisco Ramírez, profesor de la Universidad Popular del Cesar, como cabeza visible, también recibió amenazas de muerte.

El domingo 27 de junio de 1987 dos pistoleros le dispararon ráfagas de arma automática, cuando se dirigía a su residencia ubicada en el barrio Garupal, de Valledupar. Los delincuentes, al parecer miembros de organizaciones paramilitares, acabaron con la vida del sindicalista y académico de la UPC.

El profesor Javier fue la primera víctima de una serie de asesinatos que hirieron la historia de la UPC. Por eso, hace dos años, el 27 de julio de 2017, la universidad fue declarada como Sujeto de Reparación Colectiva y en consecuencia se le incluyó en el Registro Único de Víctimas, convirtiéndose así en la tercera universidad pública del país que era reconocida en este proceso.

LA UPC Y LA PAZ

Terminados los Acuerdos de Paz entre el Gobierno conservador de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, surgieron partidos como la Unión Patriótica, donde se congregaron campesinos, comunistas y excombatientes.

En ese proceso de tránsito a la vida civil, Miguel Arroyo Arias, egresado de la UPC y miembro de la comunidad kankuama, integró la Comisión que coordinó el Encuentro regional Cesar-La Guajira por la Paz, que buscaba establecer diálogos entre la insurgencia, la sociedad civil y la institucionalidad en ambos departamentos.

Pero la violencia acabó con su sueño de paz. El 14 de julio de 1989, presuntos paramilitares pusieron fin a la lucha de Miguel Arroyo Arias cuando finalizaba su jornada laboral en Cinco Esquinas de Valledupar.

POCO AVANCE

El ser una organización sujeta de reparación colectiva implica cumplir varias fases. Sin embargo, a dos años de la declaración, el proceso ha avanzado lentamente. Se cumplieron las dos primeras fases que concluyeron con la conformación del Comité de impulso de reparación colectiva de reparación de víctimas.

En la tercera fase, donde se debe realizar una investigación sobre los daños que la cooptación del paramilitarismo hizo a la Universidad Popular del Cesar, no se ha avanzado. Con un diagnóstico, el Comité debe determinar dónde se realizaron los principales daños. Según Marta Rodríguez, miembro del Comité de impulso de reparación colectiva de la UPC, uno de los daños principales de los grupos armados fue a la investigación con el asesinato del profesor Miguel Ángel Vargas.

El profesor Vargas era el único con título de Phd para la época y el principal investigador de energías renovables de la UPC. Crítico frente al comportamiento de los administrativos de la UPC, fue asesinado el 16 de mayo del 2001 por un miembro de los paramilitares que le disparó en varias oportunidades.

OSCURO FEBRERO

Como ellos, fueron asesinados por los paramilitares el médico y profesor José David López, el 13 de marzo de 1991, quien era cofundador de la Seccional Cesar de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas; José Alfredo Cuello, quien fungía como líder del movimiento estudiantil y cursaba la Licenciatura en Matemáticas. A Cuello lo asesinaron los violentos en Valledupar el 23 de enero de 1997.

Un mes largo después, los mismos paramilitares asesinaron a Elizabeth Córdoba, un 13 de febrero de 1997. La líder estudiantil de 23 años era integrante del Consejo Estudiantil Universitario y había militado en el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir.

Al día siguiente, en uno de los meses más trágicos de la UPC, fue encontrada sin vida el cuerpo de Rosilda Arias Velásquez en el corregimiento de Mariangola. La estudiante de 20 años desarrollaba un trabajo de Educación Popular entre los habitantes de la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar.

Cuatro años después asesinaron al profesor Luis José Mendoza, el 22 de octubre de 2001, y a Freddy Antonio el tres de agosto de 2004, marcando así una época oscura de más de 20 años en los que los grupos violentos hirieron las bases de la UPC, que ahora con el proceso de reparación colectiva busca mantener viva la memoria de los que ya no están.

Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
[email protected]