Durante la elección de Edwin Jiménez como contralor del Cesar, diputados cuestionaron que este estuviera casado con una ‘prima-hermana’ del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Jiménez señaló que esto no afectará su independencia.
En la mañana de ayer la Asamblea del Cesar eligió como contralor del departamento a Edwin Jiménez para el periodo 2020-2021. Jiménez obtuvo seis votos de nueve posibles, mientras que Carlos Alberto Araméndiz, obtuvo tres votos y Yomaira Bohórquez no sumó.
Aunque se preveía su elección, en algún momento la aparición del fantasma de inhabilidades legales e impedimentos morales puso en duda la mayoría que al final alcanzó.
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Empezando por el tema de los supuestos impedimentos morales, la diputada Claudia Margarita Zuleta señaló que el contralor elegido es esposo de una prima hermana del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, objeto de control.
“Mencionaba en su discurso el reto de lo ético. Estoy de acuerdo en que estamos llamados a hacer una valoración impecable, que cuando vayamos a elegir funcionarios, nosotros tengamos plenas garantías de que su entorno le genera confianza de que puede actuar con total independencia. Doctor Edwin, mi pregunta es: ¿cree usted que estar casado con una prima hermana del gobernador le permite a usted tener la independencia suficiente? ¿Cree usted que nos genere la tranquilidad suficiente de que su entorno no le impedirá ser lo suficientemente independiente en la toma de sus decisiones?”, cuestionó la corporada.
Luego, manifestó que la afinidad con la familia del gobernador es pública: “Es clara la afinidad. En una publicación en redes sociales reciente del año 2019, dice el señor candidato (elegido contralor) a su suegra, que es la tía del señor gobernador (Luis Alberto Monsalvo): ‘Es usted mi segunda madre y le agradezco por eso’. De manera que hay un vínculo de afinidad inocultable. No es una inhabilidad legal pero sí un impedimento moral para actuar con independencia”.
El contralor electo, Edwin Jiménez, exsecretario de Gobierno del Cesar el periodo pasado y excandidato a la Cámara de Representantes por el partido Conservador, está casado con Gina Margarita Daza Gnecco, hija de una tía del gobernador. Al respecto, el contralor electo señaló que en su carrera pública siempre ha trabajado como un profesional.
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“Hago vida pública hace 16 años. En ese curso no he tenido una tacha en mis acciones. Soy un hombre de familia, que eso quede muy claro, pero soy un profesional y toda mi vida he trabajado como tal. Y al igual de los que están aquí, estoy en el inicio de mi vida pública y lo haré de manera intachable porque quiero seguir creciendo”, señaló Jiménez, quien es estudiante de postdoctorado en Ciencia Política.
De los once diputados, dos se declararon impedidos. En primer lugar: el diputado Jorge Barros Gnecco por encontrarse en una causal de impedimento al tener una relación de cuarto grado de consanguinidad con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.
Luego presentó la proposición de impedimento el diputado José Mario Rodríguez. En este caso porque Delwin Jiménez había sido su apoderado en años anteriores.
En favor de Jiménez votaron los diputados Miguel Ángel Gutiérrez, Robinson López, Camilo Lacouture, Jesús Moscote, Nuris Obregón; mientras que los diputados Quintín Quintero, Claudia Margarita Zuleta y Petrona Romero votaron por Carlos Alberto Araméndiz.
Al argumentar su voto, los tres corporados que no votaron por el contralor electo señalaron que estaría inmerso en una presunta inhabilidad al ser delegado del Ministerio del Trabajo en el Cesar.
“El Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto en otros entes territoriales del país en donde ha dicho, que si bien es cierto que el artículo 272 de la Constitución define que hay una restricción de la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal para ejercer el cargo, no es menos cierto que más allá del nivel, es importante dónde se ejerce la función, y en virtud de eso se han tomado sanciones disciplinarias para servidores públicos que han elegido funcionarios en circunstancias similares a las que usted se encuentra”, relató la diputada Claudia Margarita Zuleta, argumento que apoyaron los diputados Quintín Quintero y Petrona Romero.
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Asimismo, respecto a la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la sentencia del Consejo de Estado en la que se anulaba la elección de Omar Contreras como contralor, indicaron que la máxima autoridad actuó bajo el argumento que Contreras se había desempeñado en el cargo de defensor del Pueblo de la regional Cesar antes de ser designado contralor de Valledupar y la Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público, es decir no pertenece a la rama Ejecutiva. En este caso, explicaron, la causal de inhabilidad sería por la causal territorial.
Frente a ese escenario deben cumplirse los tres presupuestos. El cargo de asesor del Ministerio de Trabajo se encuentra dentro del nivel directivo pero del orden nacional.
“Desde el punto de vista jurídico no tengo ninguna inhabilidad. Cuando nos vamos al Acto Legislativo No. 4 del 2019, con esa reforma se manifestó que no se puede ser elegido quien haya sido miembro de Asamblea o Concejo o quien haya hecho parte durante el año inmediatamente anterior de la rama ejecutiva del orden departamental, distrital y municipal. En la actualidad me desempeño como director del trabajo del departamento del Cesar”, indicó Jiménez.
Enseguida, relató que su actual cargo no cumple con el aspecto de inhabilidad territorial.
“Esta prohibición maneja tres tipos de aspectos: una conducta prohibitiva que en este caso sería la rama ejecutiva del orden municipal, departamental o distrital; segundo, un elemento territorial; es decir, que ese cargo pertenezca específicamente a esa jurisdicción; tercero un elemento temporal, que se haya dado un año antes a la elección. Frente a ese escenario deben cumplirse los tres presupuestos. El cargo de asesor del Ministerio de Trabajo se encuentra dentro del nivel directivo pero del orden nacional”, concluyó el ahora contralor.
En ese cruce de argumentos, el diputado José Mario Rodríguez reconoció que existen algunas dudas, “culpa del Congreso de la República al permitir esos vacíos jurídicos”, dudas que llevan a pleitos jurídicos como se prevé que puedan iniciar ante la elección de Edwin Jiménez. “Porque sí y porque no; casi siempre inician litigios jurídicos”, cerró.
POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
[email protected]
Durante la elección de Edwin Jiménez como contralor del Cesar, diputados cuestionaron que este estuviera casado con una ‘prima-hermana’ del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Jiménez señaló que esto no afectará su independencia.
En la mañana de ayer la Asamblea del Cesar eligió como contralor del departamento a Edwin Jiménez para el periodo 2020-2021. Jiménez obtuvo seis votos de nueve posibles, mientras que Carlos Alberto Araméndiz, obtuvo tres votos y Yomaira Bohórquez no sumó.
Aunque se preveía su elección, en algún momento la aparición del fantasma de inhabilidades legales e impedimentos morales puso en duda la mayoría que al final alcanzó.
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Empezando por el tema de los supuestos impedimentos morales, la diputada Claudia Margarita Zuleta señaló que el contralor elegido es esposo de una prima hermana del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, objeto de control.
“Mencionaba en su discurso el reto de lo ético. Estoy de acuerdo en que estamos llamados a hacer una valoración impecable, que cuando vayamos a elegir funcionarios, nosotros tengamos plenas garantías de que su entorno le genera confianza de que puede actuar con total independencia. Doctor Edwin, mi pregunta es: ¿cree usted que estar casado con una prima hermana del gobernador le permite a usted tener la independencia suficiente? ¿Cree usted que nos genere la tranquilidad suficiente de que su entorno no le impedirá ser lo suficientemente independiente en la toma de sus decisiones?”, cuestionó la corporada.
Luego, manifestó que la afinidad con la familia del gobernador es pública: “Es clara la afinidad. En una publicación en redes sociales reciente del año 2019, dice el señor candidato (elegido contralor) a su suegra, que es la tía del señor gobernador (Luis Alberto Monsalvo): ‘Es usted mi segunda madre y le agradezco por eso’. De manera que hay un vínculo de afinidad inocultable. No es una inhabilidad legal pero sí un impedimento moral para actuar con independencia”.
El contralor electo, Edwin Jiménez, exsecretario de Gobierno del Cesar el periodo pasado y excandidato a la Cámara de Representantes por el partido Conservador, está casado con Gina Margarita Daza Gnecco, hija de una tía del gobernador. Al respecto, el contralor electo señaló que en su carrera pública siempre ha trabajado como un profesional.
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“Hago vida pública hace 16 años. En ese curso no he tenido una tacha en mis acciones. Soy un hombre de familia, que eso quede muy claro, pero soy un profesional y toda mi vida he trabajado como tal. Y al igual de los que están aquí, estoy en el inicio de mi vida pública y lo haré de manera intachable porque quiero seguir creciendo”, señaló Jiménez, quien es estudiante de postdoctorado en Ciencia Política.
De los once diputados, dos se declararon impedidos. En primer lugar: el diputado Jorge Barros Gnecco por encontrarse en una causal de impedimento al tener una relación de cuarto grado de consanguinidad con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.
Luego presentó la proposición de impedimento el diputado José Mario Rodríguez. En este caso porque Delwin Jiménez había sido su apoderado en años anteriores.
En favor de Jiménez votaron los diputados Miguel Ángel Gutiérrez, Robinson López, Camilo Lacouture, Jesús Moscote, Nuris Obregón; mientras que los diputados Quintín Quintero, Claudia Margarita Zuleta y Petrona Romero votaron por Carlos Alberto Araméndiz.
Al argumentar su voto, los tres corporados que no votaron por el contralor electo señalaron que estaría inmerso en una presunta inhabilidad al ser delegado del Ministerio del Trabajo en el Cesar.
“El Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto en otros entes territoriales del país en donde ha dicho, que si bien es cierto que el artículo 272 de la Constitución define que hay una restricción de la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal para ejercer el cargo, no es menos cierto que más allá del nivel, es importante dónde se ejerce la función, y en virtud de eso se han tomado sanciones disciplinarias para servidores públicos que han elegido funcionarios en circunstancias similares a las que usted se encuentra”, relató la diputada Claudia Margarita Zuleta, argumento que apoyaron los diputados Quintín Quintero y Petrona Romero.
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Asimismo, respecto a la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la sentencia del Consejo de Estado en la que se anulaba la elección de Omar Contreras como contralor, indicaron que la máxima autoridad actuó bajo el argumento que Contreras se había desempeñado en el cargo de defensor del Pueblo de la regional Cesar antes de ser designado contralor de Valledupar y la Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público, es decir no pertenece a la rama Ejecutiva. En este caso, explicaron, la causal de inhabilidad sería por la causal territorial.
Frente a ese escenario deben cumplirse los tres presupuestos. El cargo de asesor del Ministerio de Trabajo se encuentra dentro del nivel directivo pero del orden nacional.
“Desde el punto de vista jurídico no tengo ninguna inhabilidad. Cuando nos vamos al Acto Legislativo No. 4 del 2019, con esa reforma se manifestó que no se puede ser elegido quien haya sido miembro de Asamblea o Concejo o quien haya hecho parte durante el año inmediatamente anterior de la rama ejecutiva del orden departamental, distrital y municipal. En la actualidad me desempeño como director del trabajo del departamento del Cesar”, indicó Jiménez.
Enseguida, relató que su actual cargo no cumple con el aspecto de inhabilidad territorial.
“Esta prohibición maneja tres tipos de aspectos: una conducta prohibitiva que en este caso sería la rama ejecutiva del orden municipal, departamental o distrital; segundo, un elemento territorial; es decir, que ese cargo pertenezca específicamente a esa jurisdicción; tercero un elemento temporal, que se haya dado un año antes a la elección. Frente a ese escenario deben cumplirse los tres presupuestos. El cargo de asesor del Ministerio de Trabajo se encuentra dentro del nivel directivo pero del orden nacional”, concluyó el ahora contralor.
En ese cruce de argumentos, el diputado José Mario Rodríguez reconoció que existen algunas dudas, “culpa del Congreso de la República al permitir esos vacíos jurídicos”, dudas que llevan a pleitos jurídicos como se prevé que puedan iniciar ante la elección de Edwin Jiménez. “Porque sí y porque no; casi siempre inician litigios jurídicos”, cerró.
POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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