Familias políticas convertidas en clanes han dominado al Cesar en las últimas décadas bajo grandes cuestionamientos; primero por la presunta relación con grupos armados y luego por la acusación de corrupción en el manejo de los recursos.
La reciente condena de 5 años de prisión domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de corrupción al sufragante, durante la campaña política en el año 2011, cuando firmó un pacto con invasores en el sur de Valledupar, no es la única pena impuesta a un mandatario en este departamento.
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Justamente, su tío Lucas Segundo Gnecco Cerchar, primer gobernador por elección popular en el Cesar para el periodo 1992-1995, y luego un segundo mandato entre los años 1998-2000, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a una pena de 24 años de cárcel por los delitos de prevaricato y celebración indebida de contratos.
Según la Fiscalía, Gnecco Cerchar junto al secretario de Hacienda, William Saade Vergel; el secretario de Educación, Wilson Molina Jiménez, y el director de la Oficina de Proyectos Especiales de la Gobernación, William Rincón Cortés, expidieron varios decretos mediantes los cuales manipularon el presupuesto de la Secretaría de Educación, cuyo desfalco fue por cerca de 10.000 millones de pesos.
Luego, Lucas Gnecco Cerchar no pudo terminar su segundo periodo en la Gobernación debido a que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 42 meses de prisión por el delito de constreñimiento al elector, quedando como encargado César Gustavo Solano Noriega.
La casa Gnecco es el clan político con mayor fuerza en el Cesar; además de controlar la Gobernación desde hace ocho años, han llegado a ocupar sillas en el Senado de la República, con la curul del senador José Alfredo Gnecco y Didier Lobo Chinchilla, y en la Cámara de Representantes con Jorge Eliécer Salazar.
Como clan todo poderoso del Cesar no han estado exentos de investigaciones, con la cabeza visible del exgobernador Luis Alberto Monsalvo, sobre quien recaen la mayor cantidad de procesos. Son un catálogo de investigaciones.
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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el condenado Luis Alberto Monsalvo Gnecco tiene investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en un proceso de licitación para la adquisición de ropa y calzado para docentes vinculados a la Secretaría de Educación Departamental, durante su primer periodo.
También es investigado por otro proceso licitatorio para la construcción de la sede de la Universidad Nacional, en el municipio de La Paz.
Igualmente, se le investiga por la construcción del estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, por presuntamente haber aludido procedimientos de selección objetiva en la adición del contrato para construir la tribuna oriental.
La más reciente investigación del órgano disciplinario, y una de las más sonadas, fue por las supuestas irregularidades en la celebración de contratos para la adquisición de ayudas alimentarias durante la pandemia por la covid- 19.
Otro de los que no pasó desapercibido por los órganos de control fue Rafael Bolaños Guerrero, apoyado políticamente por los Gnecco. Bolaño se convirtió en gobernador entre el 1 de enero de 2001 y 7 de marzo de 2003, pero no terminó el mandato debido a que la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 5 años, al considerar que utilizó su investidura, para de la mano de Cielo Gnecco, apoyar la candidatura a la Cámara de Representantes de Luis Alberto Monsalvo.
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Aunque en la última década los Gnecco han concentrado el poder, antes familias tradicionales como los Araujo dominaron políticamente en el Cesar, también, bajo fuertes cuestionamientos.
Ejemplo, Hernando Molina Araújo, hijo de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, asesinada por las Farc. Fue gobernador por el partido Liberal durante los años 2005-2007, en este último fue vinculado a una investigación por parte de la Fiscalía por presunta participación en ‘parapolítica’, por lo que fue capturado.
Para el Fiscal General de la Nación de esa época, Mario Iguarán, las investigaciones los llevaron a concluir que Molina Araújo tenía una presunta amistad con el paramilitar alias Jorge 40, y que incluso pertenecía a la organización bajo el alias de ‘Comandante 35’ o ‘Comandante Menchón’. No obstante, esto no habría sido comprobado al final del proceso.
Además fue acusado y luego absuelto por supuestamente ser el autor intelectual del asesinato de un indígena kankuamo ocurrido el 15 de abril de 2004, y que habría sido en venganza por la muerte de su madre, Consuelo Araújo Noguera, a manos de las Farc en 2001.
Con la captura de Hernando ‘Nandito’ Molina, quedó encargado Rodrigo Canosa Guerrero, pero también fue destituido por la Procuraduría General de la Nación por hechos de corrupción.
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Así llega a la Gobernación, también a título de encargo, Clara Inés Collazos, quien solo ocupó el cargo por 10 días. Entre el 21 y 31 de diciembre de 2007.
El 1 de enero de 2008 llega a la Gobernación del departamento Cristian Moreno, con el aval del Partido Verde.
En el 2014, la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Moreno por presuntas irregularidades en la construcción de una carretera entre los municipios de Chiriguaná y San Martín, para lo cual le había entregado un anticipo a un asesor legal de los hermanos Nule, vinculados al carrusel de la contratación en el país.
Según el ente de control, el exgobernador entregó por anticipado la suma de $1.200 millones, pero la obra nunca se inició. Este era apenas el 25 % del costo total de la construcción de 6 kilómetros de carreteras, cuyo contrato tenía un valor de $4.900 millones, pero ni siquiera colocaron la primera piedra.
Fuentes del caso aseguraron que fue el exgobernador quien advirtió el incumplimiento del contratista Mauricio Galofre, y por lo tanto se decretó la caducidad del contrato, además de presentar una denuncia a los propietarios de la Unión Temporal que recibió el anticipo, que luego retornaría a las arcas del departamento.
Luego de su mandato nuevamente los Gnecco llegan a la Gobernación con el primer periodo de Luis Alberto Monsalvo.
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Ahora, ante el lío jurídico que enfrenta el heredero de Cielo Gnecco, las riendas del departamento están transitoriamente en manos de Wilson Solano, luego que por decreto presidencial Nº 1071 de 2020 fuera nombrado gobernador encargado. Solano hacía funciones de secretario de Agricultura departamental.
Familias políticas convertidas en clanes han dominado al Cesar en las últimas décadas bajo grandes cuestionamientos; primero por la presunta relación con grupos armados y luego por la acusación de corrupción en el manejo de los recursos.
La reciente condena de 5 años de prisión domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de corrupción al sufragante, durante la campaña política en el año 2011, cuando firmó un pacto con invasores en el sur de Valledupar, no es la única pena impuesta a un mandatario en este departamento.
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Justamente, su tío Lucas Segundo Gnecco Cerchar, primer gobernador por elección popular en el Cesar para el periodo 1992-1995, y luego un segundo mandato entre los años 1998-2000, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a una pena de 24 años de cárcel por los delitos de prevaricato y celebración indebida de contratos.
Según la Fiscalía, Gnecco Cerchar junto al secretario de Hacienda, William Saade Vergel; el secretario de Educación, Wilson Molina Jiménez, y el director de la Oficina de Proyectos Especiales de la Gobernación, William Rincón Cortés, expidieron varios decretos mediantes los cuales manipularon el presupuesto de la Secretaría de Educación, cuyo desfalco fue por cerca de 10.000 millones de pesos.
Luego, Lucas Gnecco Cerchar no pudo terminar su segundo periodo en la Gobernación debido a que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 42 meses de prisión por el delito de constreñimiento al elector, quedando como encargado César Gustavo Solano Noriega.
La casa Gnecco es el clan político con mayor fuerza en el Cesar; además de controlar la Gobernación desde hace ocho años, han llegado a ocupar sillas en el Senado de la República, con la curul del senador José Alfredo Gnecco y Didier Lobo Chinchilla, y en la Cámara de Representantes con Jorge Eliécer Salazar.
Como clan todo poderoso del Cesar no han estado exentos de investigaciones, con la cabeza visible del exgobernador Luis Alberto Monsalvo, sobre quien recaen la mayor cantidad de procesos. Son un catálogo de investigaciones.
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También es investigado por otro proceso licitatorio para la construcción de la sede de la Universidad Nacional, en el municipio de La Paz.
Igualmente, se le investiga por la construcción del estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, por presuntamente haber aludido procedimientos de selección objetiva en la adición del contrato para construir la tribuna oriental.
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Para el Fiscal General de la Nación de esa época, Mario Iguarán, las investigaciones los llevaron a concluir que Molina Araújo tenía una presunta amistad con el paramilitar alias Jorge 40, y que incluso pertenecía a la organización bajo el alias de ‘Comandante 35’ o ‘Comandante Menchón’. No obstante, esto no habría sido comprobado al final del proceso.
Además fue acusado y luego absuelto por supuestamente ser el autor intelectual del asesinato de un indígena kankuamo ocurrido el 15 de abril de 2004, y que habría sido en venganza por la muerte de su madre, Consuelo Araújo Noguera, a manos de las Farc en 2001.
Con la captura de Hernando ‘Nandito’ Molina, quedó encargado Rodrigo Canosa Guerrero, pero también fue destituido por la Procuraduría General de la Nación por hechos de corrupción.
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El 1 de enero de 2008 llega a la Gobernación del departamento Cristian Moreno, con el aval del Partido Verde.
En el 2014, la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Moreno por presuntas irregularidades en la construcción de una carretera entre los municipios de Chiriguaná y San Martín, para lo cual le había entregado un anticipo a un asesor legal de los hermanos Nule, vinculados al carrusel de la contratación en el país.
Según el ente de control, el exgobernador entregó por anticipado la suma de $1.200 millones, pero la obra nunca se inició. Este era apenas el 25 % del costo total de la construcción de 6 kilómetros de carreteras, cuyo contrato tenía un valor de $4.900 millones, pero ni siquiera colocaron la primera piedra.
Fuentes del caso aseguraron que fue el exgobernador quien advirtió el incumplimiento del contratista Mauricio Galofre, y por lo tanto se decretó la caducidad del contrato, además de presentar una denuncia a los propietarios de la Unión Temporal que recibió el anticipo, que luego retornaría a las arcas del departamento.
Luego de su mandato nuevamente los Gnecco llegan a la Gobernación con el primer periodo de Luis Alberto Monsalvo.
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